La ‘sondeocracia’ y el honor perdido de Susana Díaz

Lleva razón Cayo Lara cuando sostiene -con fino análisis de la realidad- que España se está convirtiendo en una ‘sondeocracia’. Detrás del palabro se esconde una evidencia. Pese a que el rigor de la mayoría de las encuestas es cercano al cero -por falta de medios económicos y por la ausencia de antecedentes históricos sobre el comportamiento de los votantes de Podemos y Ciudadanos o de otras fuerzas recién creadas-, el debate político y mediático gira alrededor de los sondeos.

Los periódicos y alguna emisora de radio llenan páginas y páginas y horas de programacióncon presuntos resultados pergeñados simplemente a partir de unos centenares de encuestas telefónicas dirigidas a un vasto territorio (con estructuras socioeconómicas muy distintas) y en el que están llamados a votar casi 35 millones de electores.

El resultado se traduce enuna democracia imperfecta construida a partir de supuestas expectativas electorales a las que se concede un rigor del que carecen, y que en muchos casos parecen estar inspiradas por algunos ejecutivos del Ibex.El problema no hubiera ido a mayores, si no fuera porque, precisamente, esas encuestas determinan y condicionan el voto de forma significativa. Hasta el punto de que el elector (que como el Tribunal Constitucional ha dictaminado es distinto al votante) se siente influido de forma determinante por el resultado de las encuestas. Los propios partidos políticos utilizan sus resultados de forma pueril en beneficio propio. E incluso, llaman al voto útil, como ha hecho recientemente Pedro Sánchez, a la luz de encuestas de dudosa reputación intelectual, lo cual es de aurora boreal.

Los periódicos llenan páginas con presuntos resultados pergeñados simplemente a partir de unos centenares de encuestas telefónicas

Detrás de este comportamiento se encuentra, sin duda, la existencia de una democracia todavía poco consolidada que se deja arrastrar por modas o por tendencias mayoritarias. Algo que explica que, al contrario de lo que sucede en otros países del centro y del norte de Europa, no existan en España partidos medianos o pequeños (salvo IU y ERC) que respondan a un perfil ideológico claro, y que en las democracias parlamentarias cumplen un papel esencial como partidos bisagra. Es decir, partidos vinculados, por ejemplo, al mundo agrario, a las clases profesionales urbanas o al liberalismo en el sentido clásico del término. Por lo tanto, partidos que responden a grupos de presión afines nacidos con el legítimo interés de influir en la cosa pública.

En España, por el contrario, las corrientes del voto se construyen a partir de modas, lo que revela un hecho verdaderamente inusual. La proliferación de amplias mayorías parlamentarias, lo que en principio es incoherente con un sistema electoral que ellegislador constituyente quiso que fuera cercano a la proporcionalidad.

Vientos de cambio

Es sorprendente, en este sentido, que de las 11 elecciones generales celebradas en España desde 1977, en cuatro de ellas el partido ganador obtuviera una clara mayoría absoluta, mientras que en otra -las elecciones celebradas en 1989-le faltó a Felipe González apenas un escaño que fue compensado con la ausencia de los diputados de Herri Batasuna del hemiciclo. Es decir, que casi en la mitad de las elecciones generales ha habido mayorías absolutas, lo que explica la consolidación del bipartidismo.Hay una expresión en castellano que resume bien este fenómeno: ‘Donde va la gente, va Vicente’.

A partir de esta evidencia empírica (las modas políticas) se puede entender la importancia que tienen las encuestas, sobre todo en momentos de transformación como los actuales, en los que el hartazgo de muchos ciudadanos con los partidos mayoritarios hace pensar que el ciclo electoral traerá vientos de cambio.

España debe ser el único país del mundo en el que entre marzo y diciembre se vayan a celebrar cuatro elecciones, algo que contamina la vida política

La realidad de las encuestas no tendría mayor importancia si no fuera porque, incluso, influyen de forma decisiva en la acción de Gobierno. Hasta el punto de que determinadas decisiones -como el adelanto electoral en Andalucía- se adoptan en función de simples expectativas demoscópicas.

No es un asunto baladí. Cualquier adelanto electoral es un fracaso del gobernante de turno y en ocasiones del resto de partidos, y ese escenario necesariamente retrotrae a la época del absolutismo monárquico, cuando el rey disolvía de forma caprichosa el parlamento para cimentar su poder a costa de la soberanía popular.

Es por eso, precisamente, por lo que en los sistemas democráticos la convocatoria de elecciones está ciertamente tasada y sólo caben adelantos electorales en circunstancias excepcionales. De lo contrario, sería como dar una ventaja de salida a quienes detentan el poder respecto de sus adversarios, lo cual es incompatible con el parlamentarismo democrático. Como han puesto de relieve muchos estudios, durante la Monarquía isabelina, tanto los moderados como los progresistas aceptaron que la formación y el cese del Gobierno era una prerrogativa que la Corona -ahora los jefes de Gobierno autonómicos- debía ejercer libremente.

Ya Montesquieu advirtióde ello cuando afirmaba que “una experiencia eterna nos ha enseñado que todo hombre investido de poder abusa de él. No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación”. Y eso es, precisamente, lo que hizo Susana Díaz cuando decidió el adelanto electoral por razones de oportunismo político. No hizo otra cosa que comportarse como un monarca absolutista simplemente por un cálculo electoral basado en las encuestas.

No es, desde luego, la única que ha cometido esa tropelía. El hecho de que en Cataluña se vayan a celebrar este año las terceras elecciones en cinco años revela la fragilidad del sistema político. Y lo que es peor, pone de manifiesto la utilización de un mecanismo extraordinario con fines de supervivencia política. En Galicia o en el País Vasco, en el pasado, han sucedido cosas parecidas.

Así es como, de manera tan torticera, se ha llegado a una situación verdaderamente incomprensible en términos democráticos: el encadenamiento de elecciones, lo cual dificulta por razones obvias la gobernabilidad del país.

España debe ser el único país del mundo en el que entre marzo y diciembre se vayan a celebrar cuatro elecciones (andaluzas, autonómicas y locales, catalanas y generales). Algo que necesariamente contamina la vida política. El tacticismo es tan acendrado y hasta descomunal que, incluso, en algunos partidos las elecciones primarias -en vez de estar tasadas con fechas cerradas para salvar la neutralidad política- se convocan sólo cuando mejor conviene al líder, algo que va contra la propia esencial del sistema de elección de los dirigentes.

Es por eso que no parece desencaminada la idea que circula ya en algunos cenáculos de alcanzar un pacto constitucional entre todos los partidos políticos para evitar el encadenamiento de elecciones. O al menos, hacer algo que se realiza en los países civilizados políticamente, donde se celebran comicios a mitad de mandato, como EEUU, que algo sabe de democracia. Precisamente, como un instrumento de control del Ejecutivo.

¿Alguien cree que el PP hubiera hecho la misma política si en 2013 se hubieran celebrado las elecciones territoriales? ¿Tiene algún sentido bloquear el funcionamiento de las instituciones simplemente por un electoralismo barato? Sólo en los regímenes autoritarios se convocan elecciones para sacar réditos electorales.