Ofensiva republicana y el Rey impertérrito

Los partidos políticos que no aceptan la forma de Estado —la monarquía parlamentaria— que es parte sustancial del pacto constitucional de 1978, nunca dispusieron ni de una oportunidad como la que les ofrece la expatriación de Juan Carlos I, ni de la fuerza representativa que acumulan en el Congreso de los Diputados que podría cuantificarse entre los 65 y 70 escaños de un total de 350. Es, en consecuencia, de una lógica aplastante que traten de rentabilizar para su causa la crisis que ha provocado la conducta —de momento irregular y eventualmente ilegal— del rey emérito y el impacto de su traslado a un país extranjero para una estancia indefinida y, que salvo comparecencia obligada ante la justicia, sea posiblemente definitiva.

Habría que asumir con naturalidad que el republicanismo español —siempre irredento tras sus dos fracasados intentos en el siglo XIX y en el XX tiene derecho a expresarse, aunque debería hacerlo de un modo distinto a como lo hacen ahora sus portavoces que persisten en los modos y maneras más propias de activistas subversivos que en los que caracterizan a los dirigentes de corrientes de opinión con alternativas políticas e institucionales solventes.

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La tosquedad del discurso republicano del secesionismo catalán, comandado por un Joaquim Torra sin crédito alguno, o la incoherencia de los dirigentes de Podemos que forman parte del Gobierno de coalición, tras haber jurado en la Zarzuela "lealtad al Rey" y compromiso con la defensa de la Constitución, provocan una sensación de oportunismo tan evidente que vacía de credibilidad su pretensión. No es que su discurso sea inocuo, que no lo es, pero es evidente que resulta inverosímil, mucho más en un contexto histórico en el que coincide la crisis de la Corona con otras tan graves como la sanitaria, la económica y la social. Por lo demás, que la izquierda más extrema de este país coincida con la derecha más extrema del independentismo catalán da la clave: la ofensiva contra la monarquía es la coartada para derruir el sistema, el hilo del que tirar para deshacer la madeja constitucional.

La pretensión republicana quedó desactivada en la Constitución de 1978 por la propia izquierda que obtuvo logros históricos. Alterar la forma de Estado implica, desde entonces, no ya una reforma de la Carta Magna, sino la apertura de un proceso constituyente impracticable en nuestro país por la correlación de fuerzas parlamentarias, e ininteligible en la Unión Europea en la que no se producen vuelcos de esa naturaleza desde el final de la II Guerra Mundial. De modo que si hay que afrontar un debate sobre la monarquía y la república, habrá que aceptarlo en buena lid, con argumentos rigurosos y sin perder de vista que, como ha recordado el presidente del Gobierno a los militantes del PSOE, la forma de Estado es parte indisociable de la Constitución de 1978.

Dicho lo cual, causa una cierta perplejidad que un sector de la derecha política y mediática esté propinando patadas a Pedro Sánchez en el trasero de Felipe VI. Al afirmar sin rebozo que el Rey está poco menos que cautivo de las supuestas presiones del presidente del Gobierno, se convierte al jefe del Estado en una instancia subordinada que actúa a rebufo de la Moncloa. Sencillamente no es así y nunca lo ha sido. Ni con Juan Carlos I ni con Felipe VI. El actual Rey, por razones generacionales y de tiempo histórico, es mucho más consciente de la significación de su magistratura y sabe que tiene la obligación de defender la institución que encarna con una exigente escrupulosidad. Y lo está haciendo desde junio de 2014 de manera impertérrita. Es decir, sin turbación, con contención emocional y cálculo de estadista.

Todas las medidas que ha tomado Felipe VI en relación con la organización de su Casa y con su familia, ¿las ha adoptado por presiones de Mariano Rajoy entre 2014 y 2018 y de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020? No parece que el Rey haya actuado al dictado de nadie al reducir drásticamente la familia real, establecer un código de conducta para los empleados de su Casa sometiéndola a las normas de transparencia, al implantar una normativa estricta sobre los regalos que pueda recibir la familia real, al revocar el título ducal a su hermana Cristina, al ordenar el apartamiento de su padre de actos de representación de la Jefatura del Estado, al decidir la suspensión de su asignación presupuestaria, al renunciar simbólicamente a la herencia que le pudiera ser diferida de fondos opacos o presuntamente ilegales o al suprimir la secretaría personal del rey emérito y al sugerirle terminantemente su expatriación. Esas determinaciones, algunas muy duras por su condición de hijo y hermano, se deben a su voluntad de regenerar la institución que era el objetivo que se marcó en su discurso en el acto de proclamación ante las Cortes Generales tras la abdicación de su padre.

Opinión

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Contra Sánchez no vale todo. No vale atribuirle la capacidad de manipular al Rey con tal de acumular una crítica más al presidente del Gobierno, a costa de disminuir la capacidad de decisión del monarca. Porque el que sale malparado de esa miope confrontación es Felipe VI y no el secretario general del PSOE que se debate, eso sí, en una grave contradicción como es la que representa gobernar con Unidas Podemos, y, por lo tanto, también con los 'comunes' catalanes, especialmente adversarios del sistema político en el que cogobiernan con los socialistas y tan próximos al independentismo en Cataluña.

No obstante, y subrayando esta incoherencia —que se repite en otros muchos asuntos trascendentes—, Pedro Sánchez ha renovado con claridad el compromiso del PSOE con la Constitución y con la monarquía parlamentaria. Su palabra tiene escasa densidad, cierto, pero en este episodio ha estado en el lugar histórico en que se situó su partido desde el inicio de la democracia. Otra cosa es que con la expatriación de Juan Carlos I se haya demostrado que la coalición del PSOE en el Gobierno con Unidas Podemos y los acuerdos parlamentarios con ERC y similares resulten, de continuo, pactos muy difíciles de sostener.

Pedro Sánchez es un maestro en relativizar la importancia y trascendencia de determinados hitos que son objetivamente graves como la actitud de sus aliados respecto de la forma constitucional del Estado. Pero está llegando el momento en el que los desacuerdos sobre asuntos tan sustanciales como este reducen a la mínima expresión aquellos otros en los que convergen morados y socialistas. Si determinada derecha tuviese un mínimo sentido estratégico trataría el trance por el que pasa la Corona y Felipe VI sin coincidir con las tesis republicanas que retratan al Rey como un "cautivo" de Moncloa y a Sánchez como un quintacolumnista de la improbabilísima III República.