Ese peligroso pacto entre el Gobierno y la banca

 

golpe de gracia con una medida no sólo discutible en términos económicos. También de filosofía política. Un Gobierno que se proclama liberal ha acabado por decreto con la competencia entre los bancos para captar pasivo.

Ni que decir tiene que quienes pagarán tan discutible decisión serán los ahorradores, que se enfrentan a rentabilidades negativas por sus inversiones. O lo que es lo mismo, tendrán que perder dinero al suscribir un depósito. Una manera como otra cualquiera de prestarle dinero gratis a la banca a costa de su paupérrima renta disponible. No estamos, desde luego, ante una cantidad menor. Al contrario. Por cada punto que se reduzca la remuneración de los depósitos a plazo -sin contar los que están a la vista- la banca se ahorra algo más de 9.000 millones de euros. Una cantidad que representa casi el triple de lo que ganó la banca privada en los nueve primeros meses de 2012, lo que da idea de la tranferencias de rentas que supone la decisión del Gobierno.

La medida, es cierto, tiene una lógica económica indudable. Cuando lo que se pretende es sanear el balance del sistema financiero con el objetivo de volver a abrir el grifo del crédito, no tiene sentido que las entidades compitan entre sí ofreciendo extratipos que sólo deterioran sus balances. Una especie de círculo vicioso en el que había caído la banca, atrapada en sus propias miserias por culpa del ladrillo. En palabras de un sagaz economista que conoce bien las tripas del sistema financiero, estábamos ante un suicidio de la banca nacional con todas sus consecuencias.

La literatura económica está cargada de ejemplos en los que baja rentabilidad de los depósitos acaba generando problemas adicionales derivados de que los ahorradores tienden a ‘buscarse la vida’ a través de instrumentos de mayor riesgo

Se trata de una verdad a medias. Es obvio que el estrechamiento de márgenes está ahí, pero no es menos cierto que el sistema financiero -en medio de un proceso de concentración desconocido en nuestra reciente historia económica- corre el peligro de convertirse en un oligopolio por ausencia real de competencia. Tres grandes entidades se han quedado con el mercado de dinero. Y de ahí que la decisión del Banco de España sea más que discutible. Entre otras razones porque conlleva  riesgos evidentes. En particular, porque muchos ahorradores tendrán la tentación de desplazarse hacia otros productos financieros de mayor riesgo para obtener más rentabilidad.

De hecho, ese es el argumento que dio el propio De Guindos cuando acabó con las penalizaciones que impuso Salgado hace un par de años, y que sólo sirvieron para que una parte muy importante de los depósitos se fugara  hacia pagarés no protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, sin que muchos ahorradores conocieran este extremo. Un riesgo evidente que había desaparecido.

Un error

Esa absurda decisión, con buen criterio, fue eliminada por el nuevo Gobierno, pero en lugar de aprender de lo ocurrido, lo que se hace ahora es insistir en el error. Pero en lugar de hacerlo con una norma legal clara y precisa, que es lo que se exige en un país democrático, se instrumenta a través de unas espurias  recomendaciones ancladas, según se dice, en el MOU firmado con Bruselas, lo cual es de todo menos razonable.

Sí se quiere hacer, que se haga, pero con unas normas claras. De hecho, ni los propios órganos de gobierno del Banco de España conocen el detalle de esas fantasmagóricas recomendaciones impulsadas por el subgobernador Fernando Restoy, que a medida que pasan los meses se ha hecho con el control del banco a costa del gobernador Linde que se ha dejado comer el terreno, como aseguran fuentes autorizadas.

La literatura económica está cargada de ejemplos en los que baja rentabilidad de los depósitos (anclada en la existencia de mercados escasamente competitivos) acaba generando problemas adicionales –una especie de externalidad negativa- derivados de que los ahorradores tienden a buscarse la vida a través de instrumentos de mayor riesgo.  Y lo que ha sucedido en los últimos tiempos con las participaciones preferentes (o con instrumentos más zafios como los de Forum, Afinsa…) debiera haber servido como experiencia.

Otra cosa muy distinta es que el Gobierno haya visto la oportunidad de canalizar el ahorro privado hacia la deuda pública para obtener una financiación barata. Pero en este caso, igualmente, la economía española se encuentra ante un sinsentido. Si el sector público se come todo el ahorro -ya está expulsando al privado del mercado de crédito para elevar los abultados déficits públicos- sólo conseguirá dificultar un poco más la financiación privada, con todo lo que ello supone en unos momentos en los que el mercado está seco. O casi.

La medida, en todo caso, recuerda a los célebres coeficientes de inversión obligatoria que reinaron en la segunda mitad de los años 70 y primeros ochenta para financiar al Estado, y que sólo sirvieron para disponer de un mercado intervenido -una especie de demanda cautiva- que no primaba la eficiencia en la asignación de recursos, sino el grado de subordinación al propio Estado. Y este es, en último extremo, el principal defecto de la medida, que supone un intervencionismo impropio en unos momentos en los que lo que hay que hacer es fomentar el ahorro, y no penalizarlo. Sólo falta que los tres grandes -antes eran siete- vuelvan a reunirse en torno a un puchero.

Cartelización de la economía

Los riesgos son todavía mayores si se tiene en cuenta que un sistema financiero excesivamente concentrado puede provocar una cartelización de la economía si a la vez no se imponen límites a la actuación de los bancos, en línea con las célebre ley Glass-Steagall, nacida en los años 30 para separar la banca de inversión y la de depósitos para limitar el riesgo.

Es obvio que el estrechamiento de márgenes está ahí, pero no es menos cierto que el sistema financiero corre el peligro de convertirse en un oligopolio por ausencia real de competencia

La derogación gradual de esa normativa -a pachas entre demócratas y republicanos-  está detrás del hundimiento del sistema financiero en EEUU y su contagio en Europa  y de ahí que, ahora más que nunca, sea necesario crear en España unas reglas claras que limiten el marco de actuación de la banca, como de hecho ha sucedido en EEUU o Reino Unido con las últimas reformas del sistema financiero. Hay que imponer la salida de la banca de los grupos industriales.

Si los bancos sistémicos son demasiado grandes para caer -y en España tras el proceso de concentraciones lo van a ser todos- es necesario señalar de manera muy clara sus funciones para evitar que la economía financiera se coma nuevamente a la real.

Esa es, en última instancia, la madre del cordero de los actuales problemas de la economía española, bancarizada hasta la náusea, lo que provoca ineficiencias de todo tipo y la existencia de unos mercados financieros estrechos y arbitrarios. Y en los que el crédito escaso y racionado no va a parar a los mejores proyectos de inversión. El riesgo moral es más que evidente toda vez que la banca no cuenta con ningún incentivo para buscar a los mejores clientes dado que la remuneración de los depósitos está topada por esa fantasmagórica recomendación.

Los bancos, con la nueva regulación, tendrán acceso barato -y casi sin límites- a los fondos del BCE, y podrán especular a su gusto, pero si quienes les prestan el dinero son los particulares, tendrán la protección del Estado. Un disparate.