Las tres derivas del PP y Cs: Madrid, CyL y Cataluña

A un temporal 'histórico' se correspondía una respuesta igualmente 'histórica', y sin embargo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid reconoce las dimensiones extraordinarias de la tormenta Filomena y de las bajas temperaturas posteriores, pero muestra su impotencia gestora. Bien cumplidos los nueve días de la gran nevada, Madrid sigue colapsada: apenas la mitad de las calles están limpias de hielo y nieve, las basuras siguen sin recogerse en muchos de los distritos de la ciudad —con riesgo ya para la salud— y los colegios permanecen cerrados. Y vienen lluvias.

Se pensaba que Almeida, además de un político de buenas maneras, tenía capacidad de gestión más allá de la administración ordinaria. Estamos descubriendo que cuando sus habilidades se han puesto a prueba, ha fallado. Antes del temporal, porque no previno; después, porque no ha reparado sus consecuencias en un tiempo razonable. Puede deteriorarse muy seriamente eso de que la derecha gestiona mejor que la izquierda, porque el colapso de Barajas y el de la urbe no difieren demasiado. Esta es una deriva del PP y Cs en Madrid que pocos de sus electores esperaban.

Tampoco se esperaba que un Gobierno de ambos partidos, el de Castilla y León, infringiera el real decreto de estado de alarma que tiene valor material de ley y cuya prórroga hasta el 9 mayo apoyó el grupo parlamentario de Ciudadanos. La tal disposición es un despropósito, pero el PP pudo hacer como Vox e impugnarlo ante el Constitucional. No lo hizo, y populares y naranjas se lo han saltado olímpicamente en la comunidad más extensa de España. Han ampliado dos horas —sin la más mínima competencia para ello— el confinamiento nocturno. A las 20:00, los castellanoleoneses deben estar recluidos en su casa, cuando la comunidad solo está autorizada a disponer de una horquilla de toque de queda entre las 22:00 y las 7:00 del día siguiente. Es posible que se amplíe, pero hasta que no se haya modificado el decreto del estado de alarma, hacerlo unilateralmente es ilegal. En esos horarios —lo dice expresamente la disposición—, no cabe “modulación” por las autoridades autonómicas.

¿Es grave esta infracción del real decreto de estado de alarma? Lo es porque afecta a un derecho fundamental: el de libertad de circulación (artículo 19 de la Constitución). La norma puede ser mala técnicamente, pero si está dictada por quien puede —el Gobierno— y prorrogada por el Congreso, hay que cumplirla, al tiempo que recurrirla. Y no hacerlo es una desobediencia. De modo que cuando Casado y Arrimadas vayan al Parlamento a pedir a Sánchez y a los independentistas que la cumplan, esa u otras, les van a poner la cara como un pan.

A la deriva de la gestión en Madrid y a la desobediencia grave en Castilla y León, los populares y los naranjas han añadido su complacencia con la cacicada de los independentistas en Cataluña. El Decreto 1/2021, de 15 de enero, dictado por Aragonès no desconvoca, y vuelve a convocar, las elecciones autonómicas. Sencillamente, las suspende y anuncia —insisto: no convoca— que se celebrarán el 30 de mayo, previo análisis “de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña”. O sea, que el Gobierno en funciones —que convocó por mandato estatutario— ahora suspende 'sine die' las elecciones y lo hace sin ninguna cobertura legal. Le asisten en su ilegalidad el PP y Ciudadanos, porque es más fuerte la pulsión contra Illa y el PSC-PSOE que la convicción de ambos partidos de mantener sólido el ordenamiento jurídico.

El Gobierno, por su parte, está dejando hacer, porque carece de autoridad moral para exigir lo que sus políticas tampoco amparan

En la disposición adicional única del real decreto de declaración del estado de alarma, se decía expresamente que su vigencia “no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos autonómicos”. Más claro, agua. De nuevo, ocurrirá en Barcelona lo que en Madrid: cuando los portavoces del PP y Ciudadanos les pidan a los independentistas que cumplan la ley, les van a poner este asunto por delante y a ver cómo lo sortean.

El Gobierno, por su parte, está dejando hacer, porque carece de autoridad moral para exigir lo que sus políticas tampoco amparan. Ha recurrido la desobediencia del Gobierno castellanoleonés, pero sin pedir la suspensión inmediata de su decisión de ampliar ilegalmente el confinamiento nocturno (es decir, lo consiente, porque el Supremo tardará dos o tres semanas en pronunciarse), y tampoco ha llevado a los tribunales el sedicente decreto de suspensión de las elecciones en Cataluña. Vox ha anunciado recurso y ya lo han interpuesto varios colectivos y entidades que sí han solicitado medidas cautelarísimas. El Tribunal Superior de Justicia se pronunciará de inmediato sobre si suspende el decreto o lo mantiene y resuelve sobre el fondo de la impugnación en sentencia definitiva.

La ley no se cumple en España. No lo hace este Gobierno en ocasiones, pero es que esa práctica la han asumido también el PP y Ciudadanos. Ya advierten Levitsky y Ziblatt en 'Cómo mueren las democracias' de que “las crisis de seguridad son momentos de peligro” para estos sistemas que consagran la libertad bajo el imperio de la ley. España está siendo un buen ejemplo de que ambos tienen razón.