Transparencia

Uno de los indicadores más elocuentes de la calidad democrática de un régimen político es, sin duda, el grado de control que los ciudadanos tienen sobre sus representantes. Y el primer y elemental paso para ejercer ese control es conocerlos. Decir esto parece una trivialidad pero, con el sistema electoral que tenemos en España, la realidad es que los ciudadanos saben muy poco de los candidatos que los partidos políticos presentan. La verdad es que no saben casi nada.

Corregir este defecto de nuestra vida democrática es una responsabilidad capital e ineludible de todas las fuerzas políticas y, por eso, cambiar la Ley Electoral espero que sea una de las prioridades del Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre. Los ciudadanos tienen que conocer de verdad a sus representantes y a los que aspiran a serlo.

En este sentido, me parece de lo más beneficioso para mejorar la calidad de nuestra democracia que los cargos públicos mostremos todos aquellos datos que sirven para que los ciudadanos nos conozcan mejor. Por supuesto, sin vulnerar derechos constitucionales (porque hay datos de la intimidad que nadie puede exigir que se den a conocer, como, por ejemplo, las creencias religiosas).

Esto es lo que hemos hecho la pasada semana los concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid: hacer públicos todos los datos que puedan servir para que los ciudadanos sepan mejor quiénes somos y cómo somos. Por eso, hemos publicado en nuestra página web cuál es nuestra formación académica y nuestra trayectoria profesional, allí hemos especificado dónde, cuándo y cómo nos hemos ganado la vida antes de estar en política y, también, hemos dado a conocer cuál es nuestro patrimonio, así como las declaraciones de la renta de los últimos cuatro años.

Saber cuánto tenía una persona al llegar a la política y cuánto tiene al salir de ella es el mejor indicio para conocer si ha utilizado el poder para enriquecerse

Precisamente la información sobre el patrimonio y la renta es, sin duda, la que más interés y expectación ha suscitado, y puedo comprenderlo, sobre todo en unos tiempos como los actuales, en los que han aparecido tantos casos de corrupción entre los políticos. Conocer lo que una persona ganaba antes de entrar en política y compararlo con lo que gana una vez que tiene una responsabilidad pública es algo que los ciudadanos quieren y deben saber de todos aquellos que administran el dinero público. Ese dinero que, según una ministra socialista, no es de nadie, pero que, según sabemos los contribuyentes, es de todos, es decir, es el más sagrado de todos los dineros.

De la misma forma que saber exactamente cuánto tenía una persona al llegar a la política y cuánto tiene al salir de ella es el mejor indicio para conocer si ha utilizado el poder para enriquecerse. Y hay algunos casos en la política española que mueven llamativamente al escándalo.

También sería interesante que la curiosidad de los medios de comunicación y de los ciudadanos no se limitara a las cuestiones de dinero -muy importantes, sin duda, pero no únicas- y fijaran su atención en otros asuntos también muy trascendentales, como la formación académica, el historial laboral, la trayectoria profesional de los políticos antes de serlo y sus relaciones con la Administración.

Además, y por supuesto, sería mucho más útil que todas estas informaciones las tuvieran los ciudadanos antes de ir a las urnas. Eso fue lo que, en la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid, hicimos con los 'hearings' a los que se sometieron, ante todos los periodistas que quisieron preguntar, todos los integrantes de la lista que presentamos. Algo que muchos criticaron entonces y que no hicieron los demás.

Ahora sabemos lo interesante que hubiera sido que, por ejemplo, los integrantes de la candidatura de Ahora Madrid se hubieran sometido a estos interrogatorios, en los que hubiéramos conocido a tiempo la trayectoria y las opiniones de todos ellos.