El Concierto a la vasca y la música desafinada del orfeón catalán

Lo explicaba bien en la mañana de ayer José Antonio Zarzalejos. La diferencia entre el País Vasco y Cataluña es que la primera de ambas regiones no es sistémica, mientras que la segunda sí lo es. Se refería a lo que puede suceder tras las próximas elecciones autonómicas.

Pase lo que pase en Euskadi, gane quien gane, su capacidad de desequilibrar la política nacional es muy limitada, y por eso cuenta con el Concierto, mientras que, por el contrario, lo que ocurra en Cataluña puede producir tensiones mayores. Básicamente, por tres razones. Superficie (Cataluña es más de cuatro veces más grande que el País Vasco), población (más de tres veces) y, por último, peso político en el parlamento nacional: Cataluña contribuye con 48 diputados y el País Vasco con 18, lo que explica la histórica capacidad de presión del Principado en la carrera de San Jerónimo y aledaños ya desde los tiempos de Cambó.

Existe, sin embargo, otro motivo de mucho peso. Precisamente, como consecuencia de las tres razones anteriores. El PIB de Cataluña representa el 19% del total de España (el segundo más alto tras Madrid), mientras que la riqueza generada por Euskadi apenas supone un 5,9%, lo que significa lisa y llanamente que la generalización del modelo que propone el presidente de la Generalitat es, simplemente, inviable.

El sistema autonómico ya está suficientemente maduro para que cualquier ventaja bilateral sea denunciada por el resto de CCAA

Hubiera sido posible, sin embargo, en los debates previos a la Constitución, cuando Adolfo Suárez ofreció a Jordi Pujol –esta versión está contrastada en diversas fuentes, una de ellos Macià Alavedra, su lugarteniente durante al menos dos décadas– un Concierto parecido al del País Vasco que el político nacionalista rechazó porque pensaba que la soberanía fiscal conllevaba un rigor presupuestario que no estaba dispuesto a aceptar. Era más productivo, pensaba entonces Pujol, presionar en el parlamento español cuando aparecieran los desequilibrios fiscales a través de la llamada minoría catalana, que desde entonces se convirtió en un híbrido entre grupo parlamentario y lobby. Galicia, en aquel contexto creativo de una Constitución, al comienzo de la Transición, también hubiera podido acceder por razones históricas a ese modelo de corte confederal.

Fueros y burguesía

El concepto de histórico en el caso de Galicia y Cataluña, al contrario de lo que suele creerse, no hay que vincularlo (salvo en el caso del País Vasco y por eso validó la Constitución su sistema foral) a que el origen de ese derecho tenga carácter medieval, sino a que las tres comunidades fueron las que tuvieron Estatuto de autonomía durante la II República, aunque el gallego nunca se tramitó porque nada más presentarlo Castelao en Cortes estalló la guerra civil. Nunca hay que olvidar que precisamente el prócer de los conservadores españoles, Cánovas del Castillo, fue quien rehabilitó en la ley del 21 de julio de 1876 el Concierto vasco para tranquilizar a la burguesía vizcaína, aunque con la condición de que las tres provincias vascas contribuyeran a los presupuestos públicos “en la proporción que les corresponda”. Así nació el cupo.

El no de Jordi Pujol, con el tiempo, se convirtió (con algunos retoques) en el sí de Artur Mas, pero ya era demasiado tarde

Ese modelo, sin embargo, saltó definitivamente por los aires cuando surgió el célebre café para todos, que significó extender el autogobierno al conjunto del país, y que tiene su origen, precisamente, en el referéndum andaluz, que desbarató cualquier plan de articular dos niveles de autonomía perfectamente diferenciados, aunque lo intentó la Constitución con dos velocidades de acceso a la autonomía. Originalmente, en los debates preconstitucionales, uno para las comunidades históricas, mediante un Concierto a la vasca, y otro para el resto. Se rechazó finalmente la idea, entre otras razones, porque con la suma de Andalucía el sistema de cupos hubiera representado más del 43% del PIB de España, lo que dejaba al resto del país a los pies de los caballos. Es decir, al Estado sin contenido material alguno para hacer política y redistribuir los recursos públicos.

El no de Pujol, con el tiempo, se convirtió (con algunos retoques) en el sí de Artur Mas, pero ya era demasiado tarde porque el sistema autonómico ya estaba suficientemente maduro para que cualquier ventaja bilateral de una región (a cambio de los votos en el Congreso) fuera denunciada por el resto de comunidades autónomas, lo que en la práctica significa que es altamente improbable que este Gobierno o cualquier otro acceda a romper el actual modelo, y no solo por razones constitucionales, sino por el coste político que tendría para el PSOE e, hipotéticamente, para el PP.

Una fórmula intermedia

Otra cosa es buscar una fórmula intermedia que necesariamente tendría una naturaleza federal. Es decir, identificar con precisión las competencias de la Administración central, por un lado, y de las comunidades autónomas, que también son Estado, por otro. Por lo tanto, al contrario que ahora, cuya claridad es manifiestamente mejorable en competencias exclusivas del Estado y de las CCAA, lo que provoca frecuentes recursos de inconstitucionalidad.

Esta fórmula federalizante –extraña en un país donde una parte de la clase política tiene una aversión casi patológica a todo lo que suene a cultura federal– sí permitiría la recaudación total de determinados impuestos o la mayor utilización de los impuestos propios, cuyo papel sigue siendo irrelevante en el conjunto de la recaudación. Madrid, incluso, los ha eliminado de su ordenamiento jurídico, lo que significa que ha puesto límites a su propio autogobierno, al contrario que Cataluña.

Es decir, la propuesta de ERC; aunque pueda parecer lo contrario, va en línea con lo que propuso hace ya años el Cercle d’Economía, el principal lobby de la burguesía catalana, que articuló su aportación a través de dos ideas: una redefinición de la capacidad normativa de las regiones (no sólo para Cataluña), incluyendo la recaudación e inspección, y la mejora de los mecanismos de solidaridad, que es ahora lo que propone ERC. Eso sí, con los maximalismos tan propios de los independentistas catalanes.

El reto, en el sentido contrario, es definir con precisión qué margen se deja a la Administración central para crear su propio espacio fiscal. Es decir, impuestos estatales no compartidos con las comunidades autónomas destinados a financiar las políticas públicas y la redistribución de los recursos. En definitiva, la búsqueda de lugares comunes que sirvan para evitar que la financiación autonómica siga siendo lo más parecido al día de la marmota. Desde luego, una fórmula mejor que el todo o nada, que es lo que sugiere la música desafinada de este peculiar orfeón catalán.