Las mejores series de ficción no están en la TV, sino en los presupuestos autonómicos

Es de sobra conocido que el escenario ideal para la mayoría de los gobernantes es que no ocurra nada. Un país en el que los semáforos se encienden con normalidad cada mañana, y en el que los niños van al colegio sin contratiempos relevantes, se presenta como el colmo de la felicidad. Y llega al paroxismo si, además, se pagan puntualmente las pensiones o los trabajadores cobran puntualmente las nóminas. Al contrario, un país con tensiones sociales -lógicas en un sistema de democracia participativa que no se limita a votar cada cuatro años- se presenta como débil. Inestable.

Esta concepción de la cosa pública explicaría que la sociedad se haya vuelto terriblemente conservadora. Chirrían los cambios económicos, políticos o culturales, como si no fueran inherentes a la evolución social o a la propia condición humana. Hasta el punto de que este comportamiento ajeno al cambio social impide contrastar empíricamente si el semáforo que funciona cada mañana de forma aparentemente normal lo podría hacer de forma más eficiente. O si los colegios no debieran cambiar algunos de sus hábitos en aras de mejorar su funcionamiento y su rendimiento académico. O si el sistema de pensiones cumple realmente con los principios de equidad. O si la estructura salarial de una empresa es la más adecuada.

“Los gobernantes actúan como el padre que pierde el empleo y no se atreve a decírselo a su familia, lo que le obliga a endeudarse para mantener el tren de vida”

Lo ‘normal’, por lo tanto, se asimila al mantenimiento de un determinado orden social que funciona básicamente por inercia, y eso puede explicar mejor que nada un hecho verdaderamente singular. Todo el mundo sabe que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas están al borde la quiebra, pero sus gobernantes siguen actuando como si no pasara nada. Como si los problemas no fueran con ellos. De esta forma, transmiten a los ciudadanos la idea de que todo está bajo control y que, por lo tanto, no hay motivos para alarmarse. Es como el padre que pierde el empleo y no atreve a decírselo a su familia. Y para evitar ese mal trago acude periódicamente al banco (en el caso de las administraciones públicas a los mercados de deuda) para que le sigan financiando su tren de vida. De esta manera, el afectado  elude enfrentarse a la frustración de tener que decir a sus hijos la verdad: que ha sido despedido y está en la ruina.

Con el agua al cuello

Este es el caso de muchas administraciones territoriales que están literalmente con el agua al cuello, pero ninguna se atreve a decir la verdad.  Y como consecuencia de ello, han emprendido una especie de fuga hacia adelante que les obliga a mantener el gasto corriente (el más visible), como si el modelo fuera sostenible en el tiempo.

Se ha llegado al absurdo -caso de Cataluña- que se fía la solución de los problemas a la firma de un acuerdo sobre financiación autonómica, lo cual es absolutamente irreal. En el mejor de los casos se está hablando de un nuevo sistema (lo de ‘nuevo’ es un acto de fe) que tendrá probablemente una dotación presupuestaria de unos 9.000 millones de euros. Es decir, se trata de una cantidad equivalente a lo que el Estado ha destinado a salvar Caja Castilla La Mancha, lo que da idea de su escaso impacto sobre la naturaleza del problema. Con tanta verborrea se ha olvidado que ese dinero apenas representa el 6% de los 146.000 millones de presupuesto inicial que tuvieron las CCCAA en 2006, lo que da idea de su escaso impacto en las cuentas autonómicas. Y de esa cantidad, nada menos que el 78% se destina a financiar gasto corriente, por lo que evidentemente si no se actúa sobre estos capítulos del presupuesto de gasto difícilmente se va a poder  enderezar la situación.

Lo curioso del asunto, sin embargo, es que todo el mundo parece obsesionado por cerrar un acuerdo lo antes posible, pero sin abordar con carácter previo los problemas de fondo que explican las angustias presupuestarias actuales. Tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos. Lo razonable hubiera sido evaluar en qué medida se puede racionalizar -lo que no significa recortar- el gasto público en las partidas más importantes del presupuesto autonómico: nóminas, sanidad o educación. Y es probable que de esa reestructuración del gasto salieran más recursos para las escuelas y hospitales o para pagar la dependencia, eliminando gasto improductivo y superfluo  que actúa a modo de colesterol malo.

Sistema de sospechas mutuas

En su lugar se ha optado por un sistema que hoy se negocia en secreto, y que se basa en  acuerdos  bilaterales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Con el inconveniente de que ninguna región sabe lo que madrid  ha pactado con cada una de las regiones, por lo que se ha generado un sistema de sospechas mutuas. Hasta el extremo de que todo el mundo sabe que Zapatero tendrá que contentar las exigencias de Cataluña o Andalucía –sus principales graneros electorales- con acuerdos bajo cuerda. En el primer caso, a través del cumplimiento de lo que marca el Estatut, y en el segundo mediante la socorrida fórmula de la deuda histórica, una caja de sastre donde cabe todo.

Pero sin abordar, sin embargo, el problema de fondo desde el punto de vista de la recaudación autonómica. La inexistencia de  impuestos propios que vayan sustituyendo progresivamente a los impuestos cedidos, lo que sería un paso de gigante en la corresponsabilidad fiscal. En su lugar,  se ha optado por un sistema clientelar que se basa en la participación de los ingresos del Estado, lo que produce efectos perversos. Cuando se cierre la liquidación del año 2009 se dará la paradoja de que el adelanto a cuenta entregado por el Estado a muchas comunidades autónomas será  superior a lo que en realidad les corresponde, toda vez los ingresos previstos van a ser muy inferiores a lo liquidado.  Es decir, que se va a producir un ajuste negativo, lo que en roman paladino significa que las regiones van a tener que devolver al Gobierno central dinero cobrado de más.

En esta ilusión presupuestaria es la que viven hoy ciertas comunidades autónomas, incapaces de decir la verdad: que el cabeza de familia ha perdido el empleo.