La corrupción gris: de Pilar Miró a las ‘black’

Para entender lo que ha ocurrido en Caja Madrid y, luego, en Bankia, y, en general, en el sistema quebrado de Cajas de Ahorro en España, debe leerse la conferencia de Jaime Terceiro Lomba, presidente de la entidad madrileña de 1988 a 1996, dictada con ocasión de la entrega del Premio de Economía Rey Juan Carlos correspondiente a 2012. Lo esencial de esta intervención, cuando la crisis de la Cajas ya había estallado, consiste en la afirmación de la disfuncionalidad de que estas entidades no tuvieran definidos “sus derechos de propiedad”.

Terceiro, que además de catedrático y académico fue también Director General del Banco Hipotecario, dijo en 2012 que “la indefinición de los derechos de propiedad (de la Cajas) tenía que generar a largo plazo, necesariamente, problemas de modo inevitable al intentar compatibilizar los intereses, a menudo contrapuestos, de empleados, clientes y representantes políticos y sindicales, así como de entidades fundadoras (…) Hacer responsables a los gestores de velar simultáneamente por todos esos intereses puede equivaler a no hacerlos responsables de velar por ninguno y con frecuencia conduce a que se inclinen por aquellos que maximicen sus posibilidades de continuar como gestores, haciendo todo tipo de concesiones y generando pésimos incentivos para tratar de ganar el favor de los miembros de los órganos de gobierno”.

Exactamente lo que auguró el predecesor de Blesa es lo que ha ocurrido como se ha podido comprobar con el modelo salarial abusivo y las denominadas tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, sin perjuicio de que aún queden episodios viscosos -delictivos o inmorales- por conocerse. Pero Terceiro elevó el augurio a denuncia en 2012 ante el selecto auditorio que le escuchaba cuando sostuvo que “aunque algunas actuaciones de determinados gestores y consejeros de Cajas hayan podido estar de acuerdo a derecho, es claro que no se han comportado con arreglo a los principios éticos más elementales”.

Un paso más en el discurso del que fuera presidente de Caja Madrid: “Tras mi dimisión, el Consejo estuvo condicionado en toda su actuación futura por un pacto escrito entre un partido político y un sindicato, y firmado por sus respectivos secretarios generales territoriales, que nunca se dio a conocer al Consejo como órgano colegiado y sobre cuyo contenido nunca pudo pronunciarse (…) estas fueron las condiciones iniciales que llevaron a Caja Madrid a la situación crítica del año 2009, derivada de una disparatada política de gestión de riesgos. Además, dado el coste de oportunidad de los miembros del Consejo, el haber multiplicado, posteriormente, por más de veinte veces sus retribuciones suponía el mejor mecanismo para asegurar su falta de independencia”.

Las tesis de Terceiro (“fracasaron todas mis propuestas de reforma”, dijo en su conferencia) son la demostración de que los lodos actuales proceden de aquellos polvos. Ni el Partido Popular entre 1996 y 2004, ni el PSOE entre 2004 y 2011, atendieron criterios responsables de control de las Cajas. En puridad, casi nada de lo que nos sucede en cuanto a corrupción pública y privada ha sido y es una sorpresa sino una inverecunda consecuencia de la pasividad y la inmoralidad políticas para mantener una estructura en la que las elites extractivas -a las que alude también Terceiro- debieron convertirse en inclusivas.

Las dispendiosas tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia serían casos de lo que Javier Pradera en su libro póstumo -Corrupción y política. Los costes de la democracia (Galaxia Gutenberg. Círculo de lectores)- considera corrupción gris por parte de los que las utilizaron sin recato. Dice el autor que “el deslizamiento desde las fronteras de la corrupción blanca, contemplada con tolerancia y comprensión tanto por la opinión pública como por las elites, hacia las variantes de la corrupción gris, percibidas de manera desaprobatoria por una parte de la sociedad y de sus grupos influyentes, puede deberse a simples cambios de humor por ese difuso tribunal encargado de enjuiciar las conductas de los políticos”.

Es decir: que la vara de medir la corrupción no ha sido siempre la misma, sino que varía cíclicamente. Pradera recuerda en un texto escrito en 1994 el caso de los gastos personales sufragados con dinero público de la que fuera directora de RTVE, Pilar Miró. Los tribunales absolvieron entonces a la cineasta de cualquier responsabilidad penal, dejando nota la sentencia de la irregularidad, pero Miró quedó desproporcionadamente estigmatizada si comparamos lo que le sucedió entonces con lo que está ocurriendo ahora. Porque, aunque la fallecida directora de RTVE (1986-89) llegó a disponer de hasta 8.511.000 pesetas, sus gastos tenían un claro perfil de representación y, según los jueces, aunque eran excesivos o personales en algún caso, la enjuiciada por malversación había actuado con ignorancia de incurrir en un comportamiento inadecuado y había actuado de “buena fe”. Miró devolvió una buena parte del dinero que gastó.

La suerte de los consejeros y cargos de Caja Madrid y Bankia que han protagonizado esta corrupción gris (hay infracción fiscal sin duda) no es pues una casualidad, sino el resultado diferido del desentendimiento por parte del Gobierno y el Congreso, los partidos y las empresas públicas y las propias Cajas de atajar estos fenómenos de corrupción de baja intensidad (es un decir), y acabará, seguramente, sin reproche penal para sus beneficiarios aunque con tacha ética. Blesa y Rato, sin embargo, como responsables últimos parece que han incurrido en una corrupción negra, es decir, delictiva (administración desleal). Los otros están en un supuesto parecido al de Pilar Miró; su abuso ha sido una corrupción gris. O sea, en una zona que es reprobable ética pero no penalmente. Recuerden el caso Miró porque los asesores jurídicos de los titulares de las reiteradas tarjetas ‘black’ ya lo están estudiando. Es cierto, pues, que la historia se repite.