'Money, Money Money', la vía a la felicidad de Iglesias y Garzón

Sostenía Woody Allen hace muchos años que los problemas más sencillos de resolver eran los económicos. Al fin y al cabo, decía de forma un tanto cínica, se solucionaban solo con dinero.

Esta es la máxima que inspira el conato de programa electoral de Podemos e Izquierda Unida -apenas 17 páginas-, construido a partir de una idea central: los problemas se resuelven con dinero, como en la canción de ABBA: 'Money, Money, Money'.

La coalición no plantea un nuevo modelo económico o cambios sustanciales en el sistema productivo más allá de algunas consideraciones más ideológicas que reales, sino que echa toneladas y toneladas de euros a la economía para resolver las necesidades de la población. Ya sean las pensiones, la dependencia, el salario mínimo, los costes de despido, la sanidad, la educación, la inversión pública o cualquier espacio privado que no tenga cubiertas sus necesidades. Todo es cuestión de dinero.

En relación a la cuantía del salario mínimo, por ejemplo, la coalición plantea un calendario de incremento que permita alcanzar los 800 euros al mes (655,20 euros en la actualidad) por 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y de 900 euros en 2019.

¿Y a cuánto ascendería la renta mínima garantizada? Pues se aplicaría a una cuantía inicial de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia (se huye del término familia) de un solo miembro, aumentando progresivamente en función del número de individuos (35% adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290 euros. Es decir, los poderes públicos garantizarían hasta un 79,5% del salario medio, según los datos de INE. No parece el mejor incentivo para buscar un empleo o crear una empresa.

¿Y qué pasaría con la educación? Pues más de lo mismo. El objetivo es pasar del 4,6% al 6,2% del PIB al final de la legislatura. Por lo tanto, unos 16.000 millones de euros más de gasto. En sanidad, lo que se proponen es ampliar la cartera de servicios mínimos y eliminar el copago (que se llama repago en la propuesta). Mientras que en el caso de las pensiones, lo que se plantea es revalorizar la pensión mínima de jubilación hasta el equivalente al salario mínimo, o el 110% del SMI en caso de cónyuge a cargo.

Los problemas, como se ve, son y se solucionan con dinero. Y de hecho, se alcanza la gloria cuando en el párrafo sobre la financiación autonómica se proclama, ni más ni menos, que: “La financiación no podrá ser un obstáculo para el desarrollo del marco competencial propio” de cada territorio.

No es fácil oponerse de plano a estos principios. Al fin y al cabo, las necesidades son muchas y las demandas, por ende, son infinitas. Sobre todo después de la crisis, que ha dejado en la estacada a millones de hogares que requieren de las políticas públicas. Pero las restricciones presupuestarias existen salvo que se quiera ahogar el sistema productivo.

El problema, parece obvio, es cómo lograr esos objetivos sin que el dinero -el maldito parné del que hablaba la copla- vaya a caer del cielo. Y lo que se propone es verdaderamente singular. Se pretende elevar en tres puntos los ingresos públicos respecto del PIB -hasta poco más del 41%- al final de legislatura. Sin duda, un objetivo razonable para un país con graves problemas de recaudación (la segunda presión fiscal más baja de la eurozona), pero que choca con la realidad de los hechos. Como es razonable reclamar mayor estabilidad en el empleo o una banca pública especializada en financiar el sistema productivo, pero funcionando con criterios de mercado y no fomentando el clientelismo.

Patrón de crecimiento

Lo cierto es que, después de la brutal subida de impuestos de la pasada legislatura (IVA, IRPF, IBI, especiales…), el Estado solo ha sido capaz de aumentar los ingresos en dos puntos de PIB, lo cual hace poco creíble el planteamiento. A no ser que se cambie el modelo productivo, lo cual, dicho sea de paso, no aparece en el documento.

Los problemas de recaudación de España, de hecho, tienen más que ver con el patrón de crecimiento que con los tipos nominales o la cantidad de deducciones fiscales, como sugieren los autores del programa electoral. Quienes hacen un triple mortal con pirueta lateral cuando además plantean la necesidad de aplicar un tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, ademas de un tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

No estará de más recordar, en este sentido, que España es el país de la eurozona con menor recaudación por IVA, lo cual no se debe, precisamente, a que los tipos nominales sean bajos (todo lo contrario), sino a que los tipos implícitos (la estructura del impuesto) están agujerados, lo que explica los bajos ingresos. Pese a ello, se propone una rebaja para aumentar la recaudación. Ver para creer.

No parece suficiente luchar contra el fraude fiscal -sin duda necesario- para recaudar esos 30.000 millones de euros adicionales que consideran posible los redactores del programa sin hacer una economía más competitiva (y no parece la mejor idea subir los impuestos a las empresas) y de mayor productividad, lo cual no es fácil hacerlo en una legislatura, aunque sea asaltando los cielos piolet en mano. O controlando el BOE creando empresas públicas por decreto.

No es menos llamativo que se reclame una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común con un peso significativo, un mecanismo de transferencia de recursos entre países en función de su situación cíclica, la emisión de eurobonos y un mayor grado de armonización en algunos impuestos, particularmente el de sociedades. Pero, al mismo tiempo, se plantea una política divergente de la que se hace en Europa, que es, precisamente, quien pone el dinero. El BCE paga la fiesta imprimiendo billetes, pero hasta los banqueros de Fráncfort se cansarán algún día.

Ya lo dijo en una ocasión el ministro Schäuble cuando en pleno rifirrafe con Grecia le dijo a Tsipras que si al primer ministro griego le preocupaban sus compatriotas, también a él los suyos. Por lo que reclamar fondos europeos para resolver los problemas nacionales no parece que pueda ser una vía muy pragmática. Sobre todo cuando, al mismo tiempo, se exigen más plazos para lograr los objetivos de déficit o, incluso, se propone derogar el principio de estabilidad presupuestaria incluido de forma atropellada por Zapatero (con la ayuda de Rajoy) en la Constitución en el tormentoso verano de 2011. Y en la UE, ya se sabe, se está a las duras y a las maduras.

Claro está, a no ser que el programa sea un brindis al sol, como pedir de forma airada “conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales”. Ni siquiera la Hacienda de EEUU lo ha conseguido. Iglesias y Garzón, es posible.