Es noticia
El extraño caso del doctor Rato y Mr. Rajoy
  1. España
  2. Mientras Tanto
Carlos Sánchez

Mientras Tanto

Por

El extraño caso del doctor Rato y Mr. Rajoy

Cambio de doctrina. La Agencia Tributaria, que miró para otro lado con la lista Falciani, persigue a Rato por vía penal. Un caso verdaderamente singular. Lo habitual es que prime la recaudación

Foto: Rodrigo Rato. (Ilustración: Raúl Arias)
Rodrigo Rato. (Ilustración: Raúl Arias)

No es fácil encontrar paralelismos en el caso de la detención de Rodrigo Rato. Probablemente, porque no los hay. La doctrina de la Agencia Tributaria siempre ha sido asegurarse el cobro de las deudas fiscales antes de acudir a la vía penal. Y eso explica la escasa presencia de defraudadores en las prisiones españolas (salvo casos de alarma social). Ni siquiera cuando se destapó la lista Falciani Hacienda cambió de criterio.

Como se sabe, la Agencia Tributaria – en tiempos del PSOE en el poder– ofreció margen suficiente para que los defraudadores pusieran al día sus declaraciones de impuestos (con su correspondiente sanción) y aquí paz y después gloria.

Algunos pensarán que es lo razonable y otros crearán que es un disparate. Pero esa es la realidad. Cuando se destapó la célebre lista nadie entró en la cárcel, pese a que se trataba de un imponente proceso de regularización fiscal no sometido al control parlamentario, como sucedió cuando se aprobó la Declaración Tributaria Especial (la amnistía fiscal).

No es el caso de Rodrigo Rato, a quien los agentes de Aduanas –los especialistas de la Agencia Tributaria en materia de blanqueo de capitales y control de cambios– han empitonado a las primeras de cambio sin que por medio haya habido una declaración previa de Rodrigo Rato ante algún órgano jurisdiccional. Sus abogados se enteraron por la prensa de lo que se le venía encima a su cliente.

El caso es todavía más singular si se tiene en cuenta que nada se sabe de los otros 704 contribuyentes –según reveló en su día el propio director de la Agencia Tributaria– que aparecen en el listado que ha enviado Hacienda al Sepblac (dependiente del Ministerio de Economía) para que investigue. El caso Rato, por lo tanto, tiene algo de singular, sobre todo cuando entre los delitos de los que se le acusa (fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales –los dos últimos son conexos–) no aparece el de cohecho, que puede llegar a ser el más grave desde el punto de vista de la tipificación penal. Y, por supuesto, desde la opinión pública.

Si no hay cohecho es que el presunto delito no procede de comisiones ilegales durante las tres décadas en las que Rato ha estado en política. Y si lo que se investiga son los seis millones entregados por Lazard –asunto ya judicializado– no parece razonable pensar que el exvicepresidente no haya tenido tiempo para destruir pruebas o salir corriendo de España. Otra cosa es que se hayan detectado cuentas en el extranjero (por ejemplo, del patrimonio familiar), pero para eso sería necesario habilitar una comisión rogatoria que hoy se desconoce. Jordi Pujol lo admitió y nunca fue detenido.

Lo singular, como sostiene alguien que ha tenido mando en plaza en la Agencia Tributaria y conoce bien el modus operandi de los funcionarios de Hacienda, no acaba ahí. Sorprende que alguien que quiere defraudar al fisco presente el modelo 750 –el de la amnistía fiscal– de manera tan chapucera que con un simple cruce de datos se le puedan identificar irregularidades. Sobre todo cuando al mismo tiempo había que presentar el modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero a efectos simplemente informativos), algo que permite cruzar los datos de una manera sencilla.

Garantizar la impunidad

Lo razonable es que alguien que quiere ocultar su patrimonio en el exterior no se acoja a ningún procedimiento, por muy especial que sea y aunque Hacienda garantice la impunidad.

Rato, soberbio como pocos y siempre convencido de que él es la verdad revelada, entró, sin embargo, en el juego. Probablemente, confiado en que el Gobierno iba a respetar el compromiso tácito del Ministerio de Hacienda –no expresado de manera formal– de que no actuaría contra esos patriotas que ocultan parte de su patrimonio en el extranjero. Sin duda porque en 2012, cuando se presentaron las declaraciones para acogerse a la amnistía fiscal, se hablaba mucho de crisis y de desempleo y poco de corrupción. Algo que puede justificar, incluso, que la presentación de la declaración no interrumpiera los plazos de preinscripción (cuatro o cinco años, según sea la vía penal o administrativa).

Los tiempos, sin embargo, como en la canción de Dylan, han cambiado, y eso explica que si antes la Agencia Tributaria prefería pájaro en mano (recaudar) ahora se mueva con criterios más ejemplarizantes. Sobre todo cuando hay varias elecciones a la vuelta de la esquina.

Hoy, la presión de la calle es mayor, y si Felipe González inspiró intelectualmente la entrada en prisión de Mariano Rubio para demostrar que él y no otro era el paladín en la lucha contra la corrupción, Mariano Rajoy ya tiene su pieza. No porque un presunto defraudador como Rato no se lo merezca, sino porque la Agencia Tributaria ha cambiado de doctrina. Ahora –probablemente con más razón– se es detenido (cámaras incluidas) por no pagar impuestos, pero con una pena adicional de telediario, que diría la vicepresidenta Sáenz de Santamaria.

La decisión de Rato, en todo caso, es todavía más extraña si se tiene en cuenta que Hacienda se guardó una carta en la manga por si acaso.

Un informe elaborado por la dirección general de Tributos en octubre de 2012 dejaba bien claro que, cuando una persona física residente en España (por ejemplo, Rodrigo Rato), tuviera el control o derecho sobre un bien oculto a través de una maraña de entidades –lo habitual es crear una tupida red de sociedades instrumentales en paraísos fiscales para dificultar la investigación– tendría la obligación de presentar la declaración tributaria especial antes del 31 de diciembre de 2013. Es decir, que la regularización significaba desnudarse fiscalmente ante Hacienda si se quería mantener la propiedad de los bienes.

Es probable que las discrepancias entre ambas declaraciones -la Agencia Tributaria no ha aclarado el origen de la investigación pese al revuelo mediático- estén detrás del proceso fiscal a Rato. Al final, el exvicepresidente de Economía y Hacienda no era tan listo. O quiso serlo demasiado.

No es fácil encontrar paralelismos en el caso de la detención de Rodrigo Rato. Probablemente, porque no los hay. La doctrina de la Agencia Tributaria siempre ha sido asegurarse el cobro de las deudas fiscales antes de acudir a la vía penal. Y eso explica la escasa presencia de defraudadores en las prisiones españolas (salvo casos de alarma social). Ni siquiera cuando se destapó la lista Falciani Hacienda cambió de criterio.

Rodrigo Rato Patrimonio Mariano Rajoy Política Ministerio de Hacienda
El redactor recomienda