El caso de la caja asesinadita

Decía Clemenceau que es mucho más fácil hacer la guerra que construir la paz. Y tal vez eso pueda explicar mejor que ninguna otra cosa que este país lleve más de tres años en el diván de las reformas económicas. Más imaginarias que reales. La última, la del sistema financiero, que no sólo llega tarde, sino que se aborda cuando el incendio ha devastado regiones enteras del planeta económico.

 

Ayer, sin embargo, el gobernador Fernández Ordóñez hizo un requiebro histórico. Y en lugar de reconocer que es incomprensible que España sea el único gran país que todavía no ha resuelto los problemas de su sistema financiero, ha optado por pasar al ataque Al menos nominalmente, que diría un economista. Y lo hace, habría que decir, contra sí mismo, ya que el Banco de España ha actuado siempre tarde y a remolque de los acontecimientos.

 

Sostiene ahora el gobernador que lo importante es la anticipación,  pero no estará de más rescatar un informe de Moody´s  fechado en septiembre de 2007 -sí han leído bien- en el que se decía que cinco cajas de ahorros (sin identificar) tendrían dificultades por el pinchazo de la burbuja inmobiliario. La noticia, publicada por este diario, suscitó el consabido desmentido oficial, pero en realidad era una treta para ganar tiempo. 

 

Asegura también ahora el gobernador que noticias como la publicada este lunes por El Mundo, en el sentido de que los inspectores del Banco de España alertaron en 2006 sobre la laxitud del banco central con las cajas más expuestas al ladrillo, es un asunto de “historiadores”. Y siendo generosos con esa interpretación de los hechos, habrá que acercarse más en el tiempo para explicar por qué las autoridades económicas han carecido de credibilidad durante los últimos tres años. Esa misma credibilidad que ahora el gobernador reclama -con razón- como nunca antes lo había hecho.

Sostiene ahora el gobernador que lo importante es la anticipación, pero no estará de más rescatar un informe de Moody´s fechado en septiembre de 2007 en el que se decía que cinco cajas de ahorros (sin identificar) tendrían dificultades por el pinchazo de la burbuja inmobiliario

 

En diciembre pasado, hace apenas un par de meses, el director general de regulación del Banco de España, José María Roldán, convocó a un grupo periodistas un viernes por la tarde para poner en valor la fortaleza del sistema financiero español, por entonces acosado en los mercados financieros por la crisis de la deuda soberana.

 

El cantar de Roldán

 

Decía Roldán que no había razones para tanto alarmismo, e incluso se indignaba con cierto histrionismo cuando alguien le decía que la solvencia del balance de las cajas estaba en entredicho. En particular por la valoración de los activos inmobiliarios. Nada menos que 217.00 millones de euros de exposición al ladrillo. No, no y no, dijo una y otra vez Roldán, aunque sin el tono épico del célebre cantar francés que lleva su apellido.

 

Ayer supimos, por boca del propio gobernador, que ya en diciembre -un mes antes de que Salgado anunciara el último plan de reforzamiento- el Banco de España y el Ministerio de Economía elaboraban una norma que ha sido la que finalmente aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

 

Aparentemente, todo estaba en orden y en su sitio en las cajas españolas, pero al mismo tiempo (y casi a la misma hora) estaba en marcha la mayor reforma de las cajas de ahorros en décadas. No es de extrañar, por lo tanto, que la credibilidad sea un valor que todavía se le supone al Banco de España, aunque es verdad que en los últimos meses ha avanzado en esa dirección.

 

La carencia probablemente  tenga que ver con que casi desde el comienzo de la crisis tanto el regulador como la vicepresidenta Salgado han optado por resolver los problemas de las cajas por la vía del decreto ley en lugar de utilizar instrumentos más contundentes. Y no es que el decreto ley no lo pueda ser. En particular, echando mano de los fondos de garantías de depósitos, que es donde deberían haber parado las entidades no solventes que sólo han podido sobrevivir gracias a las ayudas del Frob, a la compra de activos (algunos de dudosa calidad) o a los avales públicos.

 

En su lugar, las autoridades económicas optaron por la vía de la respiración asistida que sólo ha hecho retrasar el ajuste. Y lo que es peor, esa estrategia ha acabado por contaminar a entidades sanas que han tenido que financiarse en los mercados mayoristas a tipos más altos o deteriorando su margen financiero, lo cual penaliza la concesión de créditos. Dice el gobernador que en España no hay entidades zombies, pero más de una podría protagonizar el thriller de Michael Jackson.  No dan préstamos y salen por las noches en busca de dinero público para ir tirando.

 

Un escenario verdaderamente aterrador que podrían haber sido superado a la luz de la experiencia de la anterior crisis financiera. Hacia finales de la década de los setenta, como se sabe, el sistema financiero español sufrió la peor crisis bancaria de la historia reciente del país. De los 110 bancos que operaban en España a finales de 1977, 51 se vieron afectados por problemas de solvencia entre 1978 y 1983. Inicialmente, como ha dejado escrito Isidro Fainé,  se trató de entidades de menor tamaño; sin embargo, las dificultades acabaron extendiéndose a entidades de dimensiones considerables. Es decir, hubo un efecto contagio.

 

Los diferentes gobiernos tenían dos alternativas: intervenir o no hacerlo. Y optaron por la primera en los casos que fuera necesario. Al contrario que ahora, que se ha optado por hacer una especie de ‘intervención en frío’ que aparentemente es menos quirúrgica, pero que a la larga resulta letal.

 

El Gobierno y el Banco de España han situado a numerosas entidades en una especie de purgatorio. En algo parecido a una tierra de nadie. No están intervenidas formalmente, pero les ha puesto unas condiciones tan exigentes que en realidad su capacidad de maniobra es nula. De facto, no de iure, están intervenidas.

 

La solución, a priori, puede resultar imaginativa pero en realidad sólo alargará un poco más la agonía. Al menos hasta dentro de un año. Poniendo en riesgo, como se ha dicho, al resto del sistema financiero. Las cajas no han sido asesinadas, sin asesinaditas, que diría Mihura.