Las cifras que dan miedo y explican el descontento social

Algunas cifras lo dicen todo. Ni siquiera necesitan una explicación. Sólo con leerlas reflejan la crisis de las democracias liberales, atrapadas por la codicia de unas élites que han decidido quedarse con la mayor parte del pastel. Lo escribió hace unos años The Economist con toda crudeza y rotundidad. “El liberalismo creó el mundo moderno, pero este se está volviendo en su contra”. Europa y EEUU, continuaba el semanario británico, “se encuentran en medio de una rebelión popular contra las élites liberales, percibidas como egoístas e incapaces de resolver los problemas de la gente común”.

No era una impresión subjetiva ni caprichosa por parte de la biblia liberal. Estaba avalada con cifras. El 1% de la población ha capturado el 41% de la riqueza generada por el planeta desde que comenzó el siglo. Por el contrario, la mitad más empobrecida de la población posee únicamente el 2% de la riqueza. Las 19 personas más ricas de EEUU son propietarias del 12% de la riqueza del país, cuatro veces más que hace un siglo, cuando otra revolución del capitalismo gracias a la innovación tecnológica vio nacer a las nuevas élites industriales de aquel tiempo: los Ford, los Rockefeller, los Carnegie, los Vanderbilt… Hoy existen tres veces más de milmillonarios en EEUU que en 1987, al comienzo de la actual globalización.

Si la mirada se amplía al conjunto del planeta, el resultado no es muy diferente. El 10% más rico de la población mundial obtiene más ingresos que el 90% restante, mientras que la mitad más pobre capta menos del 10% de la renta global total. La riqueza, no la renta, está igualmente concentrada en unos pocos: el 10% con mayor patrimonio posee tres cuartas partes de la riqueza mundial.

La desigualdad se traduce en poder político a través de diversas fórmulas, como el tráfico de influencias. El caso Epstein es paradigmático

El panorama es aún más devastador cuando el análisis se aleja del 10% superior y se observan cohortes más pequeñas. Tan solo el 0,001% más rico, algo más de 56.000 multimillonarios, controla hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad en su conjunto. Su participación ha crecido de forma constante en el último cuarto de siglo, cuando el descontento emergió, en particular tras la crisis financiera de 2008, con una potencia inusitada. Esas casi 60.000 personas han pasado de representar cerca del 4% de la riqueza global en 1995 a algo más del 6% en la actualidad, lo que pone de relieve la fuerza de la desigualdad. Incluso la crisis climática, que es un desafío de todos, el clima no entiende de fronteras, es profundamente desigual. La mitad más pobre de la población mundial representa solo el 3% de las emisiones de carbono asociadas con la propiedad de capital privado, mientras que el 10% más rico representa el 77% de las emisiones.

La agenda pública

La desigualdad, sin embargo, está fuera del debate político. Desde luego en España, aunque también en otros muchos países. No así en Francia, donde un puñado de economistas, Piketty, Zucman o Emmanuel Saez, junto al Nobel Stiglitz y otros, como el economista serbio Branko Milanović, han situado el fenómeno de la desigualdad extrema en el centro de la agenda pública planteando un nuevo enfoque fiscal. No sólo por su influencia en la economía, sino porque la desigualdad es hoy, probablemente, el principal factor que amenaza a las democracias liberales. No es un problema económico es, sobre todo, político.

La desigualdad, de hecho, se traduce en poder político a través de diferentes fórmulas: tráfico de influencias —el caso Epstein es paradigmático de cómo élites vanidosas y envilecidas pretenden repartirse el mundo—, financiación de campañas electorales a legisladores propensos a corromperse o control de los medios de comunicación tradicionales para hacer desaparecer la crítica. No es simple codicia, como pudo ser en el pasado en los albores del capitalismo industrial, sino que las élites tienen ahora su propia visión del mundo que quieren imponer eliminando la competencia —son oligarquías— y creando nuevos núcleos de influencia más poderosos que los propios gobiernos. Este es el principal cambio que se ha producido en los últimos años. Por primera vez, desde luego con mucha más fuerza que en el primer tercio del siglo XX, las nuevas élites enriquecidas con la globalización están decididas a intervenir en el espacio público en defensa de sus intereses. Ya lo hacen.

En España, sin embargo, desde luego en la refriega parlamentaria —atrapada por la zafiedad—, hay silencio administrativo

Tanto el ascenso de las nuevas élites tecnológicas como el despertar de Asia, no hay que olvidar, son herederos del diseño que se hizo en su día de globalización —sin barreras y sin mecanismos de intervención para evitar sus efectos más adversos— . Ambos factores han operado contra las clases medias, lo que explica buena parte del descontento y provoca lo que muchos han llamado secuestro de la democracia, que ha perdido prestigio respecto de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando sus fundamentos cívicos eran el ideal del comportamiento público.

El precio de la inacción ha sido elevado. Al contrario de lo que se suele pensar, habida cuenta del desinterés de la política sobre los efectos de la desigualdad en la vida de la gente corriente, como sostenía el editorial de The Economist, la desigualdad afecta a la educación, a los salarios, al acceso a la vivienda, a la salud, a la precariedad laboral. Incluso, al envejecimiento en la medida que los bajos ingresos de entrada al mercado laboral —una de las principales razones del descontento entre los jóvenes— influyen en las pensiones futuras. Para más inri, como ha sucedido en el pasado en los momentos de mayor innovación, la revolución digital ha creado nuevas brechas de conocimiento que contribuyen, igualmente, a la desigualdad y a tensionar las relaciones intergeneracionales. Como el propio despliegue del capitalismo financiero sin base industrial en las economías avanzadas, que inexplicablemente decidieron en su día (aunque ahora se entiende el interés de las élites) subcontratar la producción de bienes a países de bajos ingresos sin cobertura alguna.

