¿Qué reforma constitucional?

Cualquiera que estudie la historia de las constituciones en España llega a la conclusión de que la actual de 1978 es la que mejor ha recogido el sentir de la Nación Española, la que mejor ha garantizado los derechos y libertades de los españoles y la que mejor ha reconocido la pluralidad de los pueblos y de las regiones de España. Sin la menor duda.

La clave de ese éxito estriba, sin duda, en la actitud de los constituyentes, los diputados (y diputadas, ¡claro!) elegidos en junio de 1977. Conscientes de los errores cometidos por todos los que habían elaborado textos constitucionales, desde los beneméritos de Cádiz a los de la II República, los constituyentes del 78 huyeron de todo sectarismo, buscaron lo que nos une a todos los españoles y redactaron una Constitución en la que todos -o la inmensa mayoría, como demostró el referendo constitucional- pudiéramos estar a gusto. Para que todos estuviéramos a gusto fue necesario que nadie se encontrara completamente a gusto. Esa es la grandeza de la Constitución del 78, que a nadie le gusta del todo pero que a todos nos permite vivir en libertad bajo un Imperio de la Ley, plenamente aceptado por todos.

La elaboración de la Constitución fue un auténtico encaje de bolillos porque había que encontrar ese consenso y ese acuerdo en todos los títulos y en todos los artículos. Y, al mismo tiempo, fue una exhibición de generosidad por parte de todos los políticos, que cedieron en algunos puntos que, hasta ese momento, consideraban innegociables.

La elaboración de la Constitución fue una exhibición de generosidad de todos los políticos, que cedieron en algunos puntos que consideraban innegociables

Después, los técnicos en Derecho Constitucional le han encontrado faltas y carencias al texto del 78. Pueden tener razón los que critican su letra. Pero lo que nadie se atreverá a criticar a nuestra Constitución es su espíritu, esa voluntad de hallar el punto de encuentro de todos los españoles a cambio de renunciar a objetivos particulares.

Los republicanos de toda la vida aceptaron la Monarquía Constitucional. Los más confesionales aceptaron la no confesionalidad, como también hicieron los más laicistas. Los más liberales aceptaron el Estado social, de la misma forma que los más estatalistas aceptaron la economía libre de mercado. Y los más centralistas (de izquierdas y de derechas) aceptaron un Estado descentralizado.

En definitiva, nadie se salió con la suya para lograr que todos tuviéramos la mejor Constitución posible.

En estos 37 años es verdad que, al aplicar la Constitución, han ido apareciendo cosas que no les gustan a algunos. Sobre todo, las que se refieren a la Organización Territorial del Estado.

Los constituyentes del 78 intentaron cuadrar un difícil círculo. Porque quisieron crear un marco en el que estuvieran a gusto los partidarios de un Estado centralista y unitario (como los jacobinos en la Francia revolucionaria) y todos esos españoles (vascos y catalanes, sobre todo) que, desde fines del siglo XIX, aspiraban a un reconocimiento especial de sus singularidades.

Los constituyentes idearon el Estado Autonómico y para ello llegaron hasta inventar una palabra nueva en derecho constitucional, 'nacionalidades'

Ya la II República lo había intentado y había dado un primer paso con el Estatuto de Cataluña de 1932. Pero la práctica demostró que el problema tenía difícil solución, y no hay más que recordar cómo en 1934 Companys proclamó el Estado catalán en una acto de frontal rebeldía contra la República.

Los constituyentes, en su afán por cuadrar este difícil círculo, idearon el Estado autonómico, y para ello hasta llegaron a inventar una palabra nueva en Derecho Constitucional, 'nacionalidades', que figura ya en el artículo 2, en el que a estas nacionalidades se les garantiza el derecho a la autonomía. En ese mismo artículo se pretendía distinguir a estas nacionalidades de las regiones. Es evidente que en el espíritu de los constituyentes estaba distinguir la autonomía a la que tenían derecho las nacionalidades de la autonomía de las regiones.

También sabemos que el término se inventó para satisfacer las reivindicaciones de las regiones que, en la II República, tuvieron estatutos -o proyectos de estatuto- de autonomía: Cataluña, País Vasco y Galicia.

La generosidad de la Constitución para dar cabida a las reivindicaciones territoriales también la encontramos en su Disposición Adicional Primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

Propugnar una reforma constitucional sin contar antes con un amplio consenso es, sin duda alguna, una evidente irresponsabilidad

El difícil equilibrio ideado por los constituyentes empezó a quebrarse desde el momento del “café para todos”. Hasta llegar al momento presente, cuando nos encontramos con el desafío secesionista de algunos catalanes, que, si bien no son una mayoría aplastante, sí constituyen un conjunto de ciudadanos cuyos intereses deben tenerse en cuenta.

Ante este desafío es normal que muchos piensen en una reforma constitucional como solución a la presión independentista de ese importante sector de la sociedad catalana.

Pero al pensar en reformas constitucionales hay que tener presente, en primer lugar, que es inútil acometer una reforma para intentar dar cabida en la Constitución de todos a aquellos españoles cuyo único objetivo no es encontrarse más a gusto en España, sino romper con España.

Y en segundo lugar, hay que considerar que, abierto el melón de la reforma, habrá muchos -insisto, de derechas y de izquierdas- que no querrán que se haga la menor diferencia entre los españoles y que propugnarán un Estado unitario, como ya lo hicieron en el 78, aunque entonces cedieran por el bien de todos.

Y, en todo caso, propugnar una reforma constitucional sin contar antes con un amplio consenso es, sin duda alguna, una evidente irresponsabilidad. Eso quiere decir que si se logra un acuerdo ampliamente mayoritario, se podría cambiar la actual organización territorial del Estado.