Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro, testigos en el juicio del 'procés'

La Sala Segunda llamará a petición de las partes a los “políticos que tuvieron relación con los hechos que son objeto de enjuiciamiento” y que aparezcan citados en las conclusiones provisionales

Foto: El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (abajo) pasa ante el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una sesión de control al Gobierno. (EFE)
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (abajo) pasa ante el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una sesión de control al Gobierno. (EFE)

La próxima semana vence el plazo de presentación ante la Sala Segunda del Supremo de los escritos de la defensa de los 12 procesados por delito de rebelión (Fiscalía) y sedición (Abogacía del Estado) a propósito de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Los letrados van a solicitar la práctica de centenares de pruebas testificales -hay fuentes que las cuantifican en más de mil testimonios-, documentales y periciales.

Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro, testigos en el juicio del 'procés'

En el entorno próximo a las defensas se tiene la práctica seguridad de que entre las pruebas testificales se solicitarán las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, todos ellos citados expresamente en el relato de hechos de las conclusiones provisionales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. No se descarta que también se pida la testifical de otros cargos públicos no mencionados expresamente.

Fuentes del Supremo manifiestan que el tribunal de enjuiciamiento pretende conducirse con un criterio extensivo en los aspectos garantistas de la vista oral de tal modo que aseguran que la Sala Segunda llamaría a testificar a “prácticamente todos” los testigos que le sean propuestos por las defensas y las acusaciones, aun sabiendo que pudieran producirse reiteraciones innecesarias para la aclaración de los hechos.

No obstante, la Sala debe efectuar lo que se denomina “juicio de pertinencia”, que consiste en examinar una por una las peticiones probatorias y comprobar que son pertinentes, es decir, que resultan necesarias para acreditar o desmentir el relato acusatorio. Desde el Supremo se insiste en que el tribunal será muy amplio en su criterio y no habrá restricciones.

“Estrasburgo, cuando revise el caso, no se centrará en la tipificación de los hechos como delito de rebelión, sedición, malversación o cualquiera otro, sino en si se han cumplido o no todas las garantías para salvaguardar los derechos de los procesados, es decir, si se ha observado escrupulosamente el conjunto de garantías que connota un procedimiento penal como justo e imparcial”. En ese contexto, la Sala Segunda llamará a todos los “políticos que tuvieron relación directa o indirecta con los hechos que son objeto de enjuiciamiento, a petición de las partes”.

Se plantea, por otra lado, la demora que conllevaría en la iniciación de la vista oral la determinación del “juicio de pertinencia” de las pruebas que se reclamen. También, según fuentes del Supremo, se mantiene que es posible iniciar el juicio sin terminar de calificar la pertinencia de testigos, peritos y documentos probatorios porque las primeras semanas de vista oral se dedicarán a las cuestiones previas (algo distinto a los ya resueltos artículos de previo pronunciamiento) y a los interrogatorios de los 12 procesados que llevarán “semanas”.

Las partes -y cuando lo considere necesario, también el presidente del tribunal- interrogarán a cada uno de los acusados sin límite de tiempo ni de preguntas, salvo las que pudieran considerarse impertinentes. En principio, se espera que los procesados contesten en castellano, pero si no lo hicieran, la Sala habilitaría traducción simultánea. De lo contrario se podría producir un problema que podría arruinar el buen fin del proceso.

En estas condiciones, el Supremo confía en poder señalar y empezar el juicio oral en este mes de enero o, en el peor de los casos, en la primera semana de febrero. Mientras, el tribunal debe abordar dos cuestiones importantes aunque de muy distinta naturaleza. Por una parte, la instalación de los medios de comunicación en una sala anexa con todo lo necesario para el desarrollo de su misión. Se espera la acreditación de hasta mil medios de comunicación y, por lo tanto, centenares de periodistas que podrían –depende del espacio- seguir la vista en la sala sin teléfono móvil y sin cámaras.

Algunas televisiones, como la 3/24 de TV3 (su canal de noticias), ya han adelantado que retransmitirán en directo y sin interrupciones todas las sesiones de la vista, combinándolas con tertulias, entrevistas y reportajes. Otras emisoras están planificando el modo en el que informarán del proceso. Algunas van a programar espacios especiales diarios con resúmenes amplios de los momentos más significativos de cada una de las sesiones que serán al menos cuatro a la semana, de mañana y tarde.

La segunda cuestión pendiente consiste en la fecha en la que el tribunal reclamará el traslado de los presos preventivos a centros penitenciarios cercanos a Madrid para que puedan asistir a diario y durante meses a la sesiones de la vista. En el Supremo se confía que el presidente de la Generalitat, responsable último de las cárceles en Cataluña por ser materia transferida, no plantee dificultades aunque existe la inquietud de que se produzcan multitudinarios “actos de despedida” a los reclusos que coincidirían con las manifestaciones que la ANC convocará en Madrid y en otras capitales europeas.

Todas estas circunstancias configuran esta causa especial en la Sala Segunda del Tribunal Supremo como el proceso más importante de la historia del alto tribunal, sin parangón con el juicio del 23-F que se sustanció ante un Consejo de Guerra (y, por lo tanto, en la jurisdicción militar).

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