La investigación de las 'matrioskas', Juan Carlos I y su increíble primo Orleans

La incoación de un expediente de inspección fiscal a Juan Carlos I abre un boquete por el que el ministerio fiscal no tendría otra alternativa que entrar para judicializar ante el Tribunal Supremo (Sala 2ª) posibles responsabilidades penales del emérito por presunto delito fiscal. Hasta el momento, las conductas del padre de Felipe VI no parecían perseguibles criminalmente por el paraguas de la inviolabilidad, de la prescripción y de las dos regularizaciones fiscales voluntarias. Pero estas últimas deben pasar por el filtro de la Agencia Tributaria y la efectuada en febrero por impagos del IRPF —rentas en especie— ha abierto nuevas expectativas en las investigaciones de la Administración tributaria. No se trata ya de una mera comprobación sobre la veracidad de la regularización de Juan Carlos I, sino de una inspección en toda regla. A la representación del emérito —el letrado Javier Sánchez Junco— se le ha reclamado documentación adicional porque en la propia regularización aparecen cantidades y cuentas que Hacienda no tenía controladas.

Ha decaído —y este es un aspecto especialmente importante— la excusa absolutoria que para los delitos fiscales establece el artículo 305 del Código Penal. Porque tal excusa solo detiene la acción judicial si la regularización se produce antes “de que por la Administración tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigaciones tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización”. Estamos en este supuesto, de tal manera que si la Agencia Tributaria localiza importes por IRPF, o por otros tipos impositivos, que hubieren sido defraudados por Juan Carlos I, superasen el importe de 120.000 euros de cuota a pagar y no hubieren prescrito, deberá trasladar el expediente al ministerio fiscal para que, después de ser nuevamente examinado, se proceda judicialmente contra el anterior jefe del Estado. Estamos ante una posibilidad que hasta el momento parecía lejana. Ahora, además de verosímil —siempre lo fue—, sería hasta probable produciéndose el 'peor escenario' de los manejados por Moncloa pero también por la Zarzuela.

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Según fuentes de la investigación, las indagaciones sobre el patrimonio —acreditado o supuesto— de Juan Carlos I se asemeja al juego de las muñecas rusas ('matrioskas'), porque se abre un asunto y aparece otro en su interior y luego otro y otro, de tal manera que la búsqueda se prolonga por la dinámica de lo que se va localizando. Se están observando, según fuentes fiscales, patrones de comportamiento de determinados 'peones' del Rey emérito en todo similares, comportamientos de mediación (presuntos testaferros) que han actuado conforme a un mismo guion y que, en último término, conducen a escenarios que es preciso escudriñar. Más en concreto: la inspección actual está referida a los pagos de la fundación Zagatka, de la que es titular el primo lejano del emérito Álvaro de Orleans, un personaje 'oscuro' y que resulta del todo 'increíble'. La Fiscalía, por pura lógica, no parece asumir que Orleans haya pagado los gastos de Juan Carlos I —no solo sus viajes en avión privado, sino también otros— por mera liberalidad, sino por un mecanismo presuntamente delictivo: comisiones, concepto delictivo que comienza a disponer de una probabilidad que hace unos meses no tenía. “El blanqueo de comisiones es de diabólica probanza y difícil investigación” confirman fuentes fiscales.

Álvaro de Orleans ha acudido a la llamada —su declaración era voluntaria— de la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha reiterado que el dinero con el que sufragó los gastos de Juan Carlos I era de su propiedad y ha vuelto a negar que sea un testaferro. Su credibilidad, sin embargo, es mínima. Muchas personalidades de las finanzas y la empresa le recuerdan hace 20 años asistiendo a las reuniones de organizaciones como Cotec, una fundación para la innovación creada en 1990, presidida honoríficamente por el rey Juan Carlos, y que cuenta con hasta 90 patronos. Alguno de ellos, ya fuera de las empresas representadas, recuerdan al primo del emérito acudiendo a las reuniones sin que se supiera en calidad de qué concurría. Las sospechas sobre este personaje que resulta excéntrico a los investigadores de la Agencia Tributaria, pero también a la Fiscalía, no hacen sino aumentar, como le ocurre al fiscal suizo Yves Bertossa, que tiene abierta una investigación sobre el supuesto patrimonio del emérito desde 2018 y en su objetivo investigador a su primo.

Fuentes fiscales subrayan la velocidad de la investigación y afirman que el alargamiento se debe también a su complejidad

La conclusión de las diligencias indagatorias de la Fiscalía se demoran 'sine die'. Se explica que la decisión que se tome —archivarlas con un relato de lo investigado o judicializarlas ante el Supremo— debe ser “certísima”, es decir, completa y que haya agotado todos los recursos indagatorios. Pese a que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal impone plazos a estas averiguaciones prejudiciales (artículo 5º), cabe la prórroga motivada para dilatarlas cuanto sea necesaria. Fuentes fiscales subrayan que la velocidad de la investigación es superior a otras importantes y que el alargamiento se debe también a su complejidad y a que “implican comisiones rogatorias en curso ahora a Irlanda, Suiza, Mónaco y Jersey”. Respecto al supuesto patrimonio del emérito en Jersey —que él niega—, la Fiscalía no desiste por la localización de indicios relatados en este diario por José María Olmo y Beatriz Parera.

Si no hay archivo de las diligencias y se llega a lo que la Fiscalía denomina “punto ciego”, de tal manera que fuera necesario para avanzar en la indagación la declaración de Juan Carlos I, la Fiscalía no se plantea llamarle —no tendría obligación de acudir— y por lo tanto judicializaría la investigación ante el Supremo para que, con plenas garantías procesales, el emérito declarase ante un magistrado designado al efecto. Ese es el límite que se marcan los fiscales. Sus averiguaciones, por lo demás, gozan de “autenticidad”, según la normativa que las regula, aunque una eventual instrucción tiene la obligación de revisarlas.

Tanto desde la Agencia Tributaria como desde la Fiscalía, se pone en valor el paso dado al incoar un expediente de inspección fiscal al Rey emérito porque acreditaría los criterios de “igualdad” con los que actúa la Administración y la profesionalidad de la Fiscalía, que trata de aislarse del “ruido” mediático en este asunto para desplegar las labores de investigación sin perturbaciones objetivas o subjetivas. Las fuentes que subrayan estos aspectos, apuntan también a la “exquisita” actitud de la Casa del Rey en relación con las investigaciones: ni la más mínima interferencia y una disposición constante a la colaboración. Lo que no excluye la preocupación que se generaliza ante la posibilidad de que no quede otra alternativa que iniciar una acción penal contra el anterior jefe del Estado si de la inspección en curso se dedujese un fraude fiscal delictivo, posterior a 2014 y no prescrito.