Es urgente traer a Puigdemont

Reclamar de nuevo la extradición no es una decisión voluntaria del órgano jurisdiccional competente; es una obligación cuyo incumplimiento puede tener malas consecuencias

Foto: Rueda de prensa de Carles Puigdemont en Bruselas. (EFE)
Rueda de prensa de Carles Puigdemont en Bruselas. (EFE)

Reconozcamos la realidad: Puigdemont erosiona la reputación de la democracia española desde Waterloo. Tiene acceso a los medios de comunicación, una historia que contar —falsa pero sugestiva— y un objetivo que conseguir.

La victimización es una mercancía que se vende bien en casi todos los mercados de la opinión pública, y muchos partidos políticos que se sitúan en el irredentismo (izquierdista o nacionalista) se prestan a apoyar en las instituciones cualquier excentricidad. Y la que plantea el expresidente de la Generalitat de Cataluña lo es.

La imposibilidad de que tanto él como el exconsejero Comín puedan acceder al Parlamento Europeo, al igual, aunque por distintas razones, que Oriol Junqueras, suministra combustible a su causa y, en una medida que es difícil medir, la revivifica.

La capacidad del Estado español y de su servicio exterior es la que es (reducida) para establecer un contrarrelato. El único disponible es el que proporcionaron los cuatro fiscales de la acusación contra los dirigentes políticos y sociales del proceso soberanista ante la Sala Segunda del Supremo: se perpetró un “golpe de Estado” (una categoría coloquial pero no jurídico penal) que ellos subsumen en un delito de rebeldía, además de otros de malversación y desobediencia.

Pero la situación del 'procesado rebelde' Carles Puigdemont —y de los demás huidos de la Justicia española— comienza a plantear delicadas cuestiones de naturaleza jurídica y política. Y otra más grave de comprensión internacional de la situación en la que se encuentra. Es lógica la pregunta que se hace en algunos medios de comunicación internacionales: ¿por qué la Justicia española no reactiva la euroorden?, ¿por qué el instructor de la causa, Pablo Llanera, no hace uso de los instrumentos del acuerdo marco regulador de este sistema de cooperación internacional?

Lo hizo en su momento, pero en un caso se rehusó la entrega (Alemania) dado que la extradición se producía solo por presunta malversación (julio de 2018), y en otro (Bélgica) no se subsanaron supuestos defectos formales (mayo de 2018). Es sabido que el acuerdo marco de cooperación judicial contempla un mecanismo de entrega automática respecto de una treintena de delitos.

Una vez terminado el juicio del 'procés', y a la espera de la sentencia, parece exigible que se vuelva a cursar una nueva orden europea de entrega

Cuando la petición lo es por la comisión presunta de otros, hay que atenerse a un examen sobre la doble incriminación. Es decir, debe determinarse si en el Estado de acogida del fugado está tipificado, y cómo, el delito que se le imputa desde el país reclamante. La rebelión y la sedición son delitos que requieren indagar en la doble incriminación.

Sabida ya que esa es la gran dificultad, una vez terminado el juicio, y aun antes de que se dicte sentencia, dada la vertiginosa rapidez de los acontecimientos, parece exigible que se vuelva a cursar una nueva euroorden y aceptar la entrega del expresidente de la Generalitat bajo cualquier cargo, aunque pudiera suponer un agravio comparativo respecto de los delitos que la Fiscalía y la Abogacía del Estado imputan a los que le acompañaron en la asonada de septiembre y octubre de 2017 y respecto, también, de los graves delitos por los que está procesado. Es preferible que Carles Puigdemont sea entregado por un tipo penal de menor gravedad respecto de los imputados a sus colaboradores que mantenerle en Waterloo en campaña de denigración permanente contra nuestro sistema democrático.

Comienza a no entenderse en la comunidad internacional el 'statu quo' del 'procesado rebelde' y, aunque sea lamentable constatarlo, tampoco la inacción del órgano jurisdiccional competente y a la postre la no utilización de los mecanismos de defensa del Estado aunque no resulten plenamente satisfactorios a través de la euroorden.

Traer a España a Carles Puigdemont conforme a las normas internacionales de cooperación comienza a ser una exigencia ineludible, una responsabilidad indeclinable y la única manera de que el Estado se haga entender internacionalmente.

Por supuesto, la entrega a España del expresidente de la Generalitat por delitos menos graves de los que se han imputado en la causa del Supremo a otros responsables políticos y sociales del proceso soberanista —si finalmente la sentencia entiende que se perpetraron— crearía una situación compleja formal y materialmente. Pero la alternativa de que Puigdemont siga campando por sus respetos, mientras en España se le acusa de un 'golpe de Estado', no es una opción válida. Y mucho menos cuando culebrea el debate sobre la muy improbable inmunidad de los electos al Parlamento Europeo pero que no han podido acceder a su acta. El asunto va a debatirse en el Tribunal de Luxemburgo y tal proceso conlleva riesgos.

La entrega de Puigdemont por delitos menos graves que los imputados a los otros responsables del 'procés' crearía una situación compleja

Los demás países observan —con cierta perplejidad— que se utilizan más refutaciones dialécticas y políticas que medidas judiciales, lo que está lesionando adicionalmente el crédito de nuestra Administración de Justicia y no deja en el mejor lugar a nuestro Estado. Cierto es que ningún país en la Unión Europea imagina que sucediera bajo su jurisdicción unos hechos como los que protagonizaron Puigdemont, los encausados en el Supremo y los procesados en la Audiencia Nacional.

Pero es difícil también imaginar que ninguno de los países adheridos al acuerdo marco de cooperación judicial se resignase al quietismo español. Volver a reclamar la extradición del exdirigente catalán no es una decisión voluntaria del órgano jurisdiccional competente; es una obligación cuyo incumplimiento puede derivar en consecuencias indeseables. Este es un tema tan crucial como urgente.

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