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Por qué adelantar las elecciones sería un fracaso de la democracia

La moción de censura es una institución constitucional nacida, precisamente, para garantizar la estabilidad. Y acudir al adelanto electoral no es más que una práctica de otro tiempo

Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)

Cuando el último miércoles, al filo de las nueve de la noche, Mariano Rajoy compareció ante los periodistas para mostrar su satisfacción por la aprobación de la ley de presupuestos de 2018 era, paradójicamente, un hombre abatido. Cuando pocas horas después, en la mañana del jueves, fue entrevistado por Carlos Herrera era ya un cadáver político. Quienes estuvieron cerca del presidente del Gobierno en esa entrevista vieron a un político hundido, sin reflejos. Como si hubiera tirado la toalla.

¿Qué había pasado? Aunque por razones evidentes no hay constancia de ello, existe la convicción de que cuando Rajoy compareció el miércoles en el Congreso tras la aprobación de los presupuestos, ya conocía el contenido de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. Era, por lo tanto, cuestión de esperar unas horas para conocer las consecuencias políticas del mazazo judicial.

De hecho, hay razones para creer que desde el pasado viernes —cuando el PSOE registró la moción de censura— ha comenzado una nueva legislatura. La anterior ha sido enterrada de mala forma sin el duelo debido. Lo que mal empieza, mal acaba, que dice el clásico.

Y como suele suceder en este tipo de circunstancias, tanto Rajoy como Sánchez han comenzado la nueva legislatura sobreactuando. Y no digamos Rivera, al frente de un partido que se ha convertido en una vulgar maquinaria electoral. Exagera, y mucho, el secretario general del Partido Socialista cuando dice que España —sin referirse expresamente a la cuestión catalana— se encuentra "en una crisis constitucional de extrema gravedad"” como consecuencia de la sentencia de la Gurtel; y lo hace también Rajoy cuando amenaza con la llegada del leviatán político y económico si triunfa la moción.

El líder de Ciudadanos, en su delirio por llegar a la Moncloa, ve como única solución convocar elecciones, incluso forzando la Constitución

El líder de Ciudadanos, en su delirio por llegar a la Moncloa, ve como única solución convocar elecciones, incluso forzando la Constitución sacándose de la manga una moción de censura que denomina 'instrumental' que no es otra cosa que otro intento de ponerse de perfil, lo cual es sorprendente cuando su partido, autoproclamado el campeón de la regeneración y de la lucha contra la corrupción, se ha cimentado sobre esos valores.

Confianza y censura

Conviene recordar, sin embargo, que cuando un país utiliza una de las instituciones previstas en la Constitución —la moción de censura— no hace otra cosa que ejercer la democracia. Los constituyentes podrían haber evitado su existencia, pero no lo hicieron. Precisamente, porque la moción de censura forma parte indeleble de los usos del parlamentarismo, entre los cuales se encuentra el control del Gobierno. Y tanto la cuestiòn de confianza como la moción de censura forman parte de esa arquitectura institucional diseñada para evitar el poder absoluto del ejecutivo frente al parlamento.

Es, por lo tanto, una figura central en las democracias modernas que se ha ido perfeccionado a lo largo de los años. En concreto, desde la República de Weimar, cuando los constitucionalistas alemanes, ante la inestabilidad política que generaba el uso y abuso de las mociones de confianza, pusieron en circulación la moción de censura 'constructiva', que es la que, finalmente, llegó a España en 1978.

Carl Schmitt lo explicó de forma impecable: si los comunistas y los nacionalistas alemanes, abiertamente enfrentados, votan a favor de echar a un presidente, es porque en realidad se trata de una mera obstrucción parlamentaria. Es por eso, que se propuso que cada moción de censura necesitara un candidato alternativo capaz de obtener la mayoría absoluta (no una simple mayoría parlamentaria). Básicamente, por introducir racionalidad en los sistemas democráticos frente a la tendencia a derribar gobiernos sin ofrecer una alternativa viable y estable.

España vivió muy recientemente dos procesos electorales (2015 y 2016) y solo la defenestración de Sánchez por su propio partido —después de 315 días de un Gobierno en funciones— hizo posible la reelección de Rajoy.

Una racionalidad con la que se pretendía, precisamente, acabar con una de las prácticas habituales de los parlamentos del periodo de entreguerras: la amenaza de convocar elecciones (una potestad exclusiva del presidente, como con acierto señalaba Rajoy el pasado viernes) si el parlamento no aprobaba las leyes del ejecutivo. Algo que generaba una enorme inestabilidad política.

Como han recordado algunos constitucionalistas, la República de Weimar, en sus quince años de vida, conoció hasta veinte gobiernos, y algo parecido sucedió en Francia, donde en la IV República se sucedieron casi 100 gobiernos durante nueve años. La práctica habitual era acudir a elecciones o presentar mociones destructivas para resolver problemas políticos. Y es por eso por lo que la moción de censura constructiva es, precisamente, un factor de estabilidad frente a la idea de acudir una y otra vez a las urnas, porque al propiciar acuerdos entre los partidos para encontrar un candidato alternativo, evita el adelanto electoral permanente, como bien saben los italianos desde 1945.

