Calidad institucional, incertidumbre política y crecimiento

Estamos asistiendo, y no solo en España, a un proceso de sensibilización social creciente en relación al funcionamiento de las instituciones. Por una parte, hay un consenso cada vez mayor sobre la importancia de unas instituciones sociales, políticas y económicas de calidad para lograr un crecimiento más sostenido y equitativo. Y por otra, como consecuencia de la crisis, está la percepción bastante extendida de que esa calidad se ha deteriorado y que, tras una arquitectura institucional similar a la de otras sociedades avanzadas (una democracia representativa con separación de poderes, participación ciudadana, responsabilidad de las administraciones públicas, reguladores, etc.), se ha desarrollado un entramado que no impide que se acabe favoreciendo a algunos grupos económicos y sociales en detrimento de la mayoría. La corrupción es una de las manifestaciones más extremas de este deterioro.

Pero los efectos de un funcionamiento inadecuado del Estado de derecho y de la incertidumbre asociada a las tensiones políticas no son solo perceptibles a largo plazo. Así, aunque de manera contenida por el momento, en los últimos trimestres hemos asistido a un aumento de la prima de riesgo de España frente a otros países de nuestro entorno, particularmente Italia, que se ha asociado a las incertidumbres que plantean las próximas elecciones generales o el proceso soberanista en Cataluña. Los recientes informes de Fitch y Moody’s al respecto son los últimos ejemplos de otros muchos similares. En el caso concreto del proceso soberanista en Cataluña, se añade el hecho de que algunas opciones políticas proponen abiertamente estrategias que llevan a desobedecer la Constitución y saltarse las reglas de juego vigentes por la vía de los hechos, generando un choque institucional que también divide y fractura a la sociedad catalana.

A largo plazo nos jugamos alcanzar unos niveles de bienestar y de distribución de la renta sustancialmente mejores que los de ahora

España se enfrenta, pues, al riesgo de una tensión que si no se gestiona bien puede ser bastante duradera. Esto desvía nuestra atención de debates tan o más importantes, y pone en cuestión nuestra capacidad para abordar con éxito otros retos económicos, políticos y sociales para situarnos de nuevo en una trayectoria de convergencia con sociedades más avanzadas que la nuestra. El 'boom' económico anterior a la recesión nos hizo olvidar que en el año 2007 la distancia de nuestra renta por persona en edad de trabajar con respecto a Estados Unidos y a los países más avanzados de Europa era similar a la de 1980. De hecho, España dejó de acercarse de forma significativa a los niveles de riqueza de estos países mucho antes de la crisis reciente, como consecuencia de una tasa de empleo y de una productividad relativa estancadas, cuando no en retroceso. A largo plazo nos jugamos alcanzar unos niveles de bienestar (con lo que ello lleva asociado en términos de empleo, salarios, pensiones, gasto en sanidad y educación, etc.) y de distribución de la renta sustancialmente mejores que los de ahora.

En nuestro reciente libro 'En busca de la prosperidad', mostramos que la calidad institucional de los países junto a la disparidad en la dotación de capital humano son los principales factores que explican las diferencias de renta per cápita entre ellos. Aunque es difícil medir algunas de estas características adecuadamente, un cálculo aproximado nos dice que estos factores explican conjuntamente un 90% de estas diferencias.

Los países que se preocupan por la eficiencia en el funcionamiento de su sector público y el Estado de derecho también tienen reguladores independientes

¿Por qué son tan importantes las instituciones? Cuando están bien diseñadas y son inclusivas, asegurando la igualdad de oportunidades, incentivan la inversión en capital humano y la innovación, así como la actividad empresarial y la asunción de riesgos en la incorporación de nuevas tecnologías y la apertura de nuevos mercados. Con ello, favorecen el ahorro y un uso eficiente de los recursos públicos y privados. Los indicadores de calidad institucional son muy diversos y reflejan una amplia variedad de ámbitos como la participación ciudadana, los mecanismos de control y la rendición de cuentas de las instituciones, la estabilidad política, la eficiencia e independencia de las administraciones públicas, la calidad regulatoria, el Estado de derecho, el cumplimiento de la ley, la seguridad y eficiencia de la justicia o el control de la corrupción. En general, la evidencia muestra que estos indicadores están muy relacionados entre sí. Por ejemplo, los países que se preocupan por la eficiencia en el funcionamiento de su sector público y el Estado de derecho también tienen reguladores independientes y más eficaces, y afrontan mejor la lacra de la corrupción.

Cuando se analizan todos los países en el mundo, la posición comparada de España es bastante aceptable, al encontrarnos entre el 20% de sociedades con mejores instituciones de acuerdo con los más de 100 indicadores que evalúa el Banco Mundial en su estudio anual, 'Worldwide Governance Indicators'. De hecho, nuestra posición es incluso mejor que la de otros países del sur de Europa. Pero también es cierto que en las dos últimas décadas no hemos mejorado y seguimos estando por detrás de otros 30 países, entre los que se encuentran algunos que nos han superado tras un esfuerzo reciente y sostenido de mejora. A este respecto, los ejemplos de Irlanda, Chile, Estonia, Chequia, Eslovenia o Singapur son significativos. En particular, hay dos ámbitos en los que nuestra posición relativa es especialmente negativa y estamos muy alejados de las mejores prácticas internacionales: la diligencia y eficiencia en la aplicación de la justicia, y la percepción de que la corrupción ha aumentado de forma acusada en los últimos años de la expansión económica y durante la crisis posterior.

Las consecuencias económicas de estas deficiencias relativas en el diseño y funcionamiento de nuestras instituciones no son en absoluto despreciables. Nuestras estimaciones indican que si España mejorase la calidad de sus instituciones y el control de la corrupción hasta niveles similares a los de, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca o Nueva Zelanda, podría llegar a aumentar su tasa de crecimiento del PIB per cápita en 0,5 puntos porcentuales por año. Además, también se produciría una mejora social significativa mediante un reparto más equitativo de este progreso.

En definitiva, en un entorno mundial con enormes y crecientes desafíos, que van desde la geopolítica, la globalización, la transformación tecnológica, los flujos migratorios o el cambio climático, la convergencia con las sociedades más avanzadas solo podrá conseguirse mediante la mejora en el diseño, calidad y funcionamiento de nuestras instituciones. Esto requiere reglas de juego claras, predecibles, transparentes y respetadas por todos. Ir en la dirección contraria, buscando atajos inexistentes, perjudicaría nuestras aspiraciones de prosperidad y excluiría a los más débiles de los beneficios del progreso, dejándonos expuestos a la discrecionalidad de unas instituciones que solo acabarían generando desencanto y una enorme frustración social.

Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia) y Javier Andrés (Universidad de Valencia) son autores del libro 'En busca de la prosperidad' (Deusto).