Carpetazo sumarísimo al populismo judicial

Probablemente, y de buena fe, muchos ciudadanos se sientan frustrados por la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 34 acusados por la salida a bolsa de Bankia; pero, antes que nada, conviene recordar que el proceso penal se dirige contra personas, ya sean físicas o jurídicas, pero nunca contra una época o contra la corrupción, en el sentido genérico del término, por muy doloroso que sea.

Conviene no olvidarlo, porque buena parte de la opinión pública ha visto en esta causa un juicio sumarísimo a un periodo de la historia de España, cuestión que no corresponde dilucidar a los jueces, salvo que se trate de tribunales inquisitoriales. De ahí que la sentencia de los tres magistrados de la Audiencia Nacional sea impecable en términos jurídicos, aunque se pueda, lógicamente, discrepar de ella.

Básicamente, por una razón de peso que la propia sentencia repite hasta la saciedad: “Resulta evidente a todas luces que el proceso que culminó con la salida a bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA [autoridad bancaria europea], contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”. Es más, como dicen los magistrados, “la información no financiera contenida en el folleto informativo de la salida a bolsa fue más que suficiente”.

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Lo que ocurrió, por lo tanto, fue un fallo multiorgánico, pero eso es muy distinto a que los acusados tuvieran responsabilidad penal, porque si la hubieran tenido también deberían haber sido juzgados todos y cada uno de quienes participaron de una u otra manera en tan desgraciada salida a bolsa, incluyendo, como dice la sentencia (pág. 315), a firmas “tan importantes” como Lazard, que participó ampliamente en la elaboración del folleto, Deloitte, Uría y Menéndez, Davis Polk Wardwell, etc., además de las entidades coordinadoras: Deustche Bank, JP Morgan, Bank of América, Merryl Linch, UBS, BNP Paribas, Santander y Barclays Bank. No parece creíble, por lo tanto, que hubiera una confabulación general —incluyendo a los 34 acusados— para engañar a los accionistas y lograr así 3.000 millones que se necesitaban para tapar agujeros.

Otra cosa muy distinta es la censura política, y hasta técnica, que merece la operación. Entre otras cosas, porque el Gobierno, y en particular la exministra Salgado, optó por la peor de las tres soluciones que tenía delante, la salida a bolsa, cuando hubiera sido más razonable que el FROB, ante la imposibilidad de encontrar nuevos accionistas, hubiera entrado directamente en el capital de BFA, la matriz de Bankia, lo que hubiera ahorrado miles de millones a los contribuyentes.

La mejor solución

Esa posibilidad, sin embargo, se descartó, sin duda porque la prima de riesgo estaba ya disparada y no había recursos públicos. Pero esa hubiera sido la mejor solución, ya que el coste de la quiebra hubiera sido mucho más elevado para los depositantes. Sin embargo, como sostiene la sentencia de forma un tanto benevolente para el Gobierno de Zapatero, la salida a bolsa “fue percibida como la más adecuada por las autoridades económicas españolas ante la necesidad de una nueva ampliación de capital”.

No será ocioso recordar que esa salida a bolsa, precisamente, se hizo para cumplir con los nuevos requisitos de capitalización exigidos por el plan de gobierno (enero de 2011) para facilitar el acceso de Bankia a los mercados de capitales, y previa presión del Banco de España, como acredita la sentencia, para que se unieran Bancaja y Caja Madrid, algo que Olivas, el presidente de la caja valenciana, no quería.

Otra cosa es que el Gobierno, a través de sus satélites, y muchos empleados y directivos de Bankia prácticamente ‘obligaran’ a muchas empresas y ciudadanos a comprar acciones, lo cual es reprobable en términos comerciales, y, sin duda, una mala y vergonzosa praxis bancaria, pero esa presunta extorsión hay que demostrarla en el ámbito de lo penal. Entre otras cosas, porque el sistema español, como se ha dicho, es de carácter probatorio, y ninguna acusación lo demostró durante el juicio. De hecho, este asunto ha pasado sin pena ni gloria. La propia Bankia pagó sus culpas devolviendo el dinero que habían invertido miles de incautos.

