Tarjetas 'black': retrato en negro de una época

Paradojas de la vida. Ahora que el país está huérfano de inquilino en La Moncloa, la Audiencia Nacional (sede de San Fernando de Henares) alumbró ayer un auténtico Gobierno de concentración. O de salvación nacional, como se prefiera.

No en vano, las tarjetas 'black' han unido a gentes del PP (Rodrigo Rato o Estanislao Rodríguez-Ponga); PSOE (Virgilio Zapatero, José Acosta o Ramón Espinar), e IU (José Antonio Moral Santín). Pero también al mundo sindical (Rodolfo Benito o José Ricardo Martínez) y empresarial (Gerardo Díaz-Ferrán o Arturo Fernández). Hasta la Casa Real tiene su ministro sin cartera (Rafael Spottorno), lo que refleja claramente que cuando los políticos se unen en torno a un proyecto común —el control de las cajas de ahorros— se actúa en franca camaradería. En línea con lo que sostenía Woody Allen: “Los problemas económicos son los más sencillos de resolver: se solucionan solo con dinero”. Y dinero y prebendas es lo que ofrecían las cajas a todo tipo de instituciones.

Pero más más allá de la golfada que supone disfrutar de tarjetas fiscalmente opacas o entregadas con la discrecionalidad que otorga el uso arbitrario del poder, lo relevante es que el juicio de la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a toda una época de excesos, que fue capaz de crear una nueva aristocracia económica y política al calor de un cóctel explosivo que acabó por estallar. Hasta el extremo de que se llevó por delante una entidad con 310 años de vida.

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Por un lado, dinero barato a través de tipos de interés reales negativos y, por otro, ladrillo a espuertas, convertido en el nuevo objeto de deseo de ayuntamientos y comunidades autónomas con la ayuda inestimable del Gobierno central subvencionando (mediante deducciones) la compra de pisos.

Es en ese ecosistema en el que surgen los nuevos marqueses de Salamanca, pero sin el lustre y la osadía del malagueño. Negando aquello que decía con lucidez Nabokov: “El Estado de derecho quizá no garantiza el paraíso, pero su ausencia, en cambio, garantiza el infierno”. En este caso, el infierno de Bankia, que ha costado más de 20.000 millones de euros a los contribuyentes.

Este periódico publicaba el domingo la delirante paella que se pagó en el Central Park de Nueva York, hace ahora 10 años, uno de los amos del ladrillo, Enrique Bañuelos, poco antes de que pinchara la burbuja. Y que explica por qué, desde la crisis de los tulipanes, en el siglo XVII, el sistema económico —las cajas de ahorros en este caso— alimentan la formación de burbujas para pagar favores creando pactos de sangre entre ladrilleros y financieros. La diferencia estriba en que si el precio desorbitado de algunos activos es difícil de identificar (por ejemplo, cuando se producen cambios tecnológicos intensos), en otras ocasiones están a la vista. Como la que sufrió España en los primeros años del siglo XXI.

El juicio de San Fernando es, en este sentido, un proceso a la baja calidad del sistema institucional y político, cuando los partidos que gobernaban asaltaron literalmente muchas instituciones financieras, mientras el Banco de España miraba hacia otro lado. Aprovechándose de su doble condición de entidades públicas, pero también privadas. Una especie de ley del embudo que les permitía comprar bancos, pero no al revés.

Y como consecuencia de ello, desaparecieron los controles más mínimos sobre el funcionamiento de la inmensa mayoría de las cajas. Los comités de auditoría o el de retribuciones eran, en muchos casos, funcionarios del partido, y en otros simples advenedizos o indocumentados. Una ley de la 'omertá' en toda regla con sueldos estratosféricos para muchos directivos.

Es por eso que se trata, también, de un juicio político, en el mejor sentido de la palabra, y no una mera disquisición jurídica sobre la legalidad de las tarjetas 'black'. Lo que está en juego —al margen del proceso penal—- es la credibilidad del sistema para depurar responsabilidades. Y aunque los juicios nunca deben ser ejemplares, tampoco pueden ser ajenos a la realidad social y política de una época. Sobre todo teniendo en cuenta que los tenedores de las tarjetas no eran simples mortales a los que una entidad colocó un producto tóxico (como las preferentes) sino avezados profesionales que sabían muy bien que las retribuciones (todas) hay que declararlas a Hacienda. O que los fondos públicos hay que administrarlos con lealtad y transparencia.

El propio nombramiento de Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid —en medio de una formidable pelea por el poder en el seno del PP— refleja hasta qué punto el sistema estaba podrido. O al menos ennegrecido por la avaricia de quienes confundían lo público con lo privado. También por la irresponsabilidad de quienes encontraron un formidable juguete para sus aventuras empresariales y, de paso, ganar elecciones.