Cierre nuclear

El pasado 31 de enero, un editorial de 'El País' daba cuenta de un acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las empresas propietarias de las centrales nucleares para un cierre escalonado de las mismas entre 2025 y 2035. El editorial concluía: “A la espera de conocer las condiciones de detalle del acuerdo —inversiones en seguridad, por ejemplo—, el cierre paulatino es una buena opción, política, económica y técnica”.

Según datos de Red Eléctrica, la generación eléctrica en España en 2018 tuvo el siguiente origen:

(*) Incluye entre otras fuel gas y residuos. El 40% puede considerarse de origen renovable.

De acuerdo con estos datos, de los 261.000 gigavatios/hora producidos el 38,5% fue de origen renovable y el 58,9%, libre de emisiones de CO2 (renovables más nuclear).

Aunque sea de forma muy elemental, es posible tratar de estimar la estructura de nuestra generación eléctrica en 2035. El consumo puede crecer un 2% anual, en función del crecimiento del PIB y del proceso esperado de electrificación de nuestra economía (movilidad eléctrica, climatización también eléctrica…). Por lo que se refiere a la capacidad de generación instalada, se supone el cierre de las plantas nucleares y de carbón, la duplicación de la capacidad eólica, la multiplicación por 10 de la capacidad fotovoltaica y el mantenimiento de la capacidad instalada del resto de tecnologías. Respecto a las horas de funcionamiento, se supone que son las mismas que en 2018, excepto para el gas, que se considera la energía de ajuste: todo lo que se necesite para cubrir la demanda lo producen las centrales de gas.

Con estas hipótesis, la estructura de la generación eléctrica en 2035 sería:

De la electricidad producida, el 61,9% sería de origen renovable y libre de emisiones. Si se compara esta estructura con la de 2018, se observa que las renovables han incrementado su peso relativo de forma notable —más de 20 puntos—, pero el porcentaje de energía eléctrica generada sin emisiones de CO2 apenas ha mejorado tres puntos y no llega, dentro de 16 años, a suponer los dos tercios de nuestra producción de electricidad. Es decir, en el gran nuevo objetivo de la política energética, la reducción de emisiones de CO2, apenas habríamos avanzado.

Pueden discutirse las hipótesis utilizadas y obtener resultados algo diferentes, pero el hecho incontrovertible es que estamos sustituyendo una energía de respaldo del sistema, la nuclear, que funciona, según datos de 2018, 7.475 horas al año, por energías intermitentes que funcionan 2.110 horas (eólica) o 1.645 horas (fotovoltaica). El ajuste solo lo puede proporcionar el gas. El problema es que quemar gas genera emisiones mientras que la energía nuclear no lo hace.

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Cotizalia / Agencias

De esta manera, Almaraz seguiría funcionando más allá de los 40 años. Por otro lado, se está poniendo encima de la mesa que se puedan tomar decisiones por mayoría y no por unanimidad

Una posible solución es retrasar el cierre nuclear y acompasarlo a la aparición de desarrollos tecnológicos que permitan reducciones adicionales de emisiones. Nuevos materiales, nuevas formas de generación, avances en el campo de las baterías que permitan almacenar electricidad en términos de gigavatios/hora y no kilovatios/hora, o desarrollos que permitan la captura y el secuestro de CO2, es decir, que permitan evitar que el CO2 emitido llegue a la atmósfera, son algunas posibilidades que pueden requerir más de 15 años para su desarrollo a escala industrial.

En sentido contrario, es imprescindible asegurar que las plantas nucleares funcionan en perfectas condiciones de seguridad. Nuestras centrales empiezan a cumplir 40 años de funcionamiento y han requerido y van a requerir actualizaciones permanentes. Abordar este proceso con un Consejo de Seguridad Nuclear en funciones no es lo más aconsejable.

Además de las emisiones de CO2, los posibles desarrollos tecnológicos y las inversiones en seguridad, las otras variables en la ecuación son Enresa, el proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares existentes y el tratamiento de los residuos radioactivos.

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De acuerdo con nuestra legislación vigente: “La gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado, de conformidad con el artículo 128.2 de la Constitución española. Se encomienda a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa) la gestión de este servicio público, de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno" (disposición final novena de la Ley 11/2009).

Para el desarrollo de sus actividades, Enresa cuenta con un fondo que se nutría de la tarifa eléctrica y desde el 1 de enero de 2010 por una tasa sufragada por las centrales existentes. El último Plan General de Residuos Radioactivos aprobado es del año 2006. En él se establecía que desde el inicio de 2007 hasta 2070, los costes de desmantelamiento de centrales y tratamiento de residuos radioactivos ascenderían a 9.734 millones de euros. Es imprescindible una actualización de dicha cifra a día de hoy, su comparación con los 5.326 millones de que Enresa disponía a finales de 2016 y la pertinente planificación que garantice la suficiencia de las tasas para que a lo largo de la vida útil remanente de las centrales queden cubiertos sus costes de desmantelamiento y el tratamiento de los residuos generados.

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Quedan en España siete reactores nucleares en cinco emplazamientos diferentes: Almaraz I y II, Ascó I y II, Vandellós II, Trillo y Cofrentes. Además de la cuestión financiera, es más que relevante analizar cuidadosamente la capacidad técnica de Enresa para abordar con suficientes garantías el cierre de 7.117 MW de potencia nuclear en un plazo de 15 años, y si no sería más prudente dilatar la vida útil de algunas de ellas.

Por último, sería necesario definir qué hacer con los residuos radioactivos. La lógica indica que su concentración en un único lugar es la solución más procedente. El proyecto del almacén centralizado en Villar de Cañas está en el limbo jurídico. Convendría resolver la cuestión.

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El cierre aplazado y paulatino de las centrales nucleares es una correcta decisión. No obstante, a la vista de la necesidad de reducir emisiones, de las incógnitas tecnológicas y de los costes y problemas inherentes a su desmantelamiento, convendría prolongar el proceso hasta bien entrada la década de los cuarenta, siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear avale su funcionamiento.