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La Stasi catalana
El Gobierno debería disolver el CESICAT creado en 2009, organismo que está en el núcleo duro de trama ilegal de espionaje a los disidentes del 'procés'
El preámbulo de la ley reguladora de la policía autonómica catalana, los Mossos d'Escuadra, aprobada por el Parlamento en 1994, dice entre otras cosas, lo siguiente: "la policía no está por encima de la Ley, y por lo tanto debe adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, con sujeción a los principios de jerarquía y subordinación dentro del Cuerpo. Es también un colaborador indispensable de la Administración de Justicia, a la cual debe auxiliar, en el sentido más amplio, dentro de sus posibilidades. Por otro lado, el respeto que la policía debe a la sociedad, a la que pertenece y de la que proviene su mandato, la obliga a utilizar los recursos coactivos solamente en situaciones extremas y con una aplicación escrupulosa de los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia".
Pues bien, algunos Mossos d'Escuadra, a estas alturas de la instrucción de las tres causas que se refieren al proceso soberanista, una ante el juzgado n.º 13 de Barcelona, otra ante la Audiencia Nacional y la tercera ante el Tribunal Supremo, ya podemos afirmarlo, se han comportado como lo hizo, salvando las distancias, la llamada Stasi, acrónimo de la policía del Ministerio de Seguridad del Estado, órgano en su momento de la inteligencia de la República Democrática Alemana, que inspiró el guion de la célebre y exitosa película de 2006 'La vida de los otros'. Relataba cómo un miembro de la Stasi vigilaba a sus vecinos disidentes y reportaba a sus superiores.
Miembros de la policía autonómica catalana que formaban el núcleo del Centro de Información de Catalunya (CESICAT) intentaron el pasado 26 de octubre —un día antes de que se acordase la aplicación del artículo 155— la incineración en el Sant Adrià de Besòs de miles de documentos que, en resumen, acreditaban la colaboración de los Mossos d'Escuadra con el proceso soberanista y desvelaban una trama de espionaje volcado a controlar a las personas y organizaciones disidentes de las políticas secesionistas de la Generalitat. Un informe de 400 folios elaborado por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional obra ya en los autos que instruye la jueza Carmen Lamela y el responsable político de los Mossos, Joaquim Forn, sigue encarcelado provisionalmente por el juez Llarena. A la vista de lo que sus subordinados hicieron, parece del todo justificado que el 'exconseller' de Interior siga retenido en Estremera.
Los papeles que iban a ser incinerados demostraban que la policía autonómica catalana siguió, grabó e intervino comunicaciones seis meses antes de la declaración unilateral de independencia a personas y organizaciones contrarias al independentismo. Lo hizo al colectivo Movimiento Cívico España y Catalanes, al grupo constitucionalista Somatemps y, especialmente, a Sociedad Civil Catalana. Igualmente practicó seguimientos a abogados, políticos y periodistas, entre ellos de El Confidencial, elaborando al respecto unos informes para sus superiores que ruborizan por la tosquedad de su ilegalidad y el parentesco con los que redactaban policías como las del ámbito soviético durante la Guerra Fría en el siglo pasado. Realmente vergonzoso y en línea con lo que las autoridades separatistas denunciaban de la llamada "policía patriótica" que estaría bajo el control del Ministerio del Interior.
Esta forma de conducirse de los Mossos es coherente con su complicidad con los dirigentes sociales y políticos secesionistas el 1 de octubre
Esta forma de conducirse de los Mossos es coherente con su complicidad con los dirigentes sociales y políticos secesionistas el 1-O. No cumplieron ni con su obligación —la defensa de la Constitución que es una de las funciones que le atribuye su propia ley— ni con las resoluciones judiciales. Ni se atuvieron de manera mínima al principio de lealtad. Ahora estamos comenzando a comprobar que el Gobierno fue burlado el día del simulacro del referéndum por la estrategia de Forn y de Trapero —responsable operativo de los Mossos— con la ayuda inestimable del director general del Cuerpo, el atrabiliario Pere Soler, también imputado. Su inacción durante las horas previas a la consulta ilegal y durante la jornada electoral engrosan las causas de sedición y rebelión que instruyen Lamela y Llarena y escandalizan por la prepotencia e impunidad con la que se comportaron estos funcionarios, cumpliendo, sin duda, las órdenes de sus superiores ahora imputados.
Es especialmente hiriente para el Estado de Derecho la connivencia de los Mossos durante las horas de asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en la consejería de Economía con Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, conocedores ambos del estratégico registro de los locales por la Guardia Civil y conscientes de la agitación que sus actitudes y palabras provocaban en la multitud que agresivamente trataba de impedir la labor de la Benemérita. Los dos líderes sociales subidos a los vehículos de la Guardia Civil, destrozados, han sido la viva imagen del Maidán catalán.
La devastación ética que se ha producido en Cataluña con el proceso soberanistas queda reflejado en este informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional que tendrá consecuencias judiciales muy graves y que abre una reflexión sobre la necesidad de dictar en el futuro inmediato una ley orgánica que armonice el funcionamiento, sistema de mandos y coordinación de las policías autonómicas para que no se conviertan en pequeñas Stasis que vigilen —como han hecho los Mossos— "la vida de los otros". Y por supuesto, el Gobierno debería disolver el Centro de Información de Catalunya creado en 2009, organismo que está en núcleo duro de estos hechos presuntamente delictivos.