Ni privatizar al Rey ni dejarlo a la intemperie

Cuenta Juan Pablo Fusi, en su magnífico 'Ideas y poder. 30 biografías del siglo XX', que Manuel Azaña, el hombre que quintaesenció en su persona los defectos y las virtudes de la malograda II República española, no “rompió definitivamente con la monarquía de Alfonso XIII hasta el golpe militar del general Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923. Militó desde 1913 en el Partido Reformista, el partido de izquierda moderada que en 1912 fundara Melquíades Álvarez, que siempre prefirió la unión con la izquierda monárquica a la colaboración con la oposición de republicanos y socialistas”.

De esta reflexión —no nueva, pero sí actual— se deduce un principio político constante: las monarquías parlamentarias solo tienen un pleno sentido contemporáneo si militan permanentemente en el marco constitucional democrático y de derecho. O en otras palabras, si los titulares de la Corona, al asumir la jefatura del Estado, se mantienen fieles a la Constitución contra viento y marea. Es, exactamente, lo que hizo Juan Carlos I y es lo está haciendo, con escrupulosidad, Felipe VI. Su discurso de este lunes ante las Cortes Generales refleja exactamente que es un Rey para todos. Tan innecesario y contraproducente es quererle demasiado, como dejarle indefenso y a la intemperie en una magistratura que se desenvuelve con meros poderes arbitrales y simbólicos.

Esa adhesión del Rey a la Constitución como paradigma de los derechos y libertades, como gran garantía de unidad de la nación y, al tiempo, aseguramiento de los autogobiernos de las nacionalidades y regiones de España, y en definitiva, ese acoplamiento entre lo que hace y dice el jefe del Estado y lo que le permite —y ordena— que haga y diga la Constitución, hace arraigar la monarquía parlamentaria en el sistema político, en el aprecio social y convence a los demócratas, sean monárquicos o republicanos, de que la forma de Estado es accidental porque lo sustancial es —como muy bien ha explicado Javier Cercas— la calidad de la democracia.

Se ha escrito, tanto por ese autor como por el historiador catalán Jordi Canal ('La monarquía del siglo XXI'), que “las monarquías de Juan Carlos I y Felipe VI han sido y son republicanas”. Canal recuerda cómo otro historiador francés, Philippe Nourry, “subtituló su libro sobre el primero de los monarcas 'un rey para los republicanos'. Buena parte de los republicanos de corazón —continúa Canal— acabaron convirtiéndose en 'juancarlistas' de cabeza”. Pues bien: con Felipe VI está ocurriendo como con su padre, el Rey fundacional de la democracia. Porque el jefe del Estado, en un maremágnum de tensiones y contradicciones en el sistema democrático, ha combinado un estricto cumplimiento de sus competencias constitucionales con una actitud personal serena, realista y respetuosa, incluso, y especialmente, con sus detractores.

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Como este lunes ocurrió con la solemne apertura de la legislatura, hay grupos que se manifiestan abiertamente antimonárquicos y no desaprovechan ocasión para expresarlo de manera pública y ostentosa, confundiendo la discrepancia con la falta de respeto institucional. Esa disidencia con la Constitución que consagra la forma monárquica del Estado no deja de ser una excusa para arremeter contra la Carta Magna en su conjunto, contra el sistema, que por una razón o por otra, detestan.

Solo los pusilánimes podrían alarmarse ante estas muestras de impugnación hacia la monarquía parlamentaria que se suman a otras sobre el modelo territorial, el económico-social y el representativo. Y tan mal favor hacen a la monarquía parlamentaria quienes vitorean al Rey desde la tribuna del Congreso privatizando la institución, como aquellos otros que no le defienden de quienes le atacan creyendo que la crítica es 'ad personan,' cuando, en realidad, la embestida es al sistema.

Por lo demás, tranquilidad. Ni las adhesiones exclusivistas de unos, ni los distanciamientos institucionales de otros ni las furibundas expresiones antimonárquicas de los menos ponen en riesgo la forma monárquica del Estado. Sencillamente, porque en ella se percibe estabilidad, sobriedad, sentido de la responsabilidad, discreción y garantía de continuidad de la propia Constitución, muy al contrario de lo que muestran los comportamientos de buena parte de la clase dirigente que, según el CIS (barómetro del pasado mes de enero), es un factor prevalente en la preocupación de los españoles. Mientras en España no ocurra como en el Reino Unido, no habrá que preocuparse más de lo preciso.

Aquí no habrá un jefe de Gobierno que obligue a Felipe VI a cerrar las Cortes Generales como Boris Johnson a Isabel II. Como tampoco habrá fuerza política capaz de que la institución a la que la Constitución encomienda la protección última de la “unidad e integridad del Estado” incumpla ese compromiso. Las obligaciones del Rey son esenciales y la pretensión de que sus palabras o sus comportamientos sean circunstanciales e intrusivos desatienden la naturaleza suprapartidista y permanente de la Corona, que ha demostrado con la abdicación de Juan Carlos I su capacidad de regeneración.

Felipe VI, en su corto e intenso reinado —en junio hará seis años de su proclamación—, ha tenido dos interlocutores en la presidencia del Gobierno (Rajoy y Sánchez). Es más que previsible —seguro— que tendrá algunos más. Porque, hoy por hoy, esta monarquía 'republicana' es garantía de democracia. Y, siguiendo a Azaña, el problema de España ha sido siempre su abrupta relación con las libertades. De ahí que hasta sea democráticamente higiénico que se produzcan libérrimos desahogos antimonárquicos como los de este lunes, porque, siguiendo al monarca, la España democrática es de todos y para todos. Incluso para los que la aborrecen.