Independencia de Cataluña: 'La guerre est finie?'

El 30 de junio de 1993, el diario 'El País' publicó una noticia que probablemente pasara inadvertida para la mayoría. Sin embargo, a la luz de lo que ha sucedido en los últimos años, aquella noticia recobra plena actualidad. El suelto se titulaba: “La Crida se disuelve al considerar ocupado su espacio político”. La Crida a la Solidaritat, como se sabe, fue una plataforma independentista nacida en los años 80, y su líder era Jordi Sánchez, ahora abanderado de la insurrección.

El argumento que dio la Crida para disolverse fue que ERC –el viejo partido republicano de Companys, Macià y Tarradellas– había ocupado su espacio político. Era mentira. El fin de la Crida tenía que ver con que Convergència, el partido de Jordi Pujol, era realmente quien había ocupado el territorio nacionalista.

A estas alturas del conflicto de Cataluña, parece ocioso explicar por qué en poco más de dos décadas la cuestión catalana se ha dado la vuelta

Convergència, por entonces, no reclamaba la independencia, aunque estuviera poniendo las bases sociales, institucionales y educativas para conseguirla a medio y largo plazo. En las elecciones al Congreso de junio de 1993, de hecho, CiU obtuvo el 31,82% de los votos (algo más de 1,16 millones de papeletas), mientras que ERC apenas logró una diputada (Pilar Rahola) y el 5,21% del escrutinio (186.784 votos). Era evidente que el independentismo se batía en retirada.

A estas alturas del conflicto, parece ocioso explicar por qué en poco más de dos décadas la cuestión catalana se ha dado la vuelta. Hoy, los partidos independentistas son mayoría en el Parlament, y aunque vayan a perder el actual envite contra el Estado –una declaración unilateral no es suficiente para que la independencia sea efectiva– parece obvio que han logrado ganar algunas batallas políticamente muy significativas.

TE PUEDE INTERESAR

Tensión en la calle, nervios en instituciones y redes sociales: así irrumpió el Rey en el 1-O

Paloma Esteban

De hecho, hay dos piezas políticas de primer orden que ya se han cobrado los independentistas. Una tiene que ver con la internacionalización de la cuestión catalana, que ha entrado de lleno en la agenda europea, y que era un viejo sueño de los nacionalistas, como en su día lo fue –aunque los procesos no son ni remotamente comparables– para ETA. Solo hay que leer la prensa extranjera estos días para llegar a esa conclusión. Algunos de los periódicos y semanarios más influyentes no solo han pedido al Gobierno que negocie, sino que, además, se reclama una consulta. Y en este contexto internacional es difícil que Rajoy pueda seguir ignorando lo que sucede en Cataluña, como ha hecho hasta ahora. Probablemente, esperando una ruptura de la alianza secesionista que no ha llegado (por el momento).

¿La hora del referéndum?

La segunda pieza cobrada por los soberanistas tiene que ver con la idea de que cualquier solución pasa por un referéndum, algo impensable hace pocos meses. Hoy, de hecho, la opción del plebiscito se abre paso entre buena parte de la opinión pública de dentro y de fuera de Cataluña, aunque cosa muy distinta es su naturaleza.

Existen al menos tres variantes. Un referéndum del conjunto de los españoles que pregunte si Cataluña tiene derecho a decidir su futuro –la opción que podría calificarse como Rubio Llorente–, un referéndum puro y duro en Cataluña sobre su independencia (lo que sería claramente inconstitucional) y, por último, un referéndum sobre un nuevo Estatut pactado previamente con el parlamento español, que es la vía constitucional más sensata, y que desembocaría en el reconocimiento de Cataluña como sujeto político, pero únicamente en su ámbito territorial. Como sucede cuando cualquier comunidad renueva su Estatuto de Autonomía.

El problema de Cataluña –y es algo que conocen Puigdemont y sus aliados mejor que nadie– es que una vez más ha llegado tarde a las independencias nacionales en plena era de la globalización, donde los países ceden soberanía a entes supranacionales sobre aspectos fundamentales. Y eso lo saben los líderes del ‘procés’, que hubieran necesitado un nuevo golpe de efecto (¿la detención de Trapero?) para seguir su fuga hacia adelante espoleados por la presión popular. De ahí que muchos de los compañeros de viaje reclamen ahora una pausa táctica –suspender temporalmente la DUI– para consolidar el terreno ganado y reagrupar las fuerzas ante la evidencia de que el actual salto hacia adelante ha tocado techo. No da para más. El viejo dos pasos adelante y uno atrás de las tácticas bolcheviques.

