Sectores del PP y jueces conservadores califican de "desastre" la cúpula del CGPJ

Fuerte malestar en sectores del Partido Popular y de la magistratura conservadora ante el acuerdo alcanzado por Dolores Delgado, ministra de Justicia, y Rafael Catalá, exministro del ramo y mandatado por Casado para esta negociación. Estas fuentes llegan a calificar de “desastre” la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial, en el que los vocales a propuesta del PP serán nueve frente a 11 del PSOE. “La presidencia de Marchena es la única baza digna de consideración en este pacto, pero es una contrapartida insuficiente”, aduce un magistrado conservador que recuerda que durante el mandato de este Consejo se renovará casi la mitad de la plantilla de togados del Tribunal Supremo (45 de un total de 90) y en esta cuestión la mayoría progresista “no hará ni una sola concesión, ni el presidente podrá lograrla”.

Estos sectores críticos con la negociación entre el Gobierno y el PP aducen que, aun siendo real la crisis del Supremo por el “lamentable espectáculo” de la Sala Tercera a propósito de las sentencias sobre la fiscalidad de las hipotecas, “Casado debió resistirse a una renovación tan leonina”. El PP —subrayan estas fuentes— tiene el grupo parlamentario más numeroso en el Congreso (137 escaños), mayoría absoluta en el Senado y disponía también de mayoría en el actual Consejo, cuya continuidad no hubiese establecido ningún mal precedente porque en otras ocasiones se ha superado el límite temporal del mandato hasta en más de un año. “En estas circunstancias, ¿por qué Casado ha entregado la mayoría del Consejo al PSOE, que ha incrustado vocales incluso próximos a Podemos?”.

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La respuesta no tiene una contestación unánime. Se habla de la “inexperiencia” de Casado y de la rapidez con la que Catalá —sin las debidas consultas y sin marcar los tiempos— ha negociado con Dolores Delgado. “Pero Catalá se va de la política, deja este muerto al partido y él ficha como socio de Herbert Smith, por lo que no responderá del funcionamiento del nuevo Consejo”. Tampoco se habría tenido en cuenta —“con la valoración adecuada de la correlación de sensibilidades en la Sala Segunda del Supremo”— que retirar a Manuel Marchena de la presidencia del tribunal de enjuiciamiento del proceso soberanista y, sobre todo, de la ponencia de la sentencia “tiene una lectura rara y sospechosa”. Algunas fuentes que critican la negociación del PP aducen que “podría pensarse que a Marchena le han dado una patada hacia arriba para evitar que se siga con el mantra de que es el ideólogo de la calificación como rebelión de los hechos de septiembre y octubre sucedidos en Cataluña el pasado año”.

También se subraya que su plaza será cubierta por una magistrada progresista, Susana Polo, con lo cual "el sesgo" de la Sala Segunda será muy distinto a la actual, justo cuando va a comenzar la vista oral del proceso. Además, insisten, “Marchena era el que mejor conocía los entresijos del sumario instruido por Pablo Llarena, al que le unen una estrecha amistad y cercanía profesional”. Según una fuente de absoluta solvencia, Pablo Casado fue advertido por una importante personalidad de la conveniencia de que Marchena siguiese en la Sala Segunda, porque “es joven y ya tendrá su oportunidad y ahora nada hay más importante que el juicio del proceso soberanista”.

Pablo Casado fue advertido por una importante personalidad de la conveniencia de que Marchena siguiese en la Sala Segunda

Pero el rosario de críticas de sectores del PP y de magistrados y fiscales conservadores —también estos han mostrado extrañeza por los términos del acuerdo entre Delgado y Catalá— no acaba ahí. Aducen igualmente que la selección de la lista de vocales del PP, en la que aparecen políticos o expolíticos sin una relevante trayectoria jurídica, “no es la mejor”. “No son los vocales más idóneos para enfrentarse a pesos pesados próximos al PSOE y a Podemos como José Ricardo de Prada —determinante en la sentencia del caso Gürtel, que provocó la exitosa moción de censura de Sánchez— y José Manuel Fernández Seijo, juez de lo mercantil de Barcelona que planteó la cuestión prejudicial sobre las cláusulas suelo al Tribunal de Justicia de la UE obteniendo un gran éxito profesional.

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La puesta en escena del acuerdo se califica también de “deplorable”. No se recuerda ningún caso anterior en que el nombre del presidente del Consejo se haya conocido antes de saberse quiénes serán los vocales que deben elegirlo. “Sánchez, cuando estaba en la oposición, aseguró que cambiaría el sistema de elección y renunciaría a 'las comodidades del PSOE', pero no solo no lo ha hecho sino que ha empeorado el procedimiento de selección y ha arrastrado la imagen de Casado”. El hecho de que las asociaciones judiciales hayan criticado la forma de comunicarse el acuerdo —sin consideración a la autonomía de los futuros vocales— adelanta que la “elección de Marchena no será unánime y comenzará su gestión lastrado”.

Esas misma fuentes no auguran buen fin a la impugnación del nombramiento de Marchena, aduciendo que la asociación Francisco de Vitoria ya impugnó fallidamente el de Lesmes y el Supremo le condenó incluso a pagar las costas. Pero con impugnación o sin ella, al todavía presidente de la Sala Segunda se le pronostica un mandato muy complejo, a tal punto que no falta quien se pregunte por qué razones “el magistrado más valorado de la judicatura en España se ha metido en este avispero”. Mientras, en Moncloa es por completo evidente la satisfacción del pacto cerrado con Catalá y Casado que, además, y por si fuera poco para sus críticos en el PP, mejora la frágil situación política de la cuestionada ministra de Justicia, tras conocerse sus conversaciones de mesa y mantel con el comisario Villarejo.