También Josu Ternera era un legítimo parlamentario vasco

En septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condenó a Arnaldo Otegi, actual líder de Sortu, el principal partido de la coalición denominada EH Bildu, a 10 años de prisión por pertenencia a la banda terrorista ETA. El Supremo rebajó la condena a seis años y medio por entender que no podían atribuírsele labores directivas de la organización criminal, pero sí el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. El Tribunal Constitucional desestimó su recurso de amparo, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anuló en 2018 la resolución inicial, al entender que se vulneró la garantía a un enjuiciamiento imparcial. El pasado día 14, el pleno de la Sala Segunda del Supremo, no de oficio, sino a petición del ministerio fiscal, acordó que se repita el juicio oral del llamado caso Bateragune y se dicte una nueva sentencia.

Esta decisión fue adoptada por unanimidad de todos los magistrados (16) y se tomó a instancias de la Fiscalía, que entiende que el Tribunal de Estrasburgo no absolvió a Otegi, sino que detectó una quiebra de la garantía procesal de imparcialidad, de tal manera que se deberá repetir el juicio. Si la nueva resolución es condenatoria, Otegi ya habría cumplido la condena; y si es absolutoria, probablemente tuviera derecho a una reparación indemnizatoria. En todo caso, aquí ni hay 'venganza' ni supuestos propósitos políticos torticeros para quebrar las políticas gubernamentales. Otra cosa es que Otegi y Bildu, de un modo precipitado y dudosamente ético, se hayan convertido en aliados parlamentarios y políticos de Pablo Iglesias y, por extensión, del Gobierno.

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Los escaños de que dispone el 'abertzalismo' radical, que defiende el terrorismo de ETA como un 'conflicto' entre Euskadi y los Estados español y francés, son legítimos. También fue legítima la elección como parlamentario vasco de Josu Ternera en los comicios del 25 de octubre de 1998, por la circunscripción de Vizcaya, y designado en 1999 miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. En noviembre de 2003, huyó de España tras ser imputado por el atentado a la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, en el que ETA asesinó a cinco niños, dos mujeres y cuatro guardias civiles. Fue detenido finalmente en enero de este año y está próxima su extradición a España desde Francia. La democracia es el menos imperfecto de los sistemas políticos representativos, pero no es infalible.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están cometiendo un error moral que hasta los propios nacionalistas subrayan. Escribía el pasado 17 de noviembre Iñaki Anasagasti, exportavoz del grupo nacionalista en el Congreso, que “para entender lo que está pasando con Bildu, no hay que ir muy lejos. Muchos, no todos, de sus comisarios con mando en plaza fueron miembros de ETA, de aquella HB radical que servía de vivero a los comandos de ETA o participaba de aquella filosofía revolucionaria que se erigía en representación absoluta del pueblo vasco. Todos los crímenes los hacía en nombre de un pueblo que jamás le otorgó esa licencia para matar, secuestrar, robar y extorsionar” ('eldiario.es').

Ni Otegi ni su partido Sortu, el núcleo duro de EH Bildu, han consumado la más mínima autocrítica. Mi colega Luis Rodríguez Azpiolea, un periodista solvente y esforzado por la integración de la izquierda 'abertzale' en el sistema democrático, escribió en 'El País' hace poco más de un año (7 de noviembre de 2019) un artículo titulado “Regresión en la convivencia vasca” en el que constataba que “Bildu esgrime un relato de ETA incompatible con el papel que tuvo la sociedad de Euskadi en su final”, y añadía: “Sortu no solo rehúye la autocrítica del pasado violento sino que está mostrando una clara regresión”. Lo legítimo no siempre es ético. Y una elección popular no redime de según qué responsabilidades.

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Para Iglesias y para el Gobierno, el regreso de Otegi al banquillo, por una parte, y la persistencia en la negativa a una reflexión retrospectiva condenatoria del terrorismo de ETA, por otra, son circunstancias presentes que afrentan a la dignidad colectiva, por más que quiera vestirse la operación con excusas de mal pagador. Es cierto que el independentismo vasco tiene legitimidad para serlo en una democracia no militante como la española, pero ¿con estos líderes?, ¿con estas actitudes?, ¿con estos planteamientos destructores del sistema constitucional que les ampara? Una cosa es que se sienten en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero otra muy distinta, que se incorporen a la mayoría de la 'dirección del Estado'.

Por lo demás, este asunto no ha terminado. Cuando las autoridades francesas entreguen a José Antonio Urruticoechea ('Josu Ternera') a España para ser juzgado, Sortu —con Otegi a la cabeza— va a dar, otra vez, la medida de sus intenciones y propósitos, situando al Gobierno en una tesitura cívicamente imposible. Listar los nombres de los dirigentes de Sortu-Bildu es un ejercicio afrentoso a la dignidad de cientos de miles, de millones, de ciudadanos, y ese mensaje, con toda la serenidad, debe quedarle claro al Gobierno.

El 'abertzalismo' radical que guarda el legado de ETA no está maduro ni ética ni políticamente para el juego político convencional. Su intención es reventadora: “tumbar el régimen”. Tal y como lo expresó el 12 de noviembre pasado Arkaiz Rodríguez, secretario general de Sortu, en el Parlamento vasco. No conviene suponer que esas y otras palabras se las lleva el viento. Son una amenaza en toda regla y tratarán de ejecutarlas.