El último clavo ardiendo al que se agarra el Govern es la negociación bilateral de Estado a Estado

Entre otras cosas, porque la inhabilitación del Govern supondría la pérdida de su capacidad negociadora con el Estado, lo cual abocaría al PDeCAT y a ERC (la CUP estaría encantada) a utilizar la calle como único método de presión. Y eso sería lo mismo que romper esa imagen de revolución de terciopelo que los impulsores del referéndum han querido trasladar desde el primer día a la opinión pública española y europea. Algo que explica el interés del Govern por encontrar mediadores capaces de prolongar la aparente correlación de fuerzas dando la impresión de que se trata de una negociación bilateral de Estado a Estado. Este es el último clavo ardiendo al que se agarra la Generalitat, que ha llegado mucho más lejos de lo que nunca hubiera soñado gracias a la inacción del Estado hasta que el agua rebasó los límites tolerables.

Ganar tiempo

La violencia callejera sería el final precipitado de un proceso que –guste o no– ha ensanchado los partidarios de un referéndum pactado con el Estado y dentro de la Constitución, aunque haya que reformarla. Y ese capital político, se piensa ahora, sería un error estratégico tirarlo por la borda, aunque suponga romper con la CUP. De ahí que muchos independentistas prefieran ganar tiempo y así evitar el descabezamiento del movimiento soberanista, que sería lo mismo que entregar el poder a la calle, con todo lo que ello supone. Muchos de los que ahora se consideran independentistas son simples compañeros de viaje que se desengancharán del proceso si ven violencia o si Estado juega sus bazas y propone un nuevo marco de entendimiento que refuerce el autogobierno dentro de la Constitución.

La proclamación de la DUI, que probablemente no se produzca, tendría, en este sentido, un carácter más simbólico que real y, en todo caso, solo serviría para que el Gobierno central se viera en la obligación de convocar elecciones autonómicas que, una vez más, serían realmente plebiscitarias: independencia, sí o no. Un escenario delicado para el independentismo si se movilizan los partidarios de seguir en España.

A Puigdemont, de hecho, comienza a sucederle lo mismo que a Companys, que, cuando subió al balcón de la Generalitat a las ocho y diez minutos del seis de octubre de 1934 para declarar la independencia “dentro de la República Federal Española”, ya sabía que su intentona estaba condenada al fracaso. La República nunca permitiría la secesión de un territorio por las bravas. Y menos en plena ascensión de los totalitarismos durante los años 30.

Es un hecho que la vieja proclama del presidente Wilson en favor de una redefinición de las fronteras –para socavar a los viejos imperios europeos– está liquidada. Aquella arenga de 1918 envalentonó a las colonias y propició múltiples procesos de liberación, pero hoy los estados tienden a protegerse mutuamente y saben que cualquier independencia local sería inmediatamente seguida por otros territorios. No hay lugar para nuevos países. Y mucho menos en Europa, donde las naciones actúan como un club que no admite nuevos socios. Y a Cataluña le han sacado la bola negra.

TE PUEDE INTERESAR

Companys, el presidente de la Generalitat al que Azaña despreciaba y que acabó fusilado

Julio Martín Alarcón

No en vano, la hipotética independencia de Cataluña tiene mucho de anacronismo. Como recordaba recientemente el analista Joshua Keating en ‘The New York Times’, cuando se fundó la ONU, contaba con 51 Estados miembros. Hoy existen 193, pero la creación de nuevos países se ha desacelerado. En lo que va del siglo XXI, solo tres nuevos países se han unido a las Naciones Unidas: Timor Oriental, Montenegro y Sudán del Sur –Suiza se unió finalmente en 2002, pero obviamente no es un nuevo país–. Unos cuantos lugares más, incluyendo Kosovo, Abjasia, Osetia del Sur y Somalilandia son autónomos de facto pero no cuentan con reconocimiento internacional.

Es decir, apostar a la independencia era una derrota segura. Y no solo porque el Estado cuenta con instrumentos muy potentes, sino porque una buena parte de la sociedad civil ha comenzado a movilizarse, lo que estrecha el campo de juego del independentismo. ¿Toca repliegue?