Gobierno pretoriano

Pedro Sánchez ha inaugurado el pretorianismo político en España con un Ejecutivo blindado para controlar a su socio de coalición antes que a la propia oposición

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su investidura. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su investidura. (EFE)
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El 18 de julio del pasado año Pedro Sánchez vetó a Pablo Iglesias porque él necesitaba un vicepresidente que "defienda la democracia española" y que no se refiriese, en público y en privado, a "presos políticos", sosteniendo, para que no hubiese dudas, que el líder morado era "el único obstáculo para llegar a un acuerdo" con Unidas Podemos. Tras el fracaso del PSOE y de UP el 10-N, tanto Sánchez como Iglesias, de manera fulminante, se olvidaron de sus rencillas, se abrazaron en el Congreso y llegaron a la explícita conclusión de que su gobierno "progresista de coalición" constituía un "proyecto ilusionante".

A la vista del equipo ministerial que mañana presentará Sánchez al rey, se confirma que el presidente del Gobierno era más sincero cuando recelaba del secretario general de Podemos que tras las últimas elecciones generales. A diferencia de lo que afirmó Adriana Lastra, a ambos no les une el "espanto" que representan las derechas, sino el último fiasco electoral que les abocó a una colaboración de conveniencia, con los apoyos que Sánchez siempre declaró especialmente indeseables: los de los independentistas catalanes y vascos. No obstante, el presidente del Gobierno, más sincero en sus silencios que en sus discursos, se ha protegido de Iglesias armando un Gabinete de pretorianos que le blinden ante las veleidades, ideológicas, tácticas y semánticas de Iglesias y de los dirigentes de Unidas Podemos.

Las decisiones defensivas de Sánchez han sido tres. La primera ha consistido en la firma de un protocolo de denominación larguísima (de "coordinación, desarrollo y seguimiento" del acuerdo de gobierno) en cuyo primer párrafo se le recuerda a Iglesias y los suyos el artículo 98 de la Constitución según el cual "el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo", lo cual constituye una obviedad que el secretario general del PSOE quiere que resulte absolutamente redundante. También se apela al cumplimiento de la ley de Gobierno de 1997 que establece en su artículo 3.1 que los vicepresidentes ejercerán "las funciones que les encomiende el presidente", otra obviedad que Sánchez pretende convertir en una advertencia.

El protocolo para resolver diferencias entre PSOE y UP es un despropósito político porque parece un reglamento ejecutivo del programa de Gobierno y transmite una desconfianza invencible de Sánchez hacia Iglesias, especialmente en lo que tiene que ver con la afición mediática del segundo y en su acreditada propensión al criticismo más exacerbado. El documento crea, además, un entramado de comisiones ("comisión permanente del acuerdo", "comisión de seguimiento parlamentario") que, de facto, establece una réplica oficiosa de lo que debería ser la colegialidad y solidaridad del Consejo de Ministros, y se cuida de plantear una "estrategia de comunicación conjunta" que teje una red de controles para que desde Unidas Podemos no se produzca ni un solo desliz ante los medios de comunicación.

Teresa Ribera. (EFE)
Teresa Ribera. (EFE)

Además del protocolo de "seguimiento" del acuerdo de gobierno, y como segunda medida preventiva, Sánchez ha puesto a prueba a Iglesias con un nombramiento no acordado en las muchas semanas de conversaciones entre ambos: el de Teresa Ribera como vicepresidenta. Así, la condición vicepresidencial de Iglesias (sería el segundo, tras Carmen Calvo que sustituirá al presidente en caso de ausencia) se diluye, pero no solo, porque al incorporar el ministerio encargado de luchar contra el cambio climático y la despoblación, Ribera se solapa con la Agenda 2030 de la ONU, competencia del morado, lo que augura fricciones por completo inevitables.

Pero, además, el blindaje lo amplía Sánchez a las relaciones con los medios de comunicación: la portavoz del Gobierno será María Jesús Montero, que ostentará, a la vez, el crucial ministerio de Hacienda. La andaluza es una mujer de una energía política extraordinaria, desenvuelta, ocurrente y de reflejos rapidísimos. Cuenta con el favor de la prensa por su accesibilidad y es capaz de driblar al más baqueteado entrevistador/a con un torrente de palabras, giros y escaramuzas verbales. A esas habilidades, Montero añade otra: sabe ocupar espacios. De modo que poco le quedará para moverse a Unidas Podemos.

Todas estas medidas se inscriben en una táctica de riego noticioso por goteo: desde la Moncloa dejan caer con una frecuencia pautada quiénes serán ministros y quiénes no, y es seguro que cuando se conozca la íntegra estructura orgánica del Gobierno (se aprueba por Real Decreto) habrá sorpresas, lo mismo que cuando se apruebe la norma que crea y determina la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno, órganos de preparación de asuntos que acaban, por lo general, en el Consejo de Ministros. Al loro: veremos si alguna de ellas la preside Iglesias u otros de los ministros de su grupo parlamentario.

La guardia pretoriana era la que escoltaba y protegía a los emperadores romanos y el pretorianismo político se ha definido como una forma de gobierno especialmente orientada a controlar las decisiones y proteger los intereses de una facción, entendida en este caso como las que adopte y afecten al PSOE en el Gabinete de Sánchez. Por eso, este no es propiamente un Gobierno "progresista de coalición", sino un gobierno pretoriano y de marcado perfil económico alejado de las tesis populistas. Y no podía ser distinto porque Sánchez e Iglesias, por las malas (antes), o por las buenas (ahora), siguen manteniendo una pelea insomne.

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