La  histéresis es una propiedad de los metales bien conocida por los físicos. Se suele definir como la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha provocado. El ejemplo más conocido tiene que ver con el hierro, capaz de mantener su magnetismo una vez que el campo magnético que ha suscitado esa propiedad ha sido retirado, por ejemplo, un imán.

No sólo los físicos utilizan este vocablo. Los expertos laborales vienen hablando desde hace muchos años de la histéresis en el mercado de trabajo, que se produce cuando una economía es incapaz de crear empleo aunque cambien las circunstancias económicas que explicaron la destrucción de puestos de trabajo. Eso es, precisamente, lo que ocurrió en España durante los primeros años 90, cuando el mercado de trabajo era insensible al nuevo contexto macroeconómico y seguía comportándose como si la economía continuara en recesión.

Por aquel tiempo, España sólo volvió a crear puestos de trabajo en el segundo trimestre de 1994, cuando el PIB aumentaba ya a un ritmo elevado: nada menos que el 2,6% en términos anuales, una quimera en las circunstancias actuales. En ese trimestre se crearon 98.000 empleos, pero después de haber perdido casi un millón de ocupados, lo que dice muy poco en favor de la economía para salir de la inercia de la recesión. Con razón, muchos expertos decían en aquella época que el mercado de trabajo español estaba ‘enfermo’.

La enfermedad  se curó con reformas laborales y económicas, pero sobre todo con la entrada en euro, que obligó a España a hacer políticas económicas sensatas ajenas al tipo de cambio para ganar competitividad, las célebres devaluaciones. Algo inusual en un país que ha despreciado sistemáticamente el rigor presupuestario, al menos desde que hace un siglo Fernández Villaverde ocupara la cartera de Hacienda.

Pero hete aquí que el Gobierno acaba de presentar una reforma laboral sorprendente. Sorprendente no por su contenido -que también- sino por el hecho de que al no aplicarse de forma inmediata va  tener efectos perversos sobre el empleo. Todo el mundo sabe (y la vicepresidenta económica también) que los agentes económicos se mueven por expectativas, presumiblemente racionales. Y por eso cabe pensar que una reforma laboral diferida en el tiempo conducirá a muchos empresarios a retrasar la posibilidad de nuevas contrataciones. Precisamente porque de esta manera podrán aprovecharse de la nueva legislación, que se supone será más beneficiosa para sus intereses.

Se trata de una distorsión innecesaria que habría podido evitarse si el Gobierno hubiera publicado ya en el Boletín Oficial del Estado -y a modo de terapia de choque- algunos de los temas menos polémicos de la reforma, como es la extensión del contrato de fomento indefinido a toda la población laboral. Las reformas laborales son como las devaluaciones, no se anuncian, y hay que publicarlas cuanto antes en el BOE precisamente para evitar distorsiones. Como por cierto ha hecho Fomento en su pelea con los controladores.

¿Quiere decir esto que hay que gobernar a golpe de decreto? Desde luego que no. La historia ha demostrado que las reformas avaladas por sindicatos y empresarios son más eficaces que las que nacen sin apoyo social. Pero eso no es incompatible con la acción gubernamental.

Una reforma continuista

La falta de premura del Gobierno es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que estamos ante una reforma laboral continuista que no va a resolver el problema de fondo del mercado laboral: la famosa dualidad entre contratos indefinidos y eventuales. El profesor Samuel Bentolila, uno de los mayores expertos laborales de este país, ha hecho una lúcida disección en Nada es Gratis y no estaría de más que alguien se la hiciera llegar al presidente del Gobierno.

¿Y por qué se mantendrá la dualidad en el mercado de trabajo? Básicamente porque la reforma no actúa sobre la jungla de contratos que existe actualmente; lo cual, dicho sea de paso, sólo favorece a quienes pululan en torno al mercado de trabajo y que sólo encarecen el factor trabajo. La actual legislación da carta de naturaleza a nada menos que una veintena de modalidades de contratación que en su inmensa mayoría deberían ser eliminadas, y cuya aplicación inunda los juzgados de lo social por la alta litigiosidad. Provocando, además, unos fraudes de ley que ningún Gobierno está en condiciones de abordar, salvo que corra el riesgo de colapsar los tribunales, y claro está, después de contratar a miles de inspectores de trabajo para acabar con los abusos en el encadenamiento de contratos. Habría que caminar, por lo tanto, hacia un modelo más simple en el que convivan tres únicas modalidades de contratación.

La primera debería englobar a todo tipo de circunstancias laborales incorporando una indemnización creciente en función de los años trabajados. Se trataría de un contrato sin causalidad en su ejecución pero en todo caso garantizando el control judicial cuando la extinción del contrato afecte a derechos fundamentales. La segunda modalidad iría destinada a mantener los actuales derechos adquiridos de los trabajadores con contrato indefinido ordinario, los célebres 45 días. Y la tercera tendría que ver con una regulación específica dirigida a encauzar el empleo de jóvenes con menos de 30 años vinculada a programas de formación y ligado a actividades empresariales. Con el objetivo de que estos colectivos no se conviertan en mano de obra barata simplemente por razones de edad.

El ejemplo holandés

El pensar que el contrato a tiempo parcial es la solución es puro voluntarismo. Este tipo de contratos sólo triunfan en países con un mercado laboral sano -caso de Holanda- en el que hay flexibilidad entre oferta y demanda de empleo, lo que permite que un trabajador permanezca poco tiempo en situación de paro. Y por eso Holanda es el país que mejor ha campeado el temporal del empleo. No es el caso español, donde la inmensa mayoría de los contratos a tiempo parcial se hacen para ahorrar costes, y no porque los trabajadores quieran estar ocupados menos tiempo que la jornada laboral ordinaria. O dicho en otros términos, la mayoría de los empleados quisiera trabajar más horas pero no pueden hacerlo.

Para lograr esa flexibilidad no hay más remedio que legalizar de una vez por todas las agencias privadas de colocación, lo cual permitía reforzar el papel de los servicios públicos de empleo, reorientando sus funciones hasta convertirlos en grandes centros de formación de los trabajadores.

Se echa en falta, igualmente, una actitud más decidida en favor de eliminar el farragoso sistema de bonificaciones que sólo ha servido para rebajar las cuotas sociales por la puerta de atrás, y que no han servido para crear empleo. Desde luego que hubiera sido más eficaz destinar los 10.000 millones de euros largos que se ha gastado este país en los últimos tres años en todo tipo de bonificaciones a rebajar las cuotas de la Seguridad Social, pero de forma general y no de manera arbitraria.

Lo peor que puede hacer este país es una vez más poner paños calientes a la reforma laboral y confiar en que el incremento de la actividad derivado de la normalización económica en Europa -que se producirá- resuelva los problemas. Si se opta por ese camino, el batacazo en la próxima recesión está asegurado.