El pozo del tío Cristóbal: los dos atracos al contribuyente

El Pozo del Tío Raimundo, un barrio de infraviviendas situado en el distrito de Vallecas, fue durante décadas el símbolo de la miseria urbana. Allí malvivían muchos de los emigrantes que llegaban a Madrid para escapar de la pobreza de la España interior. Sólo existía una ley vigente: había que buscarse la vida para salir adelante. Y eso es lo que hizo el primer Gobierno socialista -salvando las distancias- para enderezar las cuentas públicas. Aprobó una amnistía fiscal que el ingenio de algunos economistas del PSOE bautizó como la del Pozo del Tío Raimundo.

No es que se reivindicara el popular barrio de infraviviendas, ni que se destinara el dinero a derribar chabolas, sino que, por el contrario, la expresión hacía mención a Raimundo Ortega, un economista de larga trayectoria que por entonces ejercía de director general del Tesoro, y que, posteriormente, fue nombrado director general del Banco de España.

El pozo de Raimundo Ortega era, ni más ni menos, que un lodazal de dinero opaco al fisco que hoy, 32 años después de la primera amnistía fiscal de la democracia, le sirve de coartada al ministro Montoro -y también al presidente Rajoy- para justificar el indulto a rentas no declaradas, aprobado en 2012. Y que, también por entonces, provocó una fuerte sacudida política, aunque de muy distinto signo.

Paradójicamente, fueron muchos dirigentes socialistas (la vieja Alianza Popular de Fraga naufragaba por entonces) quienes criticaron con dureza aquella amnistía, y siempre se ha relacionado la dimisión de José Víctor Sevilla (exsecretario de Estado de Hacienda y hermano del exministro) como una respuesta política al perdón a los defraudadores. Incluso la marcha de Miguel Boyer del Ministerio -al margen de sus enfrentamientos con Alfonso Guerra- es muy probable que tenga que ver con esa amnistía. Boyer nunca lo reconoció (al menos en público).

Boyer dimitió entre la publicación de la ley que regulaba la fiscalidad de determinados activos financieros (mayo de 1985) y la publicación (octubre de ese año) de aquel Real Decreto -ya con Carlos Solchaga como ministro de Economía y José Borrell como responsable de Hacienda- que ponía el cascabel al gato. Que no era otro que imponer una retención de nada menos que del 45% a 'determinados' activos financieros negros como el betún.

Mercados opacos

El real decreto de la amnistía, de hecho, admitía con una sinceridad hoy impensable que la característica básica de esos activos “se centra en la liberación de las obligaciones de información sobre los sucesivos inversores de tales efectos”. Al menos, se reconocía, que sus titulares (no identificables por la hacienda pública), tendrían la obligación de integrar las rentas generadas en su base imponible.

Aquella amnistía, sin embargo, y en contra de lo que suele creerse, no tenía nada que ver con la que ha tumbado recientemente el Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, porque por entonces ni existía la Agencia Tributaria -era una dirección general la que cobraba los tributos- y ni siquiera existían retenciones para los compradores de activos públicos. De hecho, la propia exposición de motivos admitía que “la ausencia de retenciones a cuenta en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, y la falta de comunicación de datos con trascendencia tributaria a la Hacienda, han contribuido a asentar la opacidad de esos mercados”.

La segunda amnistía que esgrimen ahora Montoro y la bancada del PP, en realidad, nunca existió. Fue la conclusión de la primera. Una especie de salida del laberinto en el que se había metido el Gobierno. Como había mucho dinero sin identificar metido en activos financieros de dudosa moralidad, había que blanquearlo en algún momento, y lo que hizo el Gobierno de González -Borrell seguía siendo jefe de Hacienda- fue aprovechar la nueva ley del del IRPF, de 1991, para dar un trato privilegiado a los taimados suscriptores de aquellos títulos.

Una triquiñuela jurídica

En concreto, lo que se aprobó fue la creación de una deuda pública especial-en esto no ha cambiado mucho la nomenclatura- que se emitía al descuento (o al tirón, como se decía antes), con un rendimiento del 2%, muy por debajo de la rentabilidad de otras emisiones y de la propia inflación. Pero con una triquiñuela jurídica diseñada por los sagaces altos funcionarios de Hacienda.

El vencimiento de esta emisión -que era cuando se cobraban los rendimientos— se fijó en 1997, es decir, seis años después de la emisión de la deuda pública especial, con lo que el suscriptor se libraba de una infracción fiscal -o, incluso, penal- debido a que ya había prescrito el delito (cinco años). Así, de esta manera tan original, se liquidó un problema que venía de 1985, cuando la economía estaba hundida y la promesa de los 800.000 puestos de trabajo dormía en el sueño de los justos.

Lo que no ha cambiado son los argumentos esgrimidos en 1985 y 2012. Y es que, a tenor de lo que se cuenta y se escribe en el BOE, las amnistías siempre se hacen para favorecer a los ciudadanos.

El Gobierno de González esgrimía en aquellos tiempos que las rentas de trabajo declaradas gravadas en el IRPF “no concuerdan con las cifras reales de otro tipo de rentas. entre las que se encuentran las derivadas de capital”. Y para acabar con ello no había más remedio que imponer una elevada retención a cambio de opacidad fiscal. El argumento que se da ahora -dixit Montoro- es que el Gobierno “echó el anzuelo, pero había que poner un cebo" para que los defraudadores picaran. “Sin un cebo mínimamente atractivo”, sostiene el ministro ”no hay ningún éxito, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”. Pues eso. El pozo del tío Raimundo es hoy el pozo del tío Cristóbal.