Sánchez, Woody Allen y la pregunta capciosa de Josep Pla

Sostenía Woody Allen que los problemas económicos eran los más sencillos de resolver. Al fin y al cabo, decía el vecino más célebre de Brooklyn con sorna, se solucionan solo con dinero.

Todo indica que Pedro Sánchez y los dirigentes socialistas que han elaborado su ‘Propuesta abierta para un programa común progresista’ —la PAPCP— participan de la misma filosofía. La propuesta carga sobre las espaldas del sector público toneladas y toneladas de dinero, pero hay un problema, y no parece irrelevante, en contra de lo que decía el director neoyorquino: apenas aclara de dónde van a salir los recursos necesarios en un contexto de clara ralentización de la actividad económica, como ayer acreditaron los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de agosto.

Probablemente, porque el presidente en funciones sigue sin dar respuesta a la célebre pregunta que se hizo Josep Pla cuando vio asombrado los rascacielos y las luces de neón que brillaban en aquel Nueva York de los años cincuenta: "Y esto, ¿quién lo paga?".

Opinión

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Lo que sí se sabe es que la propuesta promete, entre otras cosas, actualizar las pensiones con el IPC real, aumentar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, implementar un ingreso mínimo vital, culminar la igualdad salarial de policías y guardias civiles con los cuerpos de seguridad autonómicos, equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, matrícula gratuita en el primer año para las jóvenes que se matriculen en carreras donde haya de media menos de un 30% de estudiantes mujeres, aumento del gasto público en educación hasta el 5% del PIB, mejorar el sistema de becas, gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, universalización y gratuidad de la educación infantil para niños y niñas menores de tres años, más vivienda pública, un gran parque de alquiler a costa del erario del Estado, un plan estatal para la rehabilitación de viviendas, aumento del gasto en promoción de la cultura, eliminación de los copagos sanitarios, atención bucodental en los sistemas sanitarios públicos, aumento de la financiación de la dependencia hasta reducir en un 75% la lista de espera, y hasta ayudas para extender el vehículo eléctrico; además de un incremento de la inversión pública en I+D+i con el objetivo de que la inversión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura. Y todo ello, como se ha dicho, en un contexto de clara desaceleración de la actividad económica a causa, fundamentalmente, de cuestiones geoestratégicas (guerra comercial y tecnológica o Brexit) que obviamente están fuera del alcance del Gobierno central.

‘Japonización’

Ayer mismo, Nicolas Mai, gestor de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, advertía a sus clientes de que “con la deuda pública y privada a niveles elevados, una población que envejece rápidamente y evidencias de que las expectativas de inflación están ancladas en niveles deprimidos, creemos que Europa podría ser propensa a un efecto de ‘japonización’, es decir, a un estado de estancamiento de largo plazo”.

Tras la lectura del PAPCP, un castizo diría: "y dos huevos duros", pero lo que está fuera de toda duda es que a estas alturas de siglo presentar un proyecto de gasto público tan ambicioso sin acompañarlo de la correspondiente memoria económica (ingresos y gastos) no es más que un programa electoral —y, como todo el mundo sabe, estos suelen acabar en la papelera—. Máxime cuando el Gobierno que saliera (si hay investidura) tendría una escueta mayoría parlamentaria sujeta a todo tipo de inestabilidades políticas.

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Como eso es tan evidente, la conclusión no lo es menos. En realidad, la propuesta del PSOE no es más que el programa electoral con el que acudirá a las elecciones del 10 de noviembre, pero avalado, al menos eso es lo que dicen en la Moncloa, por los agentes sociales.

El problema vuelve a ser el mismo. Financiar ese ambicioso programa, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre las medidas concretas, exigiría una robustez económica que hoy está fuera del alcance de la economía española, que es probable que entre ya en el primer trimestre del próximo año creciendo ligeramente por debajo del 2%. ¿No recuerda al debate entre Solbes y Pizarro?

Ciclos económicos

El hecho de hacer una política fiscal contracíclica en plena ralentización económica no es, desde luego, cuestionable. Los organismos multilaterales (OCDE, Comisión Europea o el FMI), de hecho, lo suelen aconsejar en este tipo de circunstancia ("ahora todos somos keynesianos", que dijo Nixon).

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El problema es que ese terreno está cegado, habida cuenta del escaso margen de maniobra del que dispone la economía española: déficit estructural próximo al 3% y una deuda pública cercana al 100% del PIB que apenas se ha reconducido, pese a que la economía ha crecido de media en los últimos años por encima del 3%. Y con una tasa de desempleo todavía en el 14% que encarece los costes del seguro de paro en caso de que el ciclo económico se debilite más de lo esperado.

Sin tener en cuenta, además, que los vientos de cola de los tipos de interés cada vez soplan con menos fuerza. Aunque es verdad que el coste de financiación del Tesoro de las nuevas emisiones (0,2%) se sitúa en niveles históricamente bajos, lo cierto es que los grandes ahorros ya se han producido, lo que dificulta el equilibrio fiscal necesario para acometer nuevas inversiones y mayor gasto público.

La propuesta socialista, es verdad, mira hacia la presión fiscal para financiar esos compromisos, pero la realidad es que ni el impuesto a la banca (0,2% de las operaciones de compra de acciones), ni la tasa Google ni la subida de los impuestos medioambientales tienen capacidad de recaudación suficiente para financiar tanto gasto público. Sobre todo, cuando además se propone bajar del 25% al 23% el tipo de sociedades para las empresas que facturen menos de un millón de euros al año, y que son, precisamente, la gran mayoría del país.

Ni siquiera combatiendo con mayor eficacia la lucha contra el fraude fiscal, salvo que se quiera poner patas arriba la compleja estructura social que hace posible el dinero negro, y que ningún Gobierno se ha atrevido a tocar, porque sería lo mismo que socavar el orden social en buena parte del territorio, donde el fraude forma parte del paisaje.