¿A quién castigar en las urnas?

“Cada vez que votamos, decidimos qué  parte de nuestro trabajo permitimos que nos sea confiscada en beneficio de quienes  lo administran y de quienes se sientan

“Cada vez que votamos, decidimos qué  parte de nuestro trabajo permitimos que nos sea confiscada en beneficio de quienes  lo administran y de quienes se sientan  a su lado.”

Con esta preocupante sentencia iniciamos hoy nuestro penúltimo debate político antes de las elecciones. Contemplábamos días atrás, la imagen de un elector con una balanza en la mano, en la que de un brazo cuelgan las expectativas creadas; y, en otro, los resultados de cada partido, para que a la hora de votar fuese tan importante el castigo, como la perspectiva del siguiente en quien confiar. Ahora, a tan solo dos semanas, es crucial la ponderación entre el castigo y la recompensa electoral. Empecemos por juzgar lo que hemos de castigar, para en el último post antes de la cita del 22-M, decidamos a quién votar.

La realidad de España

La hipótesis de castigo en las urnas debería contemplar dos parámetros: el político y el económico. En cuanto al político, podríamos resumir de nuevo las carencias de nuestra Constitución y la servidumbre a la que están siendo sometidas las instituciones, de cara a ocultar la corrupción y favorecerse electoralmente con sus decisiones. De forma práctica, el PSOE habría acordado con ETA el final de su andadura, intentando en última instancia una maniobra que le salve del desastre y la bancarrota. Si no, de nada habrían servido este espinoso camino de la negociación con las escandalosas excarcelaciones y las aprobaciones de listas con candidatos pro-etarras. En pocos días, conoceremos la propuesta por la que el PSOE quiera pasar de villano a héroe y recuperar el crédito perdido ante la sociedad. Nuestra recomendación, sería que nadie se deje engañar, están cubriendo una impresentable acción de gobierno de 8 años, con otra impresentable maniobra electoral, en la que los fines partidistas han atropellado, una vez más, la ética exigible al Estado.

Si esa es la imagen del déficit político, no queda atrás la del déficit económico. El país se ha endeudado en 400.000 millones de euros adicionales durante el periodo de crisis iniciado a mediados de 2007, y la realidad, es que podrían haberse ahorrado casi en su totalidad, de haber actuado sin intereses electoralistas, cortando el gasto de las administraciones y el crédito bancario, desde que fueron denunciados los primeros síntomas, allá por el 2004 -2005. Motivo rotundo, para castigar los intereses del PSOE en la urnas, en primer lugar, y del PP, en segundo, culpable de no cortar el gasto en sus administraciones y de plegarse a la bonanza económica suicida con la que retroalimentaron sus intereses locales y el inservible modelo que nos ha quebrado.

La sensación conjunta de ambas percepciones, política y económica, es que trabajamos para sostener a una clase política y su amplio círculo de allegados, que cada vez requiere un mayor sustento en detrimento del nuestro. La coartada de que sea el coste imprescindible de fabricarnos un bienestar a medida, pasa primero por el suyo y por una oligarquía cercana que se jacta de dominar el 25% del PIB, con cuya posición someten a pymes, autónomos y empleados a unos miserables residuos tras cobrarse ellos primero. Las peores previsiones de la literatura de ciencia ficción, ya nos han alcanzado. Hemos sido brutalmente proletarizados por un sistema que tiene todos los resortes de decisión en sus manos y que solo necesita nuestro manipulado consenso cada 4 años. Ese sistema es ejercido al alimón por PSOE y PP, que han de merecer nuestra repulsa unánime en las urnas.

Las consecuencias

Como consecuencia de ese déficit político y económico, nuestro país se encuentra al borde de la intervención por parte del BCE y del FMI. Si no ha sido ya, es por el elevado riesgo de descubrir la verdad de nuestra situación y tener que afrontar enormes renuncias económicas en el conjunto de los países prestamistas. Es cierto que nuestra Deuda no es alarmante. Lo que es realmente alarmante, es nuestra falta de capacidad de repago, el escasísimo valor añadido de nuestra economía tras la quiebra del sector inmobiliario. No había otro capaz, de transformar 600 €/m2 de materias primas en un valor promedio de 2.400€/m2, cuatro veces lo realmente invertido, que se distribuía generosamente entre promotores, ayuntamientos, bancos y un interminable número de funciones parasitarias en el esquema. Se demostró que ese teórico 10% de peso del ‘ladrillo’ en el PIB, era mucho mayor y que constituía la piedra sillar de nuestro sistema, cuya fractura ha provocado, más allá de la crisis financiera internacional, nuestra forma específica de derrumbe.

Por otra parte el increíble déficit provocado por ayuntamientos y autonomías, el 80% del total Estado, y el desastre operacional de las Cajas, no menos de 50.000 millones a reponer en 2011- y veremos después, si no encontrasen postores extranjeros o si se siguiese deteriorando su activo-, requiere unas sumas de capital aún incalculable. Máxime si las Cajas hubiesen de adjudicarse en España, cuyo  saneamiento, entonces, acabaría siendo del 100%, para no trasladar la potencial insolvencia al comprador, como desgraciadamente experimentamos en similares escenarios bien recientes.

Nadie sabe como reaccionará la economía española ni los mercados internacionales, por lo que la intervención o no, es equiprobable.  La intervención, supondría un ritmo de retorno de la Deuda más acelerado. Lo que se traduciría en unas exigencias de recorte del bienestar mucho mayores, a tenor de lo visto en Portugal, con sus 8 parámetros de restricción. Y muy probablemente en una exigencia de concentración del mapa autonómico y municipal, para hacerlo viable. Solo nosotros creemos que podremos sostener esas macro-administraciones innecesarias con nuestro valor añadido. Hemos de unir a su endeudamiento financiero, facturas impagadas por valor de otros 100.000 millones, ocultas en sus balances, como prueba de la desidia profesional y moral de sus rectores.

Los culpables

Más allá de las ya archiconocidas responsabilidades de la banca internacional y de los entes llamados a controlar la globalización financiera, que no lo hicieron, en España tenemos nuestro ranking encabezado por el eje Gobierno-Banco de España, de estricta culpabilidad en lo sucedido, pasando por banca e instituciones económicas que se plegaron al servicio del poder político. Todas estas responsabilidades apuntan en primer término al PSOE y después hacia PP, por su connivencia y permanente desmayo en su exigible tarea de oposición.

Pensábamos que a esta casta política le habría llegado su hora del sacrificio, a causa de este colosal fracaso en todos los frentes, pero los dioses han determinado que lo más fácil, es que los sacrificados seamos nuevamente nosotros, con una vuelta más de tuerca en nuestras esperanzas. Intervengamos lo que intervengamos, liberalicemos lo que liberalicemos, si no conseguimos romper sus mayorías absolutas con votos por el cambio, nos queda un largo periodo de privaciones y lo que es peor de contemplar su descarada posesión y malversación de nuestros destinos. De lo que les entreguemos en nuestras menguantes bolsas, deducirán lo que necesitan para su ampuloso sustento y el de su corte cercana, y lo que sobre aún lo pellizcarán sus satélites antes de que llegue a nuestras bocas. Ya no hay ideología que nos pueda librar de su omnipresencia y abuso, solo una estrategia de voto acertada y la insumisión de la red, como en tantos otros países sin verdadera democracia, nos hará libres de su pesado yugo. Castiguémosles en las urnas y sepamos identificar esa táctica final. Es nuestra única esperanza cercana.

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