Camina o revienta: por qué los sindicatos están obligados a cambiar

Sostenía George Sorel que la cuestión social -como se decía antes- es un asunto de naturaleza moral. Ni siquiera económico. Y eso puede explicar que ayer cientos de miles de trabajadores decidieran secundar la huelga general. Muchos lo hicieron en coherencia con su militancia sindical, pero otros muchos -críticos con el actual sindicalismo confederal- lo hicieron por una cuestión ética y no solamente estética o de afiliación sindical.

Pese a ello, buena parte de la opinión pública se ha lanzado a degüello contra los sindicatos. Hasta el extremo que la situación ha derivado en un hecho insólito. Por primera vez, el centro de gravedad de una huelga general se ha desplazado de la Presidencia del Gobierno (que es quien realmente tiene el problema) a las centrales sindicales. El interés informativo no tiene que ver con el desgaste político que haya podido sufrir Zapatero, sino con el descrédito para los sindicatos, incapaces de interrumpir de forma severa el pulso económico del país.

Hay que decir que la estrategia del presidente del Gobierno ha sido eficaz. Al ponerse de perfil, los sindicatos aparecen en el centro del conflicto, lo que alimenta su propia autodestrucción. Los sindicatos hubieran podido frenar esa estrategia sólo si la huelga general hubiera paralizado la actividad económica, pero era absolutamente imposible. Entre otras razones, por el hecho de que la estructura económica desautoriza un modelo sindical que prima el sector industrial frente a los servicios.

Lo razonable sería que las centrales iniciaran un proceso constituyente destinado a crear en el largo plazo un nuevo sindicalismo, lo que probablemente exigiría una gran confederación sindical de carácter unitario

Cuando las dos terceras partes del PIB tienen que ver con el proceso de terciarización de la economía, parece evidente que la existencia de sindicatos volcados a los sectores más maduros –industria y construcción- resulta poco eficaz. Y eso explica, sin lugar a dudas,  que la actividad económica no sufriera ayer grandes trastornos (salvo en los tajos y en las fábricas). La primera lectura de la huelga, por lo tanto, hay que relacionarla con un error de bulto de los sindicatos, poco sensibles a las profundas transformaciones sociales que ha sufrido el país en las últimas décadas. El empleado del sector servicios ha sustituido al industrial, pero el discurso sindical se sigue dirigiendo a los trabajadores manuales. Los nuevos proletarios ya no están en la industria, sino, sobre todo, en los servicios, donde la presencia sindical es menor. En particular entre los sectores profesionales y liberales.

Empleados públicos desactivados

Los sindicatos saben mejor que nadie esta realidad. Pero nuevamente han cometido otro error de bulto. Convocar una huelga en el sector público inmediatamente después de que el Gobierno aprobara el recorte salarial. Aquella huelga fue pobremente seguida, pero lo más importante es que desactivó la posibilidad de que los empleados públicos -casi tres millones- secundaran el 29-S. Los funcionarios no han estado dispuestos (en sectores tan visibles como la educación, la justicia o la sanidad) a perder otro día de salario después de que su huelga no sirviera para nada. Si los sindicatos hubieran unificado ambas convocatorias, es muy probable que el seguimiento hubiera sido mayor. Y lo que es todavía más importante. Hubieran conseguido paralizar muchos servicios públicos, lo que hubiera multiplicado el eco de la huelga.

Hay quien dice que en una convocatoria como esta todos pierden y ninguno gana. Y sin duda que este aserto es imbatible. Pero como se suele decir, unos pierden más que otros. En este caso los sindicatos, obligados a administrar su capacidad de movilización social –que sin duda existe y es elevada- en unos tiempos extraordinariamente cortos. Y el contexto económico no invita, precisamente al optimismo. El margen de maniobra del Gobierno para articular políticas expansivas de gasto público es simplemente nulo. Y lo mismo sucede con la reforma laboral.

Sectores de ultratumba confunden una estrategia equivocada con un ataque frontal al sindicalismo mediante su desligitimación social. Lo cual, dicho sea de paso, roza el más rancio autoritarismo

Se trata de un escenario muy distinto al que se dio en 1988, 1994 y 2002, cuando los respectivos gobiernos tenían capacidad real de gestión. Tras el célebre 14-D, Felipe González amplió a regañadientes la cobertura del desempleo y aceptó la subida automática de las pensiones, pero en esta ocasión no hay margen presupuestario. Claro está, salvo que se quiera echar un pulso a los mercados, lo cual sería un suicidio para un país que necesita financiar en 2011 (incluyendo nuevas emisiones) cerca de 150.000 millones de euros.  La huelga general de 1994 fue realmente gestionada por el PP tras su victoria electoral en un contexto político radicalmente distinto. Y ahí están los acuerdos en materia de pensiones y legislación laboral. Y algo parecido sucedió en 2002, cuando un Aznar que ya pensaba en su marcha rectificó para facilitar la victoria de Rajoy (sin éxito alguno).

Ante este escenario económico, es probable que los sindicatos opten por esperar y ver, que dicen los anglosajones. Pero con un 20% de parados no parece razonable esta estrategia. Sobre todo cuando su  credibilidad está siendo cuestionada por numerosos sectores. Y no sólo por los que vienen de ultratumba y que confunden una estrategia sindical equivocada con un ataque frontal al sindicalismo mediante su desligitimación social.  Lo cual, dicho sea de paso, roza el más rancio autoritarismo.

Parece que lo razonable sería que las centrales iniciaran una especie de proceso constituyente destinado a crear en el largo plazo un nuevo sindicalismo, lo que probablemente exigiría caminar de forma inequívoca hacia una gran confederación sindical de carácter unitario. Algo que redundaría en su autonomía respecto del poder político. También en términos económicos.

Pero no basta sólo eso. Gestionar la capacidad de convocatoria de los sindicatos -que sin duda es alta- exige adaptar la nueva legislación laboral al aparato productivo, y ahí tienen mucho que decir los sindicatos. No se trata de negociar los reglamentos, como quiere Ferraz, sino de lograr que la negociación colectiva articule realmente la nueva legislación laboral, lo que convertiría a la demencial reforma aprobada por el Gobierno es un instrumento para crear empleo.