Las verdades del general

"A todos nos duele España, Cataluña y la corrupción". Esta fue una de las frases –y no la única acertada– del general Jaime Domínguez Buj, Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), uno de los militares con un cargo de máxima responsabilidad en las Fuerzas Armadas. El general, además, y en una exposición con coloquio posterior en el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior el pasado martes, resultó políticamente incorrecto pero muy gráfico. Según Domínguez Buj, cuando el "poder central es débil" se producen movimientos centrífugos. Cierto.

Acudió el militar a la experiencia histórica de España cuando era "metrópoli" y perdió las colonias, tras las guerras napoleónicas. Algún desavisado ha querido confundir las cosas: el general no estaba considerando a Cataluña como una colonia ni al Estado como metrópoli colonial, sino estableciendo simetrías o paralelismo entre dos épocas aciagas para España: la que se produjo en el gozne entre el siglo XIX y el XX y el que se está produciendo ahora, en los primeros años del siglo XXI.

El general dijo alguna cosa más que encerraba verdades como puños. Por ejemplo, que el auge secesionista no se detiene con el "uso de la fuerza" sino ganando "la mente y los corazones" de los separatistas, parafraseando al general McChrystal, cesado por Obama del mando de las tropas en Afganistán después de que apareciera un artículo suyo criticando al vicepresidente Biden y a otros cargos de la administración demócrata. Y dijo también que las Fuerzas Armadas no son "garantes de nada" sino "instrumentos del Gobierno y del Parlamento para hacer cumplir la ley y la Constitución".

La contundencia del sentido común, de la sobriedad, llevó a Domínguez Buj a una descripción muy certera de lo que ocurre. El Estado es tan débil que ante la inacción de sus gestores –el Gobierno– ha de volcar su acción sobre el Tribunal Constitucional y sobre los Tribunales ordinarios, incapaz de aplicar terapias políticas a la crisis territorial más grave sucedida en España desde 1934.

No han sido los aciertos de Mas y de los independentistas los que han provocado una crisis de credibilidad en el Tribunal Constitucional –ya veremos si desacatado delictivamente por él, su vicepresidenta Ortega y su consejera Rigau– y convulsionado al Ministerio Fiscal, fisurando su unidad de acción. Ha sido la incapacidad del gobierno, sus autogoles, los que han desatado una crisis de Estado que el general Domínguez Buj, a preguntas del público asistente al acto, contestó con sobriedad y dentro del espacio conceptual y semántico al que un alto militar en un sistema democrático ha de atenerse.

La expresión de ese poder débil –Estado débil– lo ha descrito muy bien el catedrático Andrés Betancor en el diario Expansión del pasado lunes: "La lógica más elemental nos dice que el castigo penal es la última ratio, el último instrumento de poder del Estado. Si para que éste pueda reaccionar hubiese que esperar a la consumación de los delitos, ya nos podemos imaginar qué es lo que sucedería. Por de pronto no sería necesaria la prevención, ni policial ni administrativa. El papel del Estado y del Derecho quedaría reducido a la espera de la consumación de los delitos y, una vez producidos, a la búsqueda de los responsables y su eventual castigo. El sentido común rechaza esta interpretación. Claro que hay medios dirigidos a prevenir que las ilegalidades se puedan producir. El Derecho modula su respuesta y la reacción penal es el último mecanismo para que la amenaza funcione. Es el último. No el primero".

El primer mecanismo del Estado consiste en el ejercicio de la política, de su propia comparecencia en las crisis y conflictos mediantes la persuasión y la disuasión, a través de la transacción en el marco de la ley, o en la alteración de ésta por las vías constitucionalmente previstas. Si el Estado se reduce a volcar sobre los tribunales y la fiscalía la resolución –que nunca la solución– de los aspectos más críticos de la convivencia sin haber intentado manejarlos desde una perspectiva política, el "poder central" al que se refirió Domínguez Buj, se fragiliza.

Luis Garicano, economista y profesor de la London School of Economics, ha pedido desde el Financial Times la dimisión de Mariano Rajoy porque lo considera incapaz de hacer frente a las dos "amenazas existenciales": el órdago independentista de Cataluña y lo que él denomina la "amenaza revolucionaria" que encarna Podemos. Todo ello ligado a la corrupción. Garicano cree que Rajoy forma parte del problema y no de la solución y los hechos están dándole la razón.

Desde el 9 de noviembre pasado, cuando el Estado a través del Gobierno tomó la insólita decisión de no comparecer políticamente mientras se consumaba un paso más en un proceso que pone en el alero la unidad constitucional de España, el sistema ha entrado en una convulsión con tal ebullición que nos remite –así lo ha dicho el Jefe del Estado Mayor del Ejército– a los escenarios más decrépitos de la historia de España: las felonías de Fernando VII y el desmayo nacional de 1898, episodios ambos que, enlazados en unas décadas, nos adentraron a los españoles en una crisis de identidad colectiva.

Mientras el general dice verdades como puños –entre ellas la unamuniana expresión de "nos duele España"– el Gobierno de Rajoy, para salvar los muebles, se refugia en los Tribunales –el Constitucional y los ordinarios– afirmándose, como última ratio, en un poder ajeno al propio. Pues bien: ni con suspensiones cautelares ni con querellas criminales se logra lo que recuerda debe hacerse para superar el problema de la integridad territorial el general Domínguez Buj: ganarse "el cerebro y el corazón" de todos los catalanes. O al menos, intentarlo con un discurso y una acción políticas sólidas e inteligentes. Como son las palabras y el diagnóstico del general que ha dicho exactamente la verdad de lo que pasa. Y la verdad, dígala Agamenón o su porquero.