La peor clase política de la democracia

No es casualidad que el tercer problema de los españoles -tras el desempleo y la crisis económica- sea lo que el CIS agrupa bajo el epígrafe: ‘Políticos en general, los partidos políticos y la política’. Y para demostrarlo basta con leer esta sesión parlamentaria.

Corría el año 2003 y la diputada socialista Pozuelo Meño defendía ante el pleno del Congreso una proposición de ley relativa al sobreendeudamiento de los consumidores. Aquellos tiempos, como se sabe, eran de vino y rosas, pero la parlamentaria Pozuelo, con buen criterio, se atrevió a desmontar esa extraña (e irracional) teoría económica que consiste en asegurar que el precio de los pisos nunca baja, y que, por lo tanto, no había problema alguno en que el crédito fluyera cada año a tasas superiores al 20%. De hecho, hasta el exvicepresidente Álvarez-Cascos (un gran estratega como se ha visto años después) se jactaba de que si el precio de la vivienda se encarecía era porque los españoles tenían dinero suficiente (se le olvidó decir que endeudándose hasta las cejas).

Aquella proposición de ley -sostenía la diputada Pozuelo- pretendía llenar un vacío legal existente en España, y que “deja a su suerte”, decía, “a las personas que, como consecuencia de una situación inesperada y ajena a su voluntad, ven disminuir notablemente sus ingresos y no pueden hacer frente a sus deudas”. En el fondo, ese el principal problema de la España actual, la incapacidad manifiesta de los gobernantes para entender los problemas. Probablemente, como consecuencia de un sistema político endogámico que hace posible, por ejemplo, que Mercedes Rojo, la secretaria de la liberal Aguirre, sea cooptada como consejera de Bankia, y que pasado el tiempo reconozca ante el juez que lo más parecido que ha visto a una cuenta de resultados es una partida de monopoly

Ni que decir tiene que la propuesta fue tumbada (161 votos contra 109) por la mayoría absoluta del Grupo Popular. Y el argumento que dio por entonces el diputado Bueno Fernández, portavoz de su partido en aquel debate, fue el siguiente: “El Grupo Popular se mantiene alerta sobre el fenómeno, indudablemente, y en aquellos ámbitos en los que se aprecia una elevación del riesgo de un endeudamiento superior al prudente, se han adoptado las medidas preventivas pertinentes”. Como se ve, todo un ejercicio de prospectiva económica y de rigor en la acción política. Casi una década después, el problema de los desahucios ha estallado con toda su crueldad.

Lo curioso del caso es que un año después de aquel debate sobre el sobreendeudamiento de las familias, el PSOE ganó inesperadamente las elecciones. Y un tal Rodríguez Zapatero gobernó el país durante siete años. Cualquier bienintencionado pensaría que el Grupo Socialista, tan ágil durante la oposición para identificar los problemas ciudadanos, adoptaría alguna medida. Pero no. Lo que ayer era una “prioridad política” -como reza el diario de sesiones- para “buscar soluciones al problema de endeudamiento alarmante que sufren los consumidores españoles” se metió en el congelador. Y eso que durante la primera legislatura socialista el crédito crecía todavía a ritmos superiores al 15%. Las familias seguían endeudándose al galope, pero era de ‘antipatriotas’ cuestionar el modelo de crecimiento.

Lo que nos pasa

Si no fuera porque estamos ante un asunto extremadamente importante, habría que decir que este país -de la mano de una clase política irresponsable incapaz de mirar más allá de sus propias narices- se ha ganado a pulso lo que le pasa.

La causa de tal despropósito tiene que ver, necesariamente, con una arquitectura institucional pobre, rala y decimonónica que convierte a las dos grandes formaciones en una formidable maquinaria electoral. Pasado ese trance necesario y obligatorio de carácter cuatrienal, los partidos se olvidan de lo prometido, y el resultado no puede ser otra cosa que un escepticismo general sobre lo público, como explican los resultados de la encuesta del CIS. Tocqueville y Stuart Mill ya advirtieron de los peligros derivados de la tiranía del magistrado, que se produce cuando los gobiernos obran a su antojo al margen de la ciudadanía, amparándose en sumas parlamentarias suficientes para aprobar leyes que desoyen el interés ciudadano.

