Si es verdad, como dicen los clásicos, que el infierno está empedrado de buenas intenciones, es algo más que probable que Álvaro Nadal, el ministro de Energía, acabe sus días en el averno. Y no porque esté haciendo mal su trabajo. Al contrario. Su obligación es rebajar el recibo de la luz, y en eso está (otra cosa es que lo consiga). Su condena a las tinieblas tiene que ver con que con tanto voluntarismo político, sus buenas intenciones (que sin duda las tiene), ha creado una situación insólita.

En un sector como el eléctrico, en cuyo ADN está la planificación energética para casar oferta y demanda y evitar apagones e ineficiencias, la improvisación se ha convertido en el árbitro del mercado, volátil donde los haya. Hasta el punto de que no hay trimestre en que el ministro de Energía de turno —Nadal o cualquiera de sus predecesores— se saque de la chistera una ley, un decreto ley o una norma de rango inferior destinados a poner patas arriba un sector que si algo necesita es seguridad jurídica. Ya sea a propósito de las centrales nucleares, de las renovables, del carbón, de quién paga el bono social o de la retribución de los costes fijos del gas y la electricidad.

Todo es tan arbitrario y volátil que, como dice un viejo especialista del mundo eléctrico, “estamos en manos del cortoplacismo, y lo que es más importante, de una intervención aberrante en un sector que se dice liberalizado”.

No le falta razón. La paradoja del sector eléctrico es que tiene que encontrar un difícil equilibrio entre planificación energética —que obliga a intervenir a los poderes públicos para garantizar el suministro a precios adecuados y competitivos— y los intereses legítimos del sector privado, cuya dependencia de los mercados financieros es enorme, habida cuenta de que el negocio eléctrico es intensivo en uso de capital. Este delicado equilibrio es, precisamente, el que se quiebra una y otra vez con tanto cambio regulador. Hasta el punto de que el ministro Nadal aparece por la mañana como el paladín de la lucha contra el cambio climático y por la tarde se convierte en el mejor defensor del carbón nacional, uno de los principales causantes del efecto invernadero.

Sin duda, porque la energía quita y da votos, lo que explica que todos los gobiernos, ya desde los lejanos tiempos del marco legal estable (hace 30 años), jueguen con el precio de la luz como si se tratara de un comodín político.

Hemorragia legislativa

Así es como —parche sobre parche— va creciendo un monstruo legislativo que nadie entiende que haría pequeña la biblioteca de Alejandría. Y que es terreno ignoto hasta para los mayores especialistas. Un experto admitía no hace mucho tiempo, en privado, que había escrito varios libros sobre el mercado de la energía y su célebre 'pool', pero que después de tantos esfuerzos no era capaz de entender cómo se elaboraba el recibo de la luz.

La última cruzada de Nadal: cargar más a las eléctricas el coste de cierre de las nucleares

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Busca habilitación legal para que las propietarias de las centrales asuman más responsabilidad técnica y económica de la que tienen en la actualidad en el proceso de clausura de sus plantas

Parece lógico, teniendo en cuenta la hemorragia legislativa que, desde siempre, ha acompañado al sector eléctrico, convertido en un verdadero galimatías regulador, lo que explica los numerosos pleitos que están en los tribunales y que no hacen otra cosa que embarrar el partido para un sector que debería ser transparente en la formación de precios. Y no hay que descartar futuras querellas en caso de que los actuales planes del ministro salgan adelante.

Todo es tan disparatado que el ministro Nadal se ha embarcado ahora en un recorte de la retribución de las eléctricas, una intención sin duda loable que habla bien de Nadal porque no ha sido capturado por el sector. El problema es que todavía no se conoce el informe que están preparando los expertos sobre la transición energética con el objetivo de la descarbonización de la economía, lo cual dice muy poco de la coherencia interna del sistema. Máxime cuando el cambio climático es, precisamente, consecuencia del consumo energético, lo que obliga a tomar decisiones a muy largo plazo para no dañar al crecimiento.

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Los modelos de predicción son claves en la industria eléctrica para la estimación de la demanda y la producción de energía, y del precio de la luz

A eso se le llama política de Estado, pero lo mismo que sucede en el caso de las pensiones o con el pacto educativo, no parece que eso preocupe muchos al Parlamento, enfrascado en batallas estériles. Probablemente, porque nunca ha sido capaz de distinguir el ciclo político —las elecciones— del ciclo energético, que funciona mucho más a largo plazo y está fundado en criterios económicos y científicos.

El propio Nadal lo reconoció ayer en su larga y prolija intervención en el Parlamento, pero su salvación dependerá, precisamente, de que sea capaz de articular una propuesta integral para el sector. El diseño administrativo del Gobierno, desde luego, poco le va a ayudar. El hecho de que la planificación energética —su ministerio— se haya separado del cambio climático —el de la ministra Tejerina— no es más que un sinsentido que para nada ayuda a cumplir con el Acuerdo de París. Menos leyes y mejores, que decían los viejos administrativistas.