El intento de sentar en el banquillo a una época se puede aceptar en el sentido político o figurado del término. De hecho, se trata casi de una figura periodística, pero tiene sus riesgos, y sus injusticias, que es lo peor cuando se busca, precisamente, justicia. Lo recuerda el propio tribunal cuando lanza duras apreciaciones sobre el comportamiento de las acusaciones populares y particulares, que simplemente se unieron en la fase final a los planteamientos del fiscal sin aportar nada.

El caso Acebes

Y entre sus víctimas está el caso del ministro Ángel Acebes, que fue sentado en el banquillo sin una acusación fundada, lo que le hace decir a los magistrados: “El tribunal no alcanza a comprender de dónde extraen el ministerio fiscal y demás acusaciones adheridas la novedosa existencia de esa coordinación entre este acusado con los miembros de la alta dirección de BFA y Bankia”. Es más, califican su actuación de diabólica, ya que ese propósito defraudador 'consilium fraudis' se planteó en el trámite de conclusiones definitivas, lo que era lo mismo que dejar sin defensa al acusado. Un asunto verdaderamente grave tratándose del fiscal. Algo que explica que el propio tribunal salga en defensa de Acebes “por ser de rigurosa justicia (…) al obedecer a la pura realidad las quejas que reiteradamente vertió” el exministro.

Lo que sí se probó en el juicio es que el Banco de España, a través de la inspección, supervisó y aprobó todos los pasos seguidos para la salida a bolsa. “Todos estos extremos”, recuerda la sentencia, “no han sido desmentidos en momento alguno por las acusaciones ante la contundencia de la profusa prueba documental exhibida reiteradamente y explicada en el acto del plenario”.

Los tribunales, como se ha dicho, no juzgan épocas, por muy tramposas y desgraciadas que hayan sido, sino hechos que pudieran ser punibles penalmente, lo que en nada evita pensar que muchas de las tropelías cometidas vayan a quedar impunes.

Un círculo vicioso

Lo cierto, sin embargo, es que no se estaría hablando del caso Bankia si no hubiera sido por una segunda recesión, que llegó tras los célebres brotes verdes de Salgado, y que se llevó por delante la economía. Fundamentalmente, por la contaminación entre deuda soberana (la prima de riesgo superó los 650 puntos básicos) y el sistema financiero. Un círculo vicioso que se rompió cuando Rajoy pidió el rescate a Europa. Como recuerda la sentencia, página 263, en 2011 se produjo “el mayor error de previsión (…) del que se tiene constancia en tiempos recientes”. Incluso superior al registrado en 2008.

Solo cuando llegó el dinero de Europa, el FROB se hizo dueño de Bankia, pero después de haber utilizado de forma un tanto torticera al FMI para señalar con el dedo acusador a los gestores de Bankia y forzar su salida, como acredita, igualmente, la sentencia. Una jugada en la que el actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, jugó con las cartas marcadas.

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Es probable que lo políticamente correcto sea decir lo contrario, pero hay que recordar, como reitera la sentencia en los hechos probados, que durante los años 2009-2010, Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias y Caja Ávila, las cuatro cajas más importantes, se encontraban sometidas a severos procedimientos de inspección por parte del supervisor, que contaba con técnicos desplazados en las cajas de ahorros, y de manera permanente en Caja Madrid, “con pleno acceso a sus sistemas informáticos, así como a la información y documentación que servía de base a los registros contables”. Se ha acreditado que los inspectores “gozaron de pleno acceso a toda la información que se encontraba disponible, circunstancia que les permitió establecer un juicio sobre las necesidades adicionales de saneamientos de las cuatro referidas cajas”. ¿Estaban también confabulados los inspectores?

Es más, en el folleto de salida a bolsa, se describen hasta 36 riesgos que comienzan con una advertencia de carácter general. Y, en concreto, se deja claro que esos riesgos no eran los únicos a los que el emisor podría hacer frente en el futuro, ya que podría darse el caso de que, posteriormente, “surgieran nuevos riesgos, actualmente desconocidos o considerados irrelevantes”. Es decir, comprar acciones de Bankia era como meter los dedos en un enchufe de alto voltaje. Quien lo permitió es el verdadero culpable.