El TS hunde la amnistía PSOE-ERC y abre la puerta a más ingresos en prisión por el proceso

El Tribunal Supremo no ha sorprendido a nadie con la revisión obligada de la sentencia del proceso independentista a causa de la modificación exprés del Código Penal pactada entre el PSOE y ERC. Cuando el juez Pablo Llarena modificó las euroórdenes a principios de enero para retirar por inaplicable la sedición tras la reforma, manteniendo el delito de desobediencia e introduciendo el concepto de malversación agravada que le ofrecía la nueva legislación, ya dejaba marcado el camino por el que ahora se ha paseado Manuel Marchena con el aval de la Fiscalía y contra el criterio de la Abogacía del Estado.

Llarena ya reinterpretó y abroncó al Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora ha sido Marchena quien ha levantado el bastón para arrearle de nuevo en el costillar al Ejecutivo. Compartir edificio tiene sus ventajas. Permite que los jueces compartan posicionamientos sin ni siquiera tener que desplazarse a tomar un café que no sea el que ya tienen por costumbre despacharse en el propio lugar de trabajo. La revisión de la sentencia no hace más que oficializar lo que ya sabíamos que sería firmado, timbrado y sellado.

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Una primera conclusión: el TS da una nueva lección de realidad a Pedro Sánchez y a ERC. El Supremo no aplica intenciones, ni espíritus, ni se explica en versos de rima consonante. Aplica leyes hechas en prosa con palabras cuyo significado puede estirarse con cierta amplitud dentro de los márgenes de interpretación que los jueces tienen reservados. Y cuando quiere ganar, la Justicia gana. A estas alturas, tampoco podía ser una sorpresa que el TS haría cuanto estuviere en su mano para no abaratar las penas del 1-O. Los jueces también están hechos de sangre. Y la malversación agravada es el clavo al que han podido agarrarse para que el Gobierno y ERC no alcancen los objetivos que se habían fijado con la despenalización del 1-O. El TS compró los indultos, pero no ha comprado la reforma del Código Penal. Y se nota.

Para los socialistas, el problema político deriva de la reprimenda continuada del TS en un año electoral y de que acabe cuajando la idea de que han dejado sin armas al Estado para defenderse penalmente en el caso de repetición de unos hechos como los de 2017. La tesis del alto tribunal es casi la misma que la de la oposición en este punto. Aunque, a decir verdad, el problema es mayor para los republicanos en el frente interno catalán. Empeñados en vender su pacto con los socialistas como una amnistía por la puerta de atrás, con impacto sobre los líderes ya juzgados, pero también sobre los acusados de segunda y tercera línea, que aún deben sentarse en el banquillo de los acusados, esta ahora queda, si no desnuda, si en paños menores. Vendieron más expectativas de las que se han acabado concretando y eso en política siempre es un problema.

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Cierto que Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell y Joaquim Forn quedan ya rehabilitados para la práctica política, al haber sido eliminado el delito de sedición y no estar acusados de malversación. Pero la revisión mantiene alejados a la fuerza de cualquier cargo institucional o de representación a Oriol Junqueras y Jordi Turull, además de a Raül Romeva y Dolors Bassa. Pero, a pesar de que estos nombres son los de más relumbrón, lo más relevante no se esconde ahí.

Lo verdaderamente trascendente de la decisión del TS es que hace muy factible el ingreso futuro en prisión de políticos todavía pendientes de juicio por los mismos hechos en el TSJC. Son un total de 27 ex altos cargos del Gobierno catalán de 2017, algunos de los cuales mantienen responsabilidades políticas en el presente, como el actual presidente de la autoridad portuaria de Barcelona, el republicano Lluís Salvadó, o Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament de Cataluña. Esta consecuencia, si se concretara, es la de mayor retranca política, porque haría ganadora entre el independentismo la tesis de que el acuerdo PSOE-ERC no habría servido de casi nada.

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Nótese que el TSJC ha esperado la decisión del TS para saber de qué pie cojeaba la revisión de la sentencia, pero esta misma semana está previsto que la Fiscalía haga públicas sus peticiones para una parte de los encausados, los que serán juzgados en la Sala 13. Será muy complicado para ERC justificar ante su militancia la validez de su estrategia de negociación con el PSOE si finalmente se acaban produciendo nuevos ingresos en prisión. Aunque, ciertamente, hay que esperar primero los escritos de las fiscalías y después las sentencias para poder hablar con propiedad al respecto. Pero el escenario en el que poner el foco es este. Porque es por donde puede derrumbarse enterito el discurso de la negociación como estrategia de ERC ante sus militantes y simpatizantes. Ayer mismo, desde JxCAT ya acusaban a los republicanos de haber alcanzado un acuerdo que no ha servido de nada y les exhortaban a dar explicaciones sobre qué piensan hacer a partir de ahora. Es más importante esta cuestión que el mantenimiento de las inhabilitaciones de Oriol Junqueras o Jordi Turull, aunque ambos personajes, por su peso político, luzcan más en el titular. También será difícil de justificar, aunque formalmente hayan quedado rehabilitados para la política, los nuevos cargos de desórdenes públicos que se aplican ahora tras la reforma del Código Penal a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (los dos eran activistas sociales en 2017). Se da la razón a quienes argumentaban que la reforma pactada entre socialistas y republicanos era mala con apariencia de bondad, porque abría la puerta a perseguir duramente las movilizaciones sociales de protesta. Y es muy cierto que el que los Jordis acaben esta fiesta peor parados que algunos políticos resulta francamente incomprensible.

Otras consecuencias de índole práctico son que Oriol Junqueras queda descartado para encabezar la lista de ERC a las próximas generales, tal y como se rumoreaba, o incluso para apartar a Pere Aragonès de la presidencia de la Generalitat en las próximas autonómicas. Así pues, camino despejado para el actual presidente de la Generalitat. En JxCAT, por su parte, se incorporará a la carrera por la futura candidatura a la presidencia de la Generalitat Josep Rull, que sumará competencia a otros que ya han demostrado su interés por el particular, como Jaume Giró. Todos ellos, con la mirada puesta en una hipotética inhabilitación por corrupción en el juicio ya iniciado a Laura Borràs por corrupción. Pero esto son ahora mismo consecuencias tan menores como lejanas. Lo relevante, insistimos: el TS ha abierto la puerta a nuevos ingresos en prisión y da la razón a quienes apuntaban que la reforma PSOE-ERC complicaría el activismo social en la calle (no solo el independentista). Esto último ya es un hecho.