Por qué los españoles son ‘ladrones’ digitales

El Ministerio de Justicia, en una iniciativa que le honra por las dificultades que conlleva y por los intereses -no demasiado confesables- a los que se enfrenta, prepara una reforma del Código Penal que sancionará con penas de privación de libertad a los dueños o administradores de las webs de enlaces que, con ánimo de lucro y sin albergar contenidos protegidos por los derechos derivados de la propiedad intelectual, son la llave de otras que los alojan. El fracaso de la ejecución de la llamada Ley Sinde -más exactamente de la operatividad de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual- está persuadiendo a las autoridades para reforzar las medidas punitivas a los responsables últimos de la piratería. Siempre que el Ministerio de Industria no imponga los criterios sectoriales de las tecnológicas y telefónicas.

La hemorragia económica que representa el acceso fraudulento a contenidos que devengan derechos de autor no se la puede permitir nuestro país. Según el Observatorio de Piratería y Hábitos de Contenidos Digitales 2012, elaborado por la prestigiosa consultora internacional GfK, las descargas ilegales no hacen sino crecer en España (entre 2011 y 2012, un 39%), hasta el punto de que uno de cada dos internautas accede ilegalmente a contenidos protegidos. A la música lo hace el 33%, a películas el 42%, a los libros el 12% y a los videojuegos el 7%, todo lo cual representa un lucro cesante para la industria cultural de 1.221 millones de euros. Esta piratería conlleva que se hayan perdido más de 24.000 empleos directos y 140.000 indirectos y provocado un daño a la Hacienda Pública de 518 millones de euros. El monto global calculado por GfK de la piratería digital en España ascendería a 15.200 millones de euros. Con estas cifras, parece evidente que, ante la inoperancia de la Ley Sinde, es necesario que entre en juego el Código Penal como pretende Alberto Ruiz Gallardón. Nos estamos jugando un importante porcentaje del PIB.

Hay otras muchas motivaciones adicionales sobre las mencionadas pero, en todo caso, se produce una ausencia extraordinaria de conciencia sobre el daño que se causa a terceros. Unos terceros que son los autores, productores, creadores…

Ahora bien, ¿por qué España es un país de “ladrones” digitales a diferencia de todos los demás de Europa y sólo al mismo nivel de los países subdesarrollados? Las respuestas que ha obtenido la consultora GfK resultan preocupantes porque delatan la falta de conciencia ciudadana. El 54% de los que piratean contenidos lo ve “normal” porque para qué pagar si se puede obtener gratis aunque sea ilegal; el 40% dice que piratea porque es fácil y rápido hacerlo; otro 40% se siente estimulado a las descargas ilegales por el brutal aumento del IVA cultural (del 10 al 21%); un porcentaje cercano al 15% dice sentir urgencia en acceder a los nuevos contenidos de música, libros, cine o videojuegos; son más -un 18%- los que dicen desconocer que el pirateo sea ilegal y el 10% aduce que hacerlo no tiene ninguna consecuencia punitiva. Hay otras muchas motivaciones adicionales sobre las mencionadas pero, en todo caso, se produce una ausencia extraordinaria de conciencia sobre el daño que se causa a terceros. Unos terceros que son los autores, productores, creadores… que, hoy por hoy, se encaminan a constituir un colectivo de trabajadores proletarizados frente al lugar común de que 'se forran' (algunos sí, pero poquísimos).

Como ha escrito Enrique González Macho, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, “el todo gratis, mata” y como propugna la editora Blanca Roca “contra la piratería, educación”. Ambas afirmaciones son ciertas y se resumen en un mandato: civismo. James Costos, nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid, lo expresaba de la siguiente manera (El País del pasado día 25): “Es cuestión de educación. Hay que empezar por educar a la gente para que comprenda que todos esos contenidos son propiedad de alguien. Si no aprenden que están robándole algo a alguien, el fenómeno seguirá. En EEUU hacemos una intensa campaña educativa, con advertencias que aparecen cada vez que una persona va a descargarse algo ilegal, explicando las consecuencias. Y, a la tercera infracción, esa persona puede acabar desconectada. Quizás lo que hace falta es una estrategia múltiple: que haya leyes, que se hagan respetar y que la gente comprenda a quién está perjudicando y las consecuencias”. Estas palabras nos están poniendo sobre aviso: la piratería en España constituye una preocupación transnacional porque la red lo es y los perjuicios de la piratería son potencialmente globales para todas las industrias culturales.

¿Hacia dónde vamos cultural y cívicamente hablando? No sólo hacia el desprestigio internacional -ganado a pulso- sino también hacia el desaprovechamiento de una industria tractora e innovadora

En el ámbito cultural hay dudas de que los intereses empresariales tecnológicos y de la telefonía que factura por el transporte de megas y gigas se aquiete ante la iniciativa de endurecer las sanciones penales contra los dueños o administradores de las webs de enlaces a páginas con contenidos protegidos y falta confianza en la resolución del Estado en atajar esta pandemia -recuerden, la mitad de los internautas hacen descargas ilegales- por lo que se está propugnando una Fiscalía Especial para los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Con un cine español comatoso que está ya subvencionando al Estado (ver la crónica documentada al respecto en este diario de Carlos Prieto el pasado día 18), que ha perdido el 15% de su  facturación y el 12% de sus empleos, cayendo en picado el número de rodajes; con el desplome de la venta de libros -más del 30%- y el hundimiento de la música (sustituida por conciertos en directo) y comenzando ya a resentirse de las técnicas de la piratería los videojuegos, cargando todos estos sectores con la fiscalidad más alta de la Unión Europea, suprimido el llamado canon digital y con los medios de comunicación en tránsito de su modelo de negocio a Internet, ¿hacia dónde vamos cultural y cívicamente hablando? No sólo hacia el desprestigio internacional -ganado a pulso- sino también hacia el desaprovechamiento de una industria tractora e innovadora que debería contribuir a la riqueza nacional. Siempre y cuando comprendamos que el pirateo -consecuencia de una cultura perversa de la gratuidad- es una forma eufemística de referirse a un robo, en los términos nítidos en los que se pronuncia el mismísimo embajador de EEUU. Y es que hay temas, enfoques, palabras y definiciones que no son populares, pero, lamentablemente, guste o no, son  ciertos y objetivables. Otro frente que el Gobierno tiene que atender con urgencia. Y ante el que, como acostumbra, duda y remolonea.