Retrasar las elecciones: necesidad democrática

La celebración de las Elecciones Autonómicas, tanto vascas como gallegas, en el estado de crisis sanitaria en el que vivimos puede afectar a la adecuada representación de los ciudadanos en los futuros parlamentos y en los futuros gobiernos de Euskadi y Galicia.

No me cabe duda de que se van a retrasar. Lo deseable es que se tomara la decisión cuanto antes. Esa sería la forma de acelerar el paso y ajustarse a la realidad por parte de unas instituciones que han ido a remolque de lo que venía sucediendo en otros lugares y con dislates tan explícitos como el de alentar y participar en manifestaciones multitudinarias y al día siguiente, sí, al día siguiente, se decretara el cierre de colegios, como sucedió en Vitoria.

Para el día 5 de abril habrá muchas personas en cuarentena y muchas otras enfermas, con lo que el censo electoral en condiciones de votar se habrá reducido, lo que causaría alteraciones muy significativas que no se van a poder resolver con el tradicional voto de enfermo. A esto hay que añadir toda la gente que, por precaución, se quedará en casa ese domingo, algo natural y que afectará a unos colectivos más que a otros, por lo que el resultado de las elecciones sería diferente al realizado en circunstancias ordinarias. Pretender movilizar a toda la población mayor de edad para que se reúna en colegios electorales en las fechas más sensibles de la epidemia es, sencillamente, un disparate que espero que para este mismo lunes ruborice a quienes han dudado.

La campaña electoral no se va a poder desarrollar con normalidad. Por un lado, por los impedimentos que ocasiona tener limitaciones de movilidad y de asistencia a los actos. Para dentro de tres semanas habrá varios candidatos infectados por el virus, por lo que no podrán hacer campaña y tampoco podrán votar. A su vez, habrá quien no quiera asumir el peligro de contar los votos que centenares de personas han sellado con sus manos cuando no lacrado con fluidos tan contaminantes como la saliva. Muchos alegarán, con razones bien fundadas, que están entre la población de riesgo para no poder conformar las mesas electorales.

Por otro lado, en esta situación de opinión pública en la que todo gira en torno a este clima excepcional, y entendemos que coyuntural, también se altera el debate político que debe establecerse en el periodo de los comicios electorales y que en esta ocasión es extraordinariamente monotemático.

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En orden de importancia, son, por tanto, tres las causas que animan a la suspensión: Ni el censo va a ser aceptable ni los comicios se podrán hacer con seguridad ni el clima permite una campaña normal.

El Gobierno Vasco ha declarado la emergencia sanitaria, lo que, según la Ley de Gestión de Emergencias, habilitaría al Ejecutivo autónomo, entre otras cosas, al confinamiento de la población. Sorprendente ley que otorga al Gobierno Vasco las potestades que el de la Nación no tiene, ya que la propia Constitución limita al Estado en plazo y condiciones para poder adoptar esta decisión de suspensión de derechos fundamentales.

Habría que entender que ese artículo solo tiene validez si se ha decretado el estado de alarma por parte del Estado. En cualquier caso, si el Ejecutivo de Vitoria pone en práctica estas limitaciones de movilidad, la alteración de la normalidad de cara a la celebración de las elecciones será concluyente.

El próximo lunes, el 'lehendakari' ha convocado a los partidos políticos para tratar de encontrar una posición común en torno a esta crisis y, sin duda, se tratará el asunto de la suspensión de las elecciones. Para ese momento no creo que ningún partido albergue dudas sobre la necesidad de hacerlo.

El problema viene del modo en el que esta decisión tan excepcional se pueda llevar a cabo. El ordenamiento jurídico no prevé explícitamente esta posibilidad. Por el contrario, parece más bien prevenirse para lo contrario. Así, el artículo 86.1 de la Constitución Española prohíbe la aprobación de decretos leyes que afecten al derecho electoral general.

Asimismo, si el Congreso de los Diputados no puede resolver esto mediante Decreto Ley, menos aún lo podría hacer un parlamento autonómico por su cuenta y riesgo. Como digo, estamos ante una decisión que en el caso de adoptarse sentará un precedente muy importante y que no puede dejarse en manos de una representación política que tiene intereses directos en la oportunidad de tomar una decisión de estas consecuencias.

Valga esto para quienes creen, como ya han defendido algunos, que podría hacerse mediante un decreto del presidente de la comunidad autónoma respaldado por la comisión permanente del Parlamento Autonómico.

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Nos acercamos, por tanto, a que sea la imposibilidad material la que conduzca a la suspensión. Tanto la Junta Electoral de Galicia como el presidente de la Junta Electoral del País Vasco se han mostrado ambiguos ante la capacidad para tomar esa decisión, pero difícilmente habrá tiempo para lograr una tramitación legal que se lo ponga más fácil.

El consenso político y social respecto de esta necesidad va a facilitar la adopción de decisiones que hace poco hubieran parecido imposibles. Sería conveniente adoptar una determinación al respecto, y cuanto antes, para aclarar el escenario y para transmitir una imagen de firmeza y seguridad en las medidas que deben de seguirse. Por cierto que bien distinta a la que se ha mostrado hasta este momento y que, en este caso, constituye una necesidad democrática.