La fiscalía y la carta de Sánchez: asaltada y en descomposición

Otra de las instituciones que el Gobierno de coalición que preside Sánchez está desquiciando es el Ministerio Fiscal, al que la Constitución encomienda (artículo 124) "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley" y también "velar por la independencia de los tribunales". Como ya explicó en este periódico el propio García Ortiz, fiscal general del Estado, el 2 de abril del pasado año, la fiscalía no depende del Gobierno sino de él. Ocurre que la gestión del sucesor de Dolores Delgado, fiscal de Sala, está siendo insoportablemente controvertida, tratándose de una instancia que debe transmitir certidumbres de imparcialidad y rigor técnico.

La UE y el Consejo de Europa están reclamando una fiscalía más autónoma del Gobierno

Estamos advertidos por la Unión Europea y por el Consejo de Europa de que el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal ahora vigente gubernamentaliza la gestión del fiscal general por lo que sugieren recurrentemente en sus informes sobre el Estado de Derecho que se modifique para que sea más autónomo del Ejecutivo. La sensación generalizada es que la trayectoria de García Ortiz es demasiado cercana a los intereses del Gobierno de Sánchez y dañina para la cohesión de la carrera fiscal integrada por más de 2.500 funcionarios.

El actual fiscal general es actor, pero también víctima, de una rebatiña de irresponsabilidades en la conducción de las instituciones. Su nombramiento fue declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial; la Sala Tercera del Supremo anuló su nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar por "desviación de poder" y las discrepancias internas en la fiscalía, sin guardar ni el más mínimo sentido de la discreción, están afectando seriamente a la confianza sobre la objetividad del fiscal general y de otros miembros del ministerio fiscal.

La fiscalía está temerariamente fragmentada en áreas especializadas, muchas e innecesarias

El cuerpo de fiscales está temerariamente fragmentado porque en una política iniciada por Cándido Conde Pumpido (fiscal general entre 2004 y 2011) para conseguir el "reequilibrio ideológico" en el colectivo, entre otras medidas, empezaron a crearse fiscalías especializadas, algunas por completo innecesarias. Además de las fiscalías ante el Tribunal Constitucional, ante la Audiencia Nacional, ante el Tribunal de Cuentas, existen las de Anticorrupción, Antidrogas, la Jurídico Militar y otras más recientes como Cooperación Internacional, Criminalidad Informática, Contra los Delitos de Odio y Discriminación, Derechos Humanos y Memoria Democrática, Medio Ambiente, Menores, Personas con Discapacidad y Mayores, Protección y Tutela de las víctimas en el proceso penal, Seguridad Vial, Seguridad y Salud en el Trabajo y Trata de personas y Extranjería, todas ellas con un fiscal de Sala al frente. El generalato de la carrera se ha convertido en una multitud que, como se está comprobando, resulta difícilmente gobernable.

García Ortiz ha tenido la rara habilidad de encrespar los ánimos entre sus subordinados

Aunque otros fiscales generales del Estado debieron hacer frente a la disconformidad de subordinados con las órdenes e instrucciones superiores, Álvaro García Ortiz ha tenido la rara habilidad de encrespar los ánimos de un amplio sector de sus subordinados que se distribuyen en tres asociaciones profesionales, la mayoritaria Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Tanto el Consejo Fiscal como la Junta de Fiscales de Sala, ambos órganos consultivos, se han convertido en campos de batalla en absoluto edificantes.

La divergencia de criterios en asuntos de particular trascendencia ha convertido la fiscalía en un escaparate de enfrentamientos que muestra la descomposición interna en el cuerpo. Lo cual es especialmente grave en la actual situación, con casos abiertos de corrupción (caso Koldo) e investigaciones en curso (Begoña Gómez y caso González Amador) y en un futuro inmediato, con la aplicación de la ley de amnistía. Pedro Sánchez, que ha sucumbido a todas las tentaciones intervencionistas, todavía no ha desmentido su jactancia en atribuirse su jerarquía sobre el ministerio fiscal.

En estas condiciones no es posible abordar la iniciativa de que los fiscales sustituyan a los jueces en la instrucción penal

En estas condiciones, no es posible abordar la iniciativa de confiar a los fiscales la instrucción de las causas penales, dejando que el juez se limite a serlo de las garantías procesales. Resultaría inaceptable. Es verdad que en otros países la instrucción penal corresponde al fiscal, pero en el nuestro sería necesario, primero, dotarles de una mayor autonomía y, segundo, aumentar hasta doblar la actual plantilla de funcionarios del cuerpo. Y propiciar que la fiscalía disponga de su propio presupuesto.

Por si fuera poco, está pendiente en el Tribunal Constitucional, un asunto elevado por la Sala Tercera del Supremo sobre la adecuación a la Carta Magna del artículo 67.3 del Estatuto Fiscal que establece que las sanciones disciplinarias que imponga el fiscal general son recurribles en alzada al ministro de Justicia, lo que implica una dependencia última en una materia tan sensible como la disciplinaria del titular de este ministerio, en la actualidad Félix Bolaños.

Si a todo esto se suma el vacío que registran los tribunales con vacantes que no se pueden cubrir por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la introducción por los secesionistas catalanes del afrentoso concepto del lawfare que el presidente hace suyo en su "carta a la ciudadanía" y que se ha incorporado al discurso de los portavoces socialistas y la convocatoria de fiscales, evitada in extremis, en comisiones parlamentarias de investigación, se llega a la conclusión de que la desinstitucionalización acelerada ha alcanzado de pleno también al Ministerio Fiscal que es pieza clave en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

Si Sánchez sigue lo hará conforme a un plan que incluirá el control de los jueces y fiscales

Ninguna instancia se salva ya del desmantelamiento del sistema. Más aún, si mañana Pedro Sánchez sigue en la presidencia del Gobierno porque habría que descontar que lo haría con la disposición que temen, como contaba el viernes aquí Beatriz Parera, los jueces y muchos fiscales: que se proponga el asalto al Consejo General del Poder Judicial reduciendo la mayoría parlamentaria para la elección de los vocales y que se consolide el actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tan necesitado de una reforma a fondo.