Sánchez tiene miedo

La inhabilitación de Torra como diputado catalán y la de Junqueras como eurodiputado, ambas acordadas por la Junta Electoral Central, convierten en agónica la investidura

Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Ejecutiva del partido. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Ejecutiva del partido. (EFE)
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El silencio de Pedro Sánchez ante los medios de comunicación, su callada por respuesta a las exigibles reclamaciones de explicación de los pactos que ha suscrito para lograr su investidura, sugiere que el presidente 'in pectore' tiene miedo a enfrentarse a los periodistas porque, por inanes que fueran sus preguntas (que no lo serían), el secretario general del PSOE no dispondría de contestaciones convincentes. Callar es evitarse una traición a sí mismo, pero también, como escribió Miguel de Unamuno, la "peor mentira".

Los muchos miedos de Pedro Sánchez ya los confesó entre abril y noviembre del pasado año. Le producían insomnio Iglesias y Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y le resultaba inaceptable apoyarse para gobernar en los independentistas. La crisis de Cataluña era de "convivencia" pero no un "conflicto político" y el presidente de la Generalitat era Le Pen en España, mientras se comprometía a repatriar a su predecesor huido en Waterloo. Pese a su acreditada inconsecuencia, el líder socialista no puede comparecer ante los medios para ofrecer una versión aceptable de la pésima gestión de los pactos para su investidura y, sobre todo, de la alteración radical de sus criterios y opiniones.

La temeridad de hacer depender la presidencia del Gobierno de España —más allá de que deba dialogarse con ellos— de los secesionistas catalanes le estalló este viernes por la tarde en el rostro al secretario general del PSOE. La Junta Electoral Central, contrariando las previsiones, acordó por una mayoría exigua, inhabilitar a Quim Torra como diputado autonómico catalán (lo que conllevará la pérdida de la presidencia de la Generalitat cuando se notifique la decisión) al estar condenado por desobediencia, un delito contra las Administraciones Públicas, que autoriza a la JEC a retirarle la credencial parlamentaria según el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En la misma sesión, el máximo órgano de la administración electoral acordó comunicar a Bruselas que también Oriol Junqueras está inhabilitado y no ha adquirido la condición de europarlamentario. Sánchez, en crisis de ansiedad, una manifestación patológica de la sensación de temor.

Por lo demás, si la investidura no se tuerce por las decisiones de la JEC, el socialista va a presidir —como él se temía— dos gobiernos. Lo acredita el hecho de que se hayan constituido dos mesas de seguimiento del pacto con Unidas Podemos que no es el central de la legislatura, sino un guion hiperbólico de propósitos (buenos, malos y regulares, a gusto de cada cual) para los que tanto el PSOE como los populistas carecen de mayoría a efectos de su materialización. Los auténticos pactos de legislatura —en lo que dure— son los suscritos con el PNV y con ERC que, curiosamente, no se han sometido a la aprobación de la militancia, sin que tampoco Sánchez haya explicado esta omisión. En los próximos tiempos, la estabilidad del Ejecutivo dependerá del cumplimiento de los compromisos que haya asumido con los republicanos y los peneuvistas, entre los que no se encuentra el de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un dato que acredita el puntual apoyo a la investidura y, al mismo tiempo, el renuente a la legislatura.

El acuerdo con ERC es tan precario como leonino (y, además, improbable tras lo sucedido este viernes) y no debería olvidarse que no ha sido suscrito por Unidas Podemos. Impone al futuro Gobierno una deconstrucción del Estado en su modelo territorial y le fuerza a una aventura tanto política como jurídica que de forma inevitable le llevará, si vuelve a capotar a las exigencias del partido de Junqueras del mismo modo que acaba de hacerlo, a colisionar con la Constitución y el Estatuto catalán. No hay que descartar que Sánchez haga de la necesidad virtud y que al orillar la Carta Magna se perciba como el gran actor constituyente que supere el sistema político-institucional de la Transición, que es la intención explícita de Unidas Podemos.

Aunque mucho más mercantil, el pacto (otro más) con el PNV insiste también en la deconstrucción del modelo de Estado constitucional al prever la aceptación de un nuevo Estatuto vasco que incorporará el derecho a decidir y que, de nuevo, trata de que Euskadi sea reconocida como una nación, no ya cultural, o lingüística, o histórica, sino política, en línea con la pretensión del independentismo catalán que se refuerza con la izquierda abertzale radical del inmarcesible Otegui que prestará la abstención de sus cinco diputados para que Sánchez siga alojado en la Moncloa por un tiempo más, a la vez que confraterniza con los de Junqueras.

En este punto, la derecha española —y entiendo por tal al PP y a lo que queda de Ciudadanos (100 escaños)— debe enfrentarse a una situación endiablada. Que lo es la que constituye esta agrupación de partidos que apoyarán a Sánchez y que son desafectos a la Constitución desde posiciones de izquierda. Pero sin desatender el enorme peligro de Vox al que Sánchez y sus socios han creado el ecosistema político y social más favorable para su desenvolvimiento y desarrollo, sin restar ni un ápice las responsabilidades que en su crecimiento feraz ha tenido la propia derecha a la que ahora también amenaza. Si en esos partidos hubiese una micra de audacia política, con la situación creada en la tarde de este viernes tras las decisiones de la Junta Electoral Central, la historia de la investidura de Sánchez podría acabar de manera diferente a como esta(ba) prevista.

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