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La definitiva y necesaria nueva abdicación de Juan Carlos I
No hay dos reyes, por lo que es clarificador que don Juan Carlos se retire del circuito público y quede este reservado al titular de la Corona
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La retirada de Juan Carlos I de la vida pública no responde solo a su edad (81 años), ni tampoco a una especial mala salud —aunque no le falten achaques al anterior monarca—, ni a ningún problema concreto sobrevenido con su hijo ni con el resto de la familia real. La decisión, que evoca la que tomó hace unos meses Felipe de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II, tiene un acertado sentido político, institucional y simbólico.
La abdicación de don Juan Carlos se sancionó mediante la Ley Orgánica de 19 de junio de 2014. Fue un texto de artículo único y, en consecuencia, se aplicó un procedimiento sumario en el que no cabían ni debates ni enmiendas. Su única previsión era la consumación jurídica de su renuncia a la jefatura del Estado, sin mencionar siquiera su sucesión, que estaba prevista —y lo está para los sucesivos reyes/reinas— en el artículo 57 de la Constitución eEspañola.
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Quedó pendiente el aforamiento de los Reyes eméritos, de la Reina y de la princesa de Asturias, que se residenció en las salas correspondientes (Civil y Penal) del Tribunal Supremo y que se instrumentó en julio de 2014 a través de dos enmiendas al proyecto de Ley Orgánica sobre el Sector Público, un procedimiento muy poco adecuado que solo recabó 184 votos a favor, la abstención del PSOE, CiU, PSC Y CC y el rechazo de los demás diputados.
Igualmente, no se dilucidó en esa ley el tratamiento y honores del Rey abdicado y de doña Sofía, asunto que se resolvió en un real decreto que modificaba el vigente entonces “sobre régimen de títulos, tratamiento y honores de la familia real y de los regentes”, añadiendo una disposición transitoria (la cuarta) en la que tanto a don Juan Carlos como a su consorte se les atribuía el tratamiento vitalicio de los títulos de Rey y Reina, instruyendo también sobre el orden de prevalencia en los actos públicos: “Inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI”.
La presencia de don Juan Carlos en la vida pública, el tratamiento de majestad a él y a doña Sofía (duplicación de la figura de los Reyes) y algunas convulsiones mediáticas que afectaban a episodios anteriores de su trayectoria no eran funcionales para la visibilidad plena y sin interferencias de la figura de Felipe VI, que es el único Rey y, en consecuencia, el jefe del Estado.
En estas circunstancias, cuando se van a cumplir cinco años de la abdicación, Juan Carlos I, además de por comodidad y acaso también por cansancio personal, ha decidido con el mejor criterio desaparecer del modo más efectivo de la agenda oficial y evitar así posibles confusiones que se propiciaron por un tratamiento honorífico poco medido —que se reconoció como un acto de agradecimiento entroncado también con una muy corta tradición en la dinastía—.
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En el imaginario público y en el simbolismo de la Corona no hay dos reyes, ni nadie ha establecido cómo debe denominarse al progenitor de Felipe VI ('emérito', 'abdicado', 'rey padre'), por lo que es clarificador que don Juan Carlos, con todo el respeto que su gestión merece, se retire del circuito público y quede este reservado exclusivamente al titular de la Corona. Por otra parte, el anterior monarca vivió el año pasado la celebración del 40º aniversario de la Constitución, a la que tanto contribuyó, en un acto en el que fue sinceramente homenajeado por las Cortes Generales.
Había llegado el momento de dar un paso más y dotar a la abdicación de una plena irreversibilidad. El instinto político e institucional de don Juan Carlos y la relación sin problema alguno que mantiene con su hijo Felipe VI han desembocado en una decisión acertada que enmienda —al menos en gran parte— una confusión en la vida pública que observaba dos reyes cuando solo hay uno titular de la jefatura del Estado. Mientras, la reina Sofía mantendrá sus actividades públicas, cuya relevancia y significación nada tienen que ver con las que desarrollaba su marido.
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La comunicación de la decisión de don Juan Carlos —al día siguiente de las elecciones del 26-M—, al borde del quinto aniversario de su abdicación, se produce también cuando don Felipe se dispone a realizar la ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria prevista en el artículo 99 de la Constitución para proponer la investidura del presidente del Gobierno. Nada de esta concurrencia de acontecimientos es casual si no causal. Y termina en una decisión acertada.
La retirada de Juan Carlos I de la vida pública no responde solo a su edad (81 años), ni tampoco a una especial mala salud —aunque no le falten achaques al anterior monarca—, ni a ningún problema concreto sobrevenido con su hijo ni con el resto de la familia real. La decisión, que evoca la que tomó hace unos meses Felipe de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II, tiene un acertado sentido político, institucional y simbólico.