La agenda de Pablo

“Corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas”. Este es el texto del apartado segundo del artículo 18 del Real Decreto 2/2020 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Al margen de una nueva joya de la literatura administrativa como “política en materia de impulso para la implementación…”, conviene subrayar, como lo hace el texto normativo, que la Agenda 2030 es la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

El desarrollo sostenible se define como "la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Este concepto se acuñó por vez primera en 1987, con motivo de la publicación del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Naciones Unidas. Este informe, también conocido por su título 'Nuestro futuro común' o como 'Informe Bruntland', por ser el nombre de la ex primera ministra noruega que presidió la citada comisión, es considerado la fuente de inspiración de los criterios vigentes sobre el desarrollo mundial a largo plazo: el desarrollo sostenible debe lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

Desde la publicación del informe, Naciones Unidas y la práctica totalidad de los países del mundo han avanzado, con la lentitud que la diplomacia multilateral impone, en la concreción del concepto de 'desarrollo sostenible': tras varias iniciativas, en 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La agenda plantea 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. A cada una de estas metas se asignan uno o varios indicadores estadísticos que deben permitir el seguimiento de su posible consecución.

Aunque en España hay pobreza y desigualdades, y podemos y debemos mejorar en muchos de los objetivos de la Agenda 2030, cabe preguntarse si en la decimotercera economía del mundo, con una de las esperanzas de vida más altas del planeta y unos indicadores de desarrollo económico envidiables en términos relativos, es necesario adoptar como eje primordial de la acción de gobierno, con vicepresidencia incluida, unos objetivos de desarrollo concebidos para países en situación muy diferente a la nuestra. A lo mejor es que conviene que creamos que estamos peor de lo que estamos.

No obstante, no hay nada, ni en el concepto de sostenibilidad ni en la formulación de los 17objetivos, que no pueda ser compartido por izquierda y derecha. Podrán discrepar en los métodos necesarios para alcanzar los fines propuestos, pero es difícil no estar de acuerdo en la conveniencia de avanzar en la consecución de cualesquiera de los objetivos de la Agenda 2030 y en la necesidad de incorporar la sostenibilidad como uno de los principios rectores de la política económica.

No hay nada, ni en el concepto de sostenibilidad ni en la formulación de los 17 objetivos, que no pueda ser compartido por izquierda y derecha

Sin embargo, la experiencia enseña que alcanzar un consenso político en estas cuestiones suele ser un proceso largo. En Europa, la socialdemocracia ha alcanzado sus objetivos básicos: economía de mercado, educación pública y gratuita, sanidad universal, pensiones, sistemas fiscales progresivos. Siempre caben mejoras y ajustes desde las diferentes perspectivas del espectro político, pero no hay discusión sobre el fondo. Este triunfo de la socialdemocracia hