Puigdemont, Pepona y una pica en Flandes

No puede extrañar que si Pere Aragonès i García, vicepresidente del Gobierno catalán y republicano, firma acuerdos con Otegi sobre la reclamación del derecho de autodeterminación, Carles Puigdemont haya confraternizado el pasado julio en Gante (Bélgica) con la terrorista de ETA Natividad Jáuregui (alias Pepona) a la que la Audiencia Nacional atribuye el asesinato de un teniente coronel y relación con otros cinco crímenes más. Esas vecindades tan arriesgadas son compatibles con otras del expresidente de la Generalitat con las ultraderechas flamenca e italiana, y a su vez con la defensa de los intereses rusos en medios de comunicación de aquel país en los que el dirigente separatista defiende la anexión de Crimea por las tropas de Putin y descalifica, frustrado, a la Unión Europea porque no atiende sus sedicentes demandas en defensa de la causa de la secesión de Cataluña.

Hoy se celebra en Bruselas la vista preliminar de la Orden de Detención y Entrega (ODE) remitida por el magistrado Pablo Llarena contra Carles Puigdemont por la comisión de los delitos de sedición y malversación, tras la sentencia dictada por el Supremo el pasado 14 de octubre. La Fiscalía es favorable a la reclamación española, como ya ocurrió en 2018, y no es improbable que la vista pueda suspenderse. La llamada euroorden sustituye desde enero de 2004 la extradición gubernamental, la despolitiza dejando la decisión a los jueces y crea un espacio de cooperación judicial basado en la confianza y homogeneidad de derechos y libertades en todos los territorios bajo la jurisdicción de los Estados de la Unión.

Carles Puigdemont no ha huido de la Justicia española a Bélgica por casualidad. Lo hizo en 2017 porque aquel país es un auténtico santuario para determinado tipo de delincuentes. Ahí está el caso de Pepona (que la Fiscalía española no da por perdido), la terrorista etarra que ha puesto en marcha un 'catering' muy utilizado por personalidades de la ultraderecha de Flandes, una de las tres regiones de ese Estado que es Bélgica cogido con alfileres, y que representa el 40% de la superficie belga (13.500 kilómetros cuadrados) y acumula el 60% de su población total. Una región europea tan rica que dispone de la mayor tasa de exportaciones per cápita del mundo. Su gobierno regional está dominado por una de las ultraderechas más duras del continente y por una derecha extremadamente conservadora. Europarlamentarios flamencos extremistas e independentistas forman grupo en Bruselas y Estrasburgo, además de con los polacos, con los tres escaños de Vox, integrando, con otros, el denominado Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

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En rigor, la ODE que debe tramitar el juez belga es muy sencilla en cuanto a la malversación ya que, tratándose de un delito de corrupción pública, no procede el examen de la doble incriminación (es decir, que también sea delito en Bélgica), tal y como señala expresamente el artículo 2.2 de la Decisión Marco del Consejo de la UE de 13 de junio de 2002 “relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros”. Entre esos delitos que no requieren de la indagación de la doble tipificación se encuentra el de terrorismo. Sin embargo, Bélgica no ha cumplido su compromiso como lo demuestra la estancia placentera de Pepona en Gante y, ahora, también, de Puigdemont en Bruselas.

La sedición no está entre los 32 delitos que exigen una automática entrega al Estado reclamante por lo que la Justicia belga realizará respecto de esta imputación un juicio de doble incriminación. No así respecto de la malversación (delito que en España se sanciona con hasta seis años de prisión e igual tiempo de inhabilitación) que es una variante de la corrupción que la UE se propuso castigar con una ODE inmediata. Bélgica podría, sin embargo, y para no alzaprimar a los ultras flamencos que acaban de apoyar a los separatistas en su parlamento regional, denegar la ODE de Puigdemont en su totalidad.

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La catedrática Teresa Freixas, una constitucionalista de prestigio europeo, declaró el pasado sábado en el diario 'El Mundo' que “si los tribunales belgas vuelven a negarse a la entrega del 'expresident' a la Justicia española, será un golpe mortal para la euroorden”. Y la propia Sala Segunda del Supremo advierte en la sentencia del 'procés' (página 159), tras lamentar la negativa de la Justicia alemana a entregar al dirigente secesionista por rebelión (sí lo hizo por malversación, aunque el magistrado Llarena no aceptó la entrega), que lejos de invocar ese precedente alemán como ejemplo a seguir, debía ser considerado como “la expresión de lo que puede acabar con el principal instrumento de cooperación judicial para preservar los valores de la UE”.

Las circunstancias han cambiado y si la Justicia belga entrega a Puigdemont solo por malversación, se aceptaría su regreso a España para ser juzgado por ese delito porque el expresidente y su camarilla son los estrategas de eso que Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, dice ofrece “visibilidad” al “conflicto”: los disturbios violentos. Cabe la posibilidad de que la Justicia española ponga “una pica en Flandes”, expresión sinónima de lograr un objetivo complicado y difícil. Pero si así no fuera, el Gobierno –cualquiera que fuere- debería desatar una crisis diplomática de las mayores consecuencias, reclamar en las instancias de la Justicia de UE (Tribunal de Luxemburgo) y provocar una revisión de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención y Entrega. España, como Estado, se juega mucho en este envite.