Trapero, el policía al que la política asesinó dos veces

ERC y JxCAT se han cargado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La decisión de destituirle ha sido tomada formalmente por el consejero de Interior republicano, Joan Ignasi Elena, pero el hasta ahora jefe de la policía catalana ya no contaba con ningún avalista político que defendiera su continuidad en el cargo. Unos y otros querían matarlo desde hace meses y solo la pereza y el miedo por la gestión del cadáver explican el retraso de su ejecución.

Trapero fue rehabilitado en el cargo de mayor de los Mossos después de su absolución en la pieza del juicio del proceso celebrado en la Audiencia Nacional. Sentencia, la de su caso, en la que quedó acreditado que el cuerpo de Mossos d'Esquadra estuvo profesionalmente mejor dirigido que la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal de 2017.

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Tras ser declarado inocente —se pedían hasta 11 años de cárcel— fue rehabilitado en su puesto con el beneplácito de Carles Puigdemont, a pesar de haber declarado bajo juramento en la Audiencia Nacional que había elaborado un plan para detener al presidente y a todo el Gobierno si un juez así lo hubiese ordenado. Era una rehabilitación que la mayoría de JxCAT en realidad no quería, pero la formación era víctima de su discurso público del 'Gobierno legítimo' y su compromiso de reubicar a cualquier alto cargo en la misma posición que tenía antes de la aplicación del artículo 155 que suspendió 'de facto' el autogobierno y que comportó el cese de Josep Lluís Trapero como mayor.

Con su vuelta, y aprendida la lección de los riesgos de la intromisión política en la labor policial, Trapero optó por blindar el trabajo de los uniformados de las injerencias de los despachos de los cargos electos. Esta independencia de criterio es la que le ha valido finalmente su destitución, toda vez que ERC, titular de la cartera de Interior desde la llegada de Pere Aragonès a la presidencia, considera que con otros perfiles le será más fácil impulsar su agenda policial que, recordemos, es un asunto nuclear de sus acuerdos con la extrema izquierda independentista representada por la CUP.

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Trapero venía oponiéndose desde la formación del último Gobierno de la Generalitat a decisiones políticas que en su criterio debilitaban y perjudicaban al cuerpo policial (retirada de la Generalitat como acusación en casos de manifestantes que han agredido agentes, desmantelamiento del equipo de abogados dependientes del Departamento de Interior encargados de la asistencia jurídica a los policías, presión por rebajar los operativos policiales de desocupación aun con el riesgo de que los 'mossos' acaben acusados de no cumplir con las órdenes judiciales, etc.). Son estas cuestiones y las que están por venir las que le han condenado. En política, el código es sencillo: o te pliegas del todo al que manda o te acaban cortando la cabeza. Quien sirve no es libre.

La segunda muerte policial de Trapero nada tiene que ver con el proceso independentista. Es cierto que para una parte del soberanismo pasó de héroe a villano tras su declaración en la Audiencia Nacional. Pero su segundo asesinato policial —el primero fue el cese injusto (a tenor de lo que dictó la sentencia en la Audiencia Nacional) dictado por Mariano Rajoy el 27 de octubre de 2017— obedece únicamente a la voluntad del Gobierno catalán de contar con mandos policiales más proclives a aceptar y defender en público las indicaciones que se dicten desde los despachos políticos.

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Lo que obligatoriamente nos lleva a una reflexión más general que escapa a este cese (uno más, en definitiva) y que no afecta únicamente a la policía y al Gobierno de Cataluña. ¿Hasta qué punto es razonable y saludable desde el punto de vista democrático la politización de los cuerpos policiales? Probablemente, no hay respuesta satisfactoria a esta pregunta. Porque, si bien no admite discusión el hecho de que un Gobierno tiene derecho a que la dirección política de un cuerpo policial se ajuste a las directrices que vaya fijando el Ejecutivo, no lo es menos que cuando esas indicaciones aterrizan en aspectos técnicos y operativos o, peor aún, intentan convertir la policía en una mera extensión del gobernante, se prostituye la labor policial. Ello se agrava particularmente cuando los agentes desarrollan labores de policía judicial en casos que tengan derivadas políticas o cuando, con toda la obscenidad, se utilizan recursos policiales para alcanzar objetivos políticos en lugar de perseguir delitos (el caso Kitchen y toda la operación Cataluña serían un excelente ejemplo de esto último).

El cese de Trapero obedece únicamente a la voluntad de Pere Aragonès de incrementar la tutela y control político de los Mossos d'Esquadra. Nada puede decirse sobre la legitimidad de la decisión. Nombrar y cesar forma parte de las prerrogativas de su consejero de Interior y puede ejercerlas como guste. Pero nada tienen que ver los motivos formales con que se ha explicado en público la decisión (necesidad de modernizar, feminizar y rejuvenecer el cuerpo). Patrañas. Le han cesado por no plegarse a la injerencia del actual Gobierno en cuestiones que él considera vital reservar a la escala técnica. Igual que Rajoy le cesó en 2017 por actuar ante el referéndum ilegal con la proporcionalidad de una policía democrática que calibra bien cuándo sí y cuándo no deben levantarse las porras contra los ciudadanos, y ahí está la sentencia que lo acredita. En las dos ocasiones ha sido la política, no su trabajo, la que ha matado profesionalmente a un buen policía.