Julián Marías, a la hora de describir el combate de Unamuno contra la erudición, decía que la muerta acumulación de noticias era como contar las cerdas del rabo de la esfinge en lugar de mirarla a los ojos. Y eso es, exactamente, lo que ha hecho este Gobierno a la hora de abordar la cuestión de los desahucios. Fijarse en la espuma de las cosas -en las cerdas del rabo de la esfinge- y no en el fondo de los problemas. Acostumbrado a actuar a destiempo, nunca quiso entender (por pura soberbia debido a su mayoría absoluta) que el aumento de la morosidad necesariamente llevaba aparejado un incremento de los desahucios. Sin duda, atrapado por otra de esas necedades que se manejan en algunos círculos económicos: lo último que deja de pagar una familia es su vivienda.

Este principio podría funcionar -y, de hecho, así ha sido en anteriores periodos recesivos- en una crisis ‘habitual’, consustancial al sistema económico, pero roza la estulticia pensar que con el 25% del paro y con una brutal caída de los salarios en muchos sectores productivos, los hogares tendrían musculatura financiera suficiente para aguantar el envite. Acostumbrado a actuar a destiempo, el Gobierno nunca quiso entender (por pura soberbia debido a su mayoría absoluta) que el aumento de la morosidad necesariamente llevaba aparejado un incremento de los desahucios. Sin duda, atrapado por otra de esas necedades que se manejan en algunos círculos económicos: lo último que deja de pagar una familia es su vivienda

No ha sido así y, como casi siempre, tanto el Gobierno como el PSOE se han quedado sin argumentos. Y lo que es peor, sin credibilidad. La democracia, como suele repetirse hasta la saciedad, es algo más que votar cada cuatro años. Gobierno y oposición lo que hacen ahora es improvisar y poner parches ante el temor a una rebelión social, y en medio de una campaña electoral tan decisiva como la catalana.

Sospechosas reuniones

Lo paradójico del asunto es que cuando los dos partidos reaccionan al unísono -y siempre de forma afectada y un tanto barroca- siempre está detrás alguna modificación legal que implica al sistema financiero, lo cual hace pensar que hay gato encerrado. ¿Por qué los dos grandes partidos nunca se reúnen, por ejemplo, después de publicarse alguna de esas epas catastróficas que revelan la existencia de decenas de miles de nuevos parados cada trimestre? Muy al contrario, lo hacen cuando lo que está en juego es la cuenta de resultados de la banca.

Un mal pensado diría que estamos ante un sistema político podrido, pero es mucho más que eso. Es una incapacidad manifiesta para entender la esencia de la democracia, que no es otra cosa -como se ha puesto de manifiesto el martes pasado en EEUU- que un equilibrio de poderes. De todos los poderes. No sólo entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino también mediante el sano ejercicio de saber escuchar a la ciudadanía que sufre en primera persona los problemas derivados de la crisis económica. Hacer política es saber escuchar. Y entender, por ejemplo, que como el Gobierno no ponga en marcha de forma urgente medidas que eviten la exclusión social, es probable que veamos a este país dentro de poco tiempo desangrándose por las esquinas.

En el fondo, ese el principal problema de la España actual, la incapacidad manifiesta de los gobernantes para entender los problemas. Probablemente, como consecuencia de un sistema político endogámico que hace posible, por ejemplo, que Mercedes Rojo, la secretaria de la liberal Aguirre, sea cooptada como consejera de Bankia, y que pasado el tiempo reconozca ante el juez que lo más parecido que ha visto a una cuenta de resultados es un tablero para jugar al monopoly. O que Ana Botella, sin haber ganado unas elecciones en su vida, ni siquiera a presidenta de su comunidad de propietarios, sea alcaldesa de Madrid. O que una fina especialista del análisis económico, como es Elena Valenciano, negocie en nombre de su partido la reforma de la Ley Hipotecaria. O que se vaya a cerrar un hospital, como el de la Princesa de Madrid, sin escuchar ni a la plantilla ni a cientos de miles de vecinos afectados por la medida del tal Lasquetti, otro lumbreras de la cosa pública. O que el Congreso no haya adoptado ninguna iniciativa propia -sin contar con el dictado del Ejecutivo- para dar soluciones a la crisis económica, lo cual refleja un sistema parlamentario muerto incapaz de entender los problemas reales del país. O que los diputados pierdan sus iPads como si se tratara de bolígrafos BiC…

Algunos lo llaman democracia defectuosa. Y otros, podrida. Probablemente, ambos tengan razón.