Así ha perdido la gestora el control del PSOE

Ayer tuvo que salir, casi en tromba, Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE andaluz, para dar carta de naturaleza a la posición abstencionista de su federación en la sesión de investidura —si llega a celebrarse— de Mariano Rajoy. De los 84 diputados del grupo parlamentario socialista, 20 proceden de Andalucía, prácticamente un tercio de los que se dirimen allí en las elecciones generales (61 en total). Antes, el extremeño Guillermo Fernández Vara se había pronunciado en el mismo sentido en una entrevista con Pepa Bueno, en tanto Miquel Iceta insistía en la negativa a Rajoy acordada por el comité federal del PSOE en diciembre de 2015 y revalidada en julio pasado.

La actual dirección en remoto del partido sabe que la comisión gestora presidida por el asturiano Javier Fernández no tiene el control de la organización, ni la lidera, ni sus criterios gozan de la autoridad necesaria para que prospere en el comité federal, que hoy se acordará celebrar el día 23, la decisión de facilitar un Gobierno de Rajoy con una abstención que solo puede ser “técnica” por mucho que resulte “vergonzante”. La alternativa sería una ruptura de la disciplina de voto y la visualización de lo que vienen sugiriendo algunos cuadros socialistas: la posibilidad de una escisión. No están los tiempos para decisiones maximalistas en el PSOE.

Sus criterios no gozan de la autoridad necesaria para que prospere en el comité federal la decisión de facilitar un Gobierno de Rajoy con una abstención

Las razones por las que a la comisión gestora se le está yendo la situación de las manos son tres:

1) Fernández y los demás barones pensaron que el tiempo que mediase entre el descalabrado comité federal del pasado 1 de octubre y el siguiente, correría a favor de sus tesis. Muy por el contrario, el interregno entre una reunión y la otra —mediando la declaración de Correa y las primarias del PSC— ha favorecido la movilización de las bases contrarias a la abstención, incluso en Andalucía. La gestora y los dirigentes territoriales —muchos de ellos— confundieron gravemente los términos de la cuestión: una cosa era desalojar a Sánchez de la secretaría general y otra distinta permitir el Gobierno de Rajoy. Era claro que la decisión ante la investidura del presidente del PP debió adoptarse de inmediato, sin esta dilación, tras la formación de la comisión gestora.

2) Después del 1-O, la abstención a Rajoy ha carecido de ponente político con hechuras y prestigio en el PSOE. Prácticamente ningún dirigente socialista ha tenido el coraje político de propugnar una rectificación de los acuerdos aún vigentes del comité federal. En vez de reconocer que así se facilita al PP y a Rajoy gobernar (lo que es democráticamente legítimo), la abstención se ha defendido vergonzantemente con argumentos colaterales y digresiones. Solo Javier Fernández ha sido claro y, en la misma medida, contestado. De ahí que el pasado 12 de octubre se lamentase de que “me entienden más fuera que dentro”. Resulta evidente que las razones de pragmatismo que aducen los defensores de la abstención —siendo ciertas— resultan insuficientes para las bases socialistas.

3) La comisión gestora socialista y los barones que la sustentan están permitiendo sin denuncia que desde determinadas instancias ajenas al partido se practique sobre la opinión de la militancia del PSOE una sostenida presión que, además de dar por hecha la abstención del grupo parlamentario, ofrece datos y guarismos demoscópicos como criterios de convicción. La reacción parece estar siendo la contraria: cuanto más se presiona para que el comité federal se decante por la abstención a Rajoy, más se contesta —desde el punto de vista moral— la decisión de permitir su Gobierno.

En vez de interrogar sobre si el grupo debe abstenerse o no en la investidura, se pediría un pronunciamiento sobre la procedencia o no de unas terceras elecciones

Si la operación de descabalgar a Sánchez —necesaria, dada la trayectoria errática del ex secretario general del PSOE— ya demostró una rudeza impropia en quienes la planificaron y la ejecutaron, lo que está sucediendo en el tiempo estratégico posterior al 1-O acredita que ni la comisión gestora ni lo barones disponían de pautas y discurso suficiente para que permease la opción que ahora está en debate. La tentación que alberga la dirección provisional de los socialistas es la de plantear al comité federal una pregunta que se califica por los nuevos críticos de “capciosa”. En vez de interrogar a los más de 250 miembros del máximo órgano entre congresos del PSOE sobre si el grupo parlamentario debe abstenerse o no en la investidura de Rajoy, se les pediría un pronunciamiento sobre la procedencia o no de unas terceras elecciones. Los críticos aducen que la formulación de la cuestión no es esa: lo que está en juego es la abstención o el no a Rajoy y, como consecuencia indeseable, la celebración de nuevas elecciones.

Si las cosas siguen por donde están discurriendo en el PSOE y en el magma del socialismo no emerge —ya urgentemente— una voz autorizada que estructure un discurso cívico, ético y pragmático para acordar la abstención en la investidura de Rajoy, el próximo comité federal puede ser otra batalla de Waterloo. Como ayer me recordaba un socialista de larga tradición, cuando José Federico de Carvajal y Carmen García Bloise —ambos ya fallecidos— estuvieron en la gestora socialista de 1979 tras la renuncia temporal de Felipe González, se 'hincharon' a firmar expulsiones del partido. Fernández y los demás miembros de la que ahora rige de nuevo el PSOE se podrían ver en esa tesitura en pocos días. Los nuevos críticos ya hablan de “depuración”.