Alguien dijo que la política no es otra cosa que la gestión de expectativas. O dicho de otra forma: la cosa pública consistiría en decir a los ciudadanos lo que quieren oír y, en consonancia, presentar programas a la carta. Y en esto, la cúpula dirigente de Podemos no tiene rival.

Si antes de las elecciones al parlamento europeo planteaba lisa y llanamente una quita de la deuda pública (muy cerca ya del 100% del PIB), ahora toca hacer un gesto de realpolitik. Aquella propuesta duerme ya en el sueño de los justos y hoy sólo se habla de ‘reestructuración’, una propuesta, por cierto, nada original.

Economistas ‘ortodoxos’ (o de la casta, que diría Iglesias) como Daniel Gros ya lo propusieron hace años para aligerar la carga financiera de familias y empresas, fundamentalmente en países fuertemente endeudados, como Grecia o España. La propuesta es tan razonable que incluso en EEUU existen mecanismos de restructuración de deuda privada –parte de la deuda pública se ha encargado de comprarla la Reserva Federal durante seis años– enormemente flexibles, lo que permitió en los primeros años de la crisis empujar el consumo privado al haberse aligerado la carga financiera. Curioso que el país en que se mira Podemos en este punto sea EEUU.

No menos enjundia tenía aquella propuesta de rebajar la edad de jubilación a los 60 años que aparecía en los primeros documentos de Podemos, y de la que hoy no queda ni rastro. Tampoco se sabe nada de la renta básica universal, que por arte de magia se ha caído del programa pese a que fue uno de los puntos centrales en la campaña de las elecciones europeas. Ahora se habla de extender la red de ayudas públicas a más colectivos. Precisamente, lo mismo que están negociando en estos momentos sindicatos y Gobierno.

Vídeo: Podemos presenta su programa económico "de rescate social"

En contra de lo que suele creerse, la renta básica (sin el carácter de universal) ya existe en España y tiene un carácter de derecho subjetivo (por lo tanto no es arbitraria),  y la conceden las comunidades autónomas (entre 300 y 641,4 euros al mes) y hasta la propia Administración central a través de la llamada Renta Activa de Inserción (426 euros al mes). Tan sólo esta renta la cobran ahora más de 261.300 personas. Sin contar que ya existen instrumentos como la Lismi o las pensiones no contributivas que ya cubren a amplios colectivos vulnerables. Aquí, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol.

Una banca pública

Más llamativa es, sin duda, la idea de rescatar la banca pública. Es decir, convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -que ya tiene ficha bancaria- en una especie de banca pública. Tampoco la idea es nueva. En España ya la hubo durante el franquismo y fue el primer Gobierno socialista, precisamente, quien la liquidó.

El hecho de que un país cuente con una banca pública que conceda créditos no es, desde luego, nada ‘revolucionario’. Muchos países europeos la tienen y no pasa nada. Incluso en EEUU las célebres Fannie Mae y Freddie Mac (quebradas durante la crisis) conceden créditos con la garantía del Estado. Aunque no se conoce todavía en detalle la propuesta de Podemos, la experiencia internacional dice que esas instituciones públicas de crédito funcionan con criterios de mercado (incluso cotizan en mercados organizados). Por lo tanto, no conceden créditos sin ton ni son al margen de criterios de solvencia. Podemos, por el contrario, lo que plantea es que la concesión de créditos sea un derecho subjetivo, lo cual es un terreno ignoto en Europa y en las economías avanzadas. ¿Qué haría Podemos con quienes no pueden -o no quieren- devolver los créditos?

Lo curioso de la propuesta es que plantea que esa banca pública pueda recibir fondos directamente del BCE para financiar al Estado, lo cual está simplemente prohibido porque eso es lo mismo que monetizar deuda, algo ilegal a la luz de los tratados europeos  Y no parece que España esté en condiciones de doblegar a Alemania y su círculo de hierro (Holanda, Austria…) en este punto. Otra cosa es que el BCE compre deuda soberana de acuerdo con un programa preestablecido en el mercado secundario, y esto ya lo va a comenzar a hacer Draghi dentro de pocas semanas. Por lo tanto, tampoco nada original. Desde luego más que la propuesta de un supervisor único europeo que, como todo el mundo sabe, ya funciona tras los stress tests de otoño.

La subida del salario mínimo (que el Gobierno ha congelado), la reducción de la semana laboral a 35 horas o el apoyo a la creación de cooperativas financieras (que ya existen) siguen apareciendo en el programa de Podemos. Lo que no se sabe –al menos en el caso de las 35 horas– es hasta cuándo. Y es que el tacticismo electoral se impone.

Ahora de lo que se trata es de dar imagen de partido ‘serio’, para lo cual se ha fichado a dos profesores ‘ortodoxos’ de la izquierda. Uno, Vicenç Navarro, que suele cuadrar las cifras a martillazos, y otro, Juan Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla, a quien se podría definir como un socialdemócrata clásico (ahora recela de cuando legítimamente asesoró en Venezuela en tiempos de Chávez). En el baúl de los recuerdos quedan los tiempos en que Pablo Iglesias, por entonces un profesional de la TDT party, firmaba manifiestos a favor del decrecimiento o apostaba de forma clara por políticas medioambientales. Hoy el modelo, según dijo ayer Iglesias, es Dinamarca, precisamente el país que paga las pensiones con el IVA, el impuesto más injusto al no tener el carácter de progresivo (pagan más quienes tienen mayor renta).

El hecho de que Podemos reivindique para sí esos planteamientos económicos que ya existen en otros países no es sólo razonable, sino perfectamente legítimo. El problema es que esos países representan ese 'neoliberalismo' que tanto disgusta a sus dirigentes, acostumbrados a llamar 'casta' a quien no piensa como ellos.

No es fácil, de todas formas, interpretar los argumentos económicos de Podemos, entre otras cosas porque ayer, jueves, sólo se entregó a los medios de comunicación una escuálida hoja con el programa económico (hoy se entregará el resto). De esta manera, Pablo Iglesias y sus contertulios –la conferencia de prensa no pasó de ahí al no existir material suficiente para debatir con criterio– evitaron responder a incómodas preguntas. Un ejercicio de transparencia infinito.