Dolores Delgado, "pues ya está"

Sánchez ha alterado los paradigmas de la política española y el sistema camina hacia un modelo iliberal del que el manoseo a la autonomía de la Fiscalía es solo un síntoma

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Dolores Delgado, en una imagen de archivo. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Dolores Delgado, en una imagen de archivo. (EFE)
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¿Sorpresa?, ¿indignación?, ¿error? En absoluto: Pedro Sánchez ya le adelantó al buen amigo y gran profesional Íñigo Alfonso ('Las mañanas de RNE' del 6 de noviembre pasado) que la Fiscalía dependía del Gobierno. La afirmación no fue directa si no oblicua y terminó con un rotundo “pues ya está”. Es cierto que al día siguiente (a solo tres de las últimas elecciones), el todavía presidente en funciones rectificó: “La Fiscalía es autónoma. No fui preciso, son muchas entrevistas”.

Casi todos dieron por buena la excusa porque ¿cómo el candidato socialista a la presidencia del Gobierno iba a atribuir al Ejecutivo una relación de jerarquía con el Ministerio Fiscal en abierta contradicción con su Estatuto Orgánico, una ley de 1981 que lo consagra como un “órgano de relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” y que, además, “ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”?

Pedro Sánchez ha vuelto a hacerlo. No dormía con Podemos en el Consejo de Ministros y ya lo hace con cinco ministros bajo la disciplina morada. Vetó a Iglesias y ahora le abraza como socio y como vicepresidente. No se iba a apoyar en los independentistas y sin ellos no hay Gobierno. No descolgaba el teléfono a Torra y ya ha quedado con él —incluso inhabilitado por el TSJC y retirada su acta de diputado autonómico por la Junta Electoral Provincial de Barcelona— para echar a andar la mesa intergubernamental acordada con ERC. Nombrar a Dolores Delgado, hasta este lunes ministra de Justicia, fiscal general del Estado, está en la línea de los zigzagueos del presidente del Gobierno que lo configuran como un político increíble (consultar las acepciones de este término).

La impavidez con que Pedro Sánchez distancia sus palabras de sus hechos es su forma peculiarísima de entender el ejercicio del poder a la que deberíamos estar ya acostumbrados. Este presidente, al frente de este Gobierno y liderando el PSOE, ha alterado los paradigmas de la política en España y hasta que sus adversarios —incluso los militantes socialistas— no salgan de la perplejidad que les provoca su ufanía, no podrán articular una oposición eficaz que neutralice la arbitrariedad con la que se maneja. Se puede adjetivar la decisión de nombrar fiscal general a la exministra de Justicia tanto como se quiera, pero no será un florilegio de desahogos el que sirva para los dos objetivos que ahora son necesarios: 1) hacer entender a la opinión pública que estamos ante una clara desviación de poder del presidente y de su Gobierno y 2) que en un Estado de derecho los actos gubernamentales son, en la mayoría de los casos, reglados y, por lo tanto, impugnables ante los tribunales competentes.

Dolores Delgado, "pues ya está"

Por lo demás, es muy importante tener en cuenta que el nombramiento —que corresponde al Rey— lo propone el Gobierno (el Consejo de Ministros) solidariamente (también Iglesias y sus ministros de cuota), con dos requisitos previos: que sea “oído” el Consejo General del Poder Judicial y que la interesada comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso. Quizás en esos trámites, la exministra de Justicia tenga alguna dificultad y, tal vez, refriegas verbales. Pero —y aunque se impugne su nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo— la reflexión política e institucional debe ser más profunda y consiste en advertir del vaciamiento por vía de hechos consumados del modelo constitucional que entrega (artículo 124 de la CE) al Ministerio Fiscal unas funciones esenciales en el sistema democrático que van a ser administradas por una exdiputada (dejará el acta) del PSOE, exministra, con identidad de criterios ideológicos y tácticos con el presidente del Gobierno. Y con un historial ministerial manifiestamente mejorable.

El sistema democrático español camina hacia la perversión del iliberalismo, aunque sea de signo solo aparentemente diferente a otros que tanto indignan a muchos de los que, como sabuesos, descubren 'fachas' hasta debajo de las piedras. En realidad, convertido el PSOE en una plataforma al servicio del líder más que en una organización partidaria, convergen todos los ingredientes iliberales: el populismo izquierdista de Unidas Podemos y el reaccionarismo de los ultranacionalismos de ERC y EHBildu, todo ello vigilado por el ojo mercantil del PNV y apuntalado por algunos localismos que pretenden así salir del abandono y el olvido. En estas circunstancias, manosear con grosería la autonomía del Ministerio Fiscal no deja de ser un síntoma de lo que ocurre y un augurio de lo que está por venir. Y cuando suceda, todo quedará rubricado: “Pues ya está”.

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