Madrid no decide

Acaba de concluir un pleno municipal perpetrado a lo largo de 10 intensas horas, restémosle siete de política espectáculo y nos quedaremos con tres, y dando gracias, de contenido. Estamos al principio de un mandato que se anticipa entretenido a la par que angustioso, asistimos al forzado trajín de afanados políticos en cumplimiento de programas imposibles enfrentados a oposiciones sistémicas, perdón, sistemáticas. Hoy tocaba preguntar, entre otros menesteres, si Madrid decidía realmente o no, a través de un nuevo canal de propuesta ciudadana, interesado en promover la participación de los madrileños.

En ocasiones se nos olvida que la primera de las fórmulas de participación ciudadana ocurre cada cuatro años, recibe el nombre de elecciones. A resultas del respaldo electoral, o de la habilidad para cambiar cromos de la formación pretendiente, surge un Gobierno llamado y elegido para gobernar; cosas de la democracia.

Las reglas no son perfectas, pero son claras. Podemos debatir sobre la representatividad de las personas según donde tengan a bien residir, se puede opinar sobre tal o cual política de pactos, sobre proporcionalidad y filosofía, pero creo que no existe debate en torno a la legitimidad del gobernante, más allá del buen o mal tino de su gobierno. Sospecho que la clave es que, al fin y al cabo, todo el terreno que han ganado las matemáticas en estos asuntos, le ha sido afortunadamente restado a la subjetividad. Es la ventaja de morfologías democráticas frente a opciones más o menos imaginativas.

Recelo del sistema asambleario, por terapéutico que resulte, recelo de su engañosa apariencia de participación, de las infladas expectativas de intervinientes que buscan foro de escucha y a la postre reciben dedazo. Desconfío por principio de la voluntaria o no discrecionalidad del moderador, a la par que compadezco a quien aguarda al otro lado de la mesa presidencial su fugaz momento de gloria.

Dicho esto, hay que reconocer que cuatro años son muchos años, especialmente cuando a la primera de cambio una entiende que se la han dado con queso, y que quienes prometían bajar impuestos les ha faltado tiempo para subirlos y quien garantizaba la sanidad universal no dejaba ser un Ayuntamiento sin competencias en la materia. En definitiva, se me antoja largo el margen de tiempo que se da un Gobierno para volver a preguntar a sus ciudadanos, así que, sin duda alguna, estoy a favor de una promoción activa de la participación ciudadana. Sin embargo, recientes experimentos obligan a reflexionar sobre la idoneidad de las fórmulas empleadas, especialmente si tenemos en cuenta que tenemos entre manos una profundización en nuestro sistema democrático, amparada, nada más y nada menos, que por la Constitución española.

Analicemos, pues, la solvencia de la página que nos ocupa, que promete recibir propuestas y elevar a rango de compromiso político (¿?) aquellas que superen el 2% del censo de la ciudad de Madrid, 53.000 personas, a la postre, el monto asambleario.

En primer lugar, diseccionemos las normas y el moderador. La norma (singular) únicamente excluye propuestas “inapropiadas”. No ha parecido oportuno profundizar en el término iapropiado', más bien al contrario, sospecho que por el sumidero de tal vaguedad se anden colando propuestas de lo menos apropiado, tales como “cobrar un billete más caro a los gordos” (ejemplo real), expulsar latinos pillados en refriegas callejeras, multar palomas incontinentes o reubicar geográficamente a la capital. Observamos pues que la primera de las normas es, cuando menos, laxa. No parece procedente ceñir el debate o la sugerencia al ámbito local, es decir, a aquel sobre el que se tiene competencia y sobre el que finalmente se podría ultimar el propósito de la página; el compromiso político.

Tampoco parece relevante la cualificación profesional o confesional de quien modera, ni la existencia de un control o criterio al respecto, ya que no parece preocupar el corte político de quien pueda injerir, frenar o propiciar debates según su credo político. Pero tal cosa tampoco importa mucho, por cuanto los proponentes, a quienes no parece se tenga mucho interés en autentificar, tampoco verán respondida su propuesta, salvo que alcance el 2% del monto asambleario. Esto no supondría ningún problema, si no fuera porque la ley, y más concretamente el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, obliga a ello.

He de reconocerles que lo inmaduro del proyecto propone más dudas de las que despeja: ¿qué ocurre con las propuestas que obtengan un 2% de apoyo pero un porcentaje superior de NOES, por ejemplo, un 98% de NOES?, ¿o es que los NOES no se tienen en cuenta?, y en tal caso, ¿por qué existen?. ¿Qué ocurriría si una propuesta ganadora desafiase un acuerdo plenario?, ¿la subordinarían?, es más ¿pondría en marcha el equipo de gobierno una iniciativa contraria a su programa?

Lo cierto es que no estaría obligado, no en vano el artículo 69 de la Ley de Bases del Régimen Local apunta, con alguna razón, que los “procedimientos de participación que las corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos representativos regulados por ley." Pareciera que el legislador tuviese claro que la primera participación ha de ser la política, aquella refrendada por los votantes en las urnas, a la que quedarán subordinados el resto de los planteamientos. Pareciera que los poco perfeccionados mecanismos de este instrumento pudieran servir en bandeja la excusa perfecta para un Gobierno sordo, lo que me lleva a concluir que, o se realiza un sincero ejercicio de depuración, o mucho me temo que habrá que lidiar con las infladas expectativas de nuestros proponentes, a los que resultará complicado explicarles que simplemente disfrutaban su momento de gloria en una página en construcción.