Adelantar las elecciones, por lo tanto, es un fracaso de la democracia, algo que entendieron las democracias más avanzadas. También la española. De hecho, la figura de la moción de censura constructiva se incluyó en el artículo 113 de la Constitución sin un gran debate de fondo entre derecha e izquierda sobre su utilidad. Se entendía que era mejor derrocar a un Gobierno colocando de forma automática a otro (el nuevo presidente ni siquiera debe presentarse a un debate de investidura) que acudir a las elecciones como único instrumento de dirimir las controversias políticas.

De hecho, la exigencia de una mayoría absoluta (176 diputados) es una garantía de estabilidad, ya que el número es, incluso, superior al que se requiere para la elección del presidente del Gobierno en segunda votación (mayoría simple).

Escurrir el bulto

Sorprende, por eso, la insistencia de Rivera en convocar elecciones, lo cual, no es ninguna garantía de éxito en la gobernabilidad del país. No es necesario recordar que España vivió muy recientemente dos procesos electorales (2015 y 2016) y solo la defenestración de Sánchez por su propio partido —después de 315 días de un Gobierno en funciones— hizo posible la reelección de Rajoy. Es evidente, por lo tanto, que las elecciones no solucionan nada si no hay compromiso real de los partidos para garantizar la gobernabilidad del país. Lógicamente, salvo que se quiera escurrir el bulto ante la opinión pública.

Foto: Mariano Rajoy recibe a Pedro Sánchez en la Moncloa, el pasado 2 de octubre. (Reuters)

De hecho, no hay razones para pensar que unos nuevos comicios convocados de manera inmediata, otra cosa es pasado un periodo de tiempo prudencial hasta que se configure una nueva mayoría parlamentaria, pudieran resolver la incapacidad de los políticos españoles para pactar.

Máxime cuando todas las encuestas auguran algo parecido a un triple empate, lo cual, lejos de resolver los problemas los enconaría, ya que cuando tres partidos —pura teoría de juegos— se mueven en una horquilla estrecha de votos existen pocos incentivos para acordar a la vista de que el ‘sorpasso’ está a la vista. Por el contrario, los gobiernos de coalición son más factibles —salvo en países como Alemania donde existe una tradición de grandes coaliciones— cuando la diferencia entre el mayor y el menor son significativas, como habitualmente sucede con los gobiernos de coalición.

¿Por qué es posible pactar después de unas elecciones y no ahora? Porque Cs quiere aprovechar la crisis en que ha metido Rajoy a su partido

Otra cosa bien distinta es que a Rivera le interese adelantar las elecciones por legítimas razones electorales, pero eso es distinto a hacer patriotismo constitucional, como le gusta decir. La virtud de las mociones de censura es, precisamente, que se pueden construir nuevas mayorías en torno a programas políticos, y el pacto firmado en su día entre Rivera y Sánchez pueda ser un buen documento de partida siempre que Unidos Podemos deje de hacer filibusterismo parlamentario y sea útil para sus cinco millones de votantes.

Hay una pregunta evidente: ¿Por qué es posible pactar después de unas elecciones y no ahora? Sin duda, porque Cs quiere aprovechar la crisis profunda en que ha metido Rajoy a su partido —camino de una larga travesía en el desierto— por su apatía a la hora de hacer política y, obviamente, por la corrupción heredada en los tiempos de Aznar.

El PSOE, por lo tanto, tiene todo el derecho a presentar una alternativa a Rajoy utilizando una institución constitucional como es la moción de censura, y sería ridículo pensar que si le votan los diputados independentistas o de Bildu está contaminado. ¿O es que, si Sánchez se compromete a convocar elecciones inmediatas, como quiere Rivera, se va a prohibir que voten los independentistas lo que quieran? ¿Valdría entonces la moción censura?

placeholder El expresidente catalán, Carles Puigdemont. (EFE)
El expresidente catalán, Carles Puigdemont. (EFE)

La política de cordones sanitarios (que sufrió injustamente el propio PP) es propia de sistemas democráticos enfermos. Y aceptar esa tesis —amenazando con la llegada de calamidades bíblicas y de una nueva crisis económica— sería lo mismo que anular una de las instituciones básicas de la democracia parlamentaria en lo que corresponde al control del Gobierno.

Cosa distinta sería que el candidato Sánchez se entregara con armas y bagajes a partidos que quieren derogar la Constitución española, pero no parece creíble (al menos por ahora) que el partido más leal al 155 —como ha reconocido Rajoy en sede parlamentaria— se haya convertido de la noche a la mañana en un infiltrado de Puigdemont. Aunque más terrible es que apenas el 0,8% del censo electoral (los 287.014 vascos que votaron al PNV en 2016) vaya a decidir, de nuevo, el futuro de España.

Cuando el último miércoles, al filo de las nueve de la noche, Mariano Rajoy compareció ante los periodistas para mostrar su satisfacción por la aprobación de la ley de presupuestos de 2018 era, paradójicamente, un hombre abatido. Cuando pocas horas después, en la mañana del jueves, fue entrevistado por Carlos Herrera era ya un cadáver político. Quienes estuvieron cerca del presidente del Gobierno en esa entrevista vieron a un político hundido, sin reflejos. Como si hubiera tirado la toalla.

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