El resultado es de sobra conocido. España alcanzó su pico de PIB respecto del planeta (su peso económico) en el año 2002, y desde entonces a la baja; EEUU, en 1952 y Alemania lo hizo en 1992. Tres ejemplos que sintetizan bien lo ocurrido.

Las refriegas parlamentarias

En España, sin embargo, desde luego en la refriega parlamentaria —atrapada por la zafiedad y por una agenda descabellada llena de mezquindades—, hay silencio administrativo. Como si las causas de los bajos salarios —en muchos casos los hijos comienzan su andadura laboral con ingresos más bajos en términos reales que sus padres— tuvieran que ver sólo con la productividad o con el patrón de crecimiento de la economía, que también, si no con un reparto desigual de la renta y de la riqueza que ha propiciado un estancamiento de los salarios reales en la mayoría de los países avanzados dando alas al populismo.

Luis Ayala, uno de los principales expertos del país en política de igualdad lo resumía de forma implacable este viernes en un seminario imprescindible organizado por el CSIC: “Es muy difícil corregir las desigualdades sólo con crecimiento económico”. O lo que es lo mismo, no basta con crecer, como ha hecho el mundo desarrollado en las últimas décadas, sino con políticas que actúen sobre la raíz. En particular, sobre la infancia o mediante políticas específicas que actúen sobre los jóvenes cuando entran en el mercado laboral. Entre otros motivos, porque se ha comprobado que los países más desiguales tienen un 70% más de probabilidades de ser políticamente inestables que quienes son menos desiguales.

La economía, al contrario, que lo fue en sus orígenes, ha dejado de ser una ciencia con un fuerte componente moral

En el caso de la vivienda, hay evidencias de que se trata de uno de los factores que más contribuyen al ensanchamiento de la desigualdad. Se puede decir, de hecho, que hoy es la principal causa de una nueva estratificación social en función de dónde se sitúe cada uno: como rentista o como inquilino. Lo mismo sucede respecto de la sanidad en la medida que la degradación de los sistemas públicos, alentada por algunos gobiernos autonómicos, como sucede igualmente con la universidad pública, supone una transferencia de renta de los salarios hacia el capital. El gasto en materias que antes cubría el Estado desangra los presupuestos familiares y deja en evidencia la prestación de servicios públicos favoreciendo la exclusión social. Ni siquiera el Ingreso Mínimo Vital, un buen invento, es hoy un instrumento potente para reducir la desigualdad. Es, apenas, un alivio.

Es posible que, debido a que la izquierda y, por supuesto, los partidos de centro derecha, han priorizado la lucha contra la desigualdad desde la óptica del gasto mediante ayudas sociales, pero no desde los ingresos, salvo algunas medidas muy puntuales. Es probable que debido a que la economía, al contrario, que lo fue en sus orígenes, ha dejado de ser una ciencia con un fuerte componente moral. Por el contrario, ha quedado sometida y subordinada a las relaciones de poder, lo que explica la inexistencia de un verdadero debate sobre el funcionamiento del sistema fiscal, que es una de las causas del ensanchamiento de la desigualdad.

Los ricos no quieren pagar impuestos

La pérdida del carácter moral de la economía la explicaba bien el congresista Ro Khanna en una conversación reciente con el Nobel Paul Krugman. Khanna ganó las últimas elecciones en Silicon Valley, y las empresas allí instaladas cuentan con una capitalización bursátil de unos 18 billones de dólares. Cinco de ellas, en concreto, valen más de un billón de dólares: Apple, Google, Nvidia, Broadcom y Tesla. En su distrito, sin embargo, hay mucha desigualdad que no sólo afecta a los trabajadores con menos recursos, sino también a las clases medias. En el este de San José, decía el congresista, hay gente con una enorme carga del alquiler sobre sus ingresos, otras no tienen acceso a una vivienda asequible y no hay guarderías suficientes ni una atención médica adecuada.

Khanna achaca el desinterés de los milmillonarios por su propio entorno social, aunque ya la mayoría no vive allí y viaje en coches con las lunas tintadas, a la pérdida de conciencia histórica pese a que fue el sector público (financiado con impuestos de los trabajadores) quien puso ingentes cantidades de dinero para levantar Silicon Valley. Desde finales de los años 50, se produjeron inversiones masivas por parte de Darpa, una agencia federal de investigaciones avanzadas en defensa, o de la Fundación Nacional de Ciencias, pionera en la construcción de un sistema de inteligencia artificial. Google, a su vez, fue financiada por el Gobierno federal en sus orígenes a través de la Universidad de Stanford, mientras que otras agencias financiaron proyectos que han situado a EEUU en la vanguardia tecnológica. Ahora lo que algunos llaman mafia de PayPal (Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos o David Sacks) no quieren pagar impuestos. La democracia está en peligro. La polarización no es sólo política, también económica.