La autodenigración de González descalabra a Rubalcaba

Nos aconseja con buen criterio Duran i Lleida que no reabramos “una nueva polémica en torno al GAL”. Y tiene razón porque, como bien dice el político catalán, “ya se juzgó en su día y todo el mundo sabe lo que pasó y de quién es la responsabilidad política”. Añade Duran con el más depurado sentido común que “no nos confundamos: el enemigo  a batir no es Felipe González. El enemigo sigue siendo ETA”. Es razonable lo que dice el portavoz parlamentario de la minoría catalana en el Congreso de los Diputados, pero ha de dirigirle su ruego al ex presidente del Gobierno, Felipe González, que sin saber por qué (¿vanidad?, ¿afán de notoriedad?, ¿segundas intenciones políticas?, ¿mal de altura?), se despachó el domingo con unas declaraciones en el diario El País cuyo contenido consterna y cuyas consecuencias previsibles van a ser demoledoras para el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El presidente del Gobierno de un Estado de Derecho y, por lo tanto democrático, no puede tener un minuto de duda, ni un segundo de vacilación, ni un instante de debilidad cuando de rechazar una ejecución extrajudicial se trata

Dice González que tuvo “que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto”. El presidente del Gobierno de un Estado de Derecho y, por lo tanto democrático, no puede tener un minuto de duda, ni un segundo de vacilación, ni un instante de debilidad cuando de rechazar una ejecución extrajudicial se trata. Lo inquietante desde el punto de vista ético es que González siga meditando si hizo o no lo correcto cuando evitó dar esa orden amparándose en lo mucho que le torturaron“los asesinatos de inocentes que podría haber ahorrado”. La explicación a su cavilación resume, desgraciadamente, la falsa coartada moral en la que se amparó durante la etapa de su Gobierno -Dios me libre de lanzar acusación contra nadie que no haya sido juzgado y condenado por los Tribunales- la llamada “guerra sucia” o “terrorismo de Estado” que protagonizaron los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Cuando estos sedicentes defensores del Estado asesinaban a etarras y a otros muchos que no lo eran, el firmante desempeñaba su tarea periodística en Bilbao, en El Correo Español-El Pueblo Vasco. Desde aquella atalaya no tuvimos nunca duda de que los GAL, además de criminales, eran estúpidos, porque al comportarse como los terroristas, legitimaban en las calenturientas mentes de los etarras la factura “militar” de sus atentados. El terrorismo de los GAL suministró combustible -argumental, adhesivo, operativo- a ETA prolongando su sanguinaria historia. La “guerra sucia” o el “terrorismo de Estado” fue una auténtica tragedia para la moralidad cívica con la que los españoles combatimos el terrorismo y entregó a la banda una oportunidad para plantear sus crímenes con la simetría bélica de las guerras convencionales: el Estado contra ETA y ETA contra el Estado. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error fueron los GAL!

La X de los Gal

Con esa duda sobre si debió o no hacer volar a la cúpula de ETA -¿estaba seguro de que lo era?, ¿tan seguro como la condición de supuestos etarras asesinados por los GAL que nada tenían que ver con la banda criminal?-, Felipe González se denigra  a sí mismo porque demuestra que sus convicciones morales no fueron entonces, y siguen sin serlo ahora, aquellas que requiere el estadista. Mucho más cuando reconoce sin ambages que su ministro de Interior, José Barrionuevo, ordenó liberar a Segundo Marey, secuestrado por los GAL, de lo que se deduce que su ministro estaba al tanto de que el ciudadano francés estaba “detenido”. Causa estupor la endeblez ética que transmite el ex presidente del Gobierno. Más todavía cuando desconoce que “volar” a la cúpula de ETA hubiera supuesto aplicar una pena de muerte que no existe en nuestro ordenamiento, sin posibilidad de defensa, y violando la territorialidad y soberanía de Francia. Aténgase, pues, González a las deducciones que se extraigan de sus declaraciones - tan torpes, tan innecesarias- por aquellos que le han querido situar en la llamada X de los GAL, después de que los procesos judiciales hayan determinado, hasta donde podían hacerlo, las culpabilidades de unos y de otros.

Estas manifestaciones desahogadas, indiscretas y frívolamente expresadas -lo siento, estimado Sr. González, mi consideración hacia usted no previó jamás leer semejantes afirmaciones- se producen en un contexto explosivo: cuando la banda terrorista ETA, aunque lejos de la extinción o rendición que algunos le auguran, está policialmente más acorralada que nunca en su historia y justo cuando el ministro portavoz de su último Gobierno -entre 1993 y 1996- lo es también, recientemente, del de Zapatero, condición que se acumula a la de vicepresidente primero y ministro del Interior: Alfredo Pérez Rubalcaba. Si sus enemigos y adversarios ya han venido reprochando y zahiriendo al  cántabro su función de portavoz del “Gobierno de los GAL”, ¿qué no van a argüir ahora contra el vicepresidente? Pues argüirán lo que les permitan las deducciones lógicas de las afirmaciones del que fuera su presiente, neutralizando así las bondades balsámicas que Pérez Rubalcaba debía aportar al cansino deambular político del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. En definitiva: queriendo o no -eso no lo sé- González le hecho a Rubalcaba y a Zapatero “el favor de su vida” como me reconocía apenado un veterano militante socialista.

No nos engañemos: esta irrupción abrupta de González en una opinión pública irritada, dislocada, enfrentada y desesperanzada, no puede desagregarse de un proceso general de irresponsabilidad de la izquierda española que ha creado un clima de desbandada general, de indisciplina, de ausencia de compromiso y de servicio democrático al país desde unas siglas -las del PSOE- que nunca elevaron tan escasamente su vuelo.

Nota histórica: El 29 de julio de 1998 el Tribunal Supremo condenó por el secuestro de Segundo Marey –ocurrido el 4 de diciembre de 1983—a José Barrionuevo, ex ministro de Interior, a Rafael Vera, ex Secretario de Estado de Interior, a Julián Sancristobal, ex Director General de Seguridad y ex gobernador civil de Vizcaya, a 10 años de cárcel; condenó también a los policías Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a 9 años y seis meses de cárcel y a Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSE de Vizcaya, a 7 años de cárcel, así como a otros agentes policiales por los mismos hechos. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 16 de marzo de 2001. El General de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado el 26 de abril de 2001 a 71 años de cárcel por los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y Juan Ignacio Zabala. El Tribunal de Estrasburgo acaba de dictaminar que el proceso garantizó todos los derechos de los procesados. Felipe González declaró el pasado domingo en El País que el ex general “era un gran tipo” y añadió que cree que es inocente “de la mayor parte de lo que le acusaron y por lo que le condenaron, estoy seguro de que lo era. Estoy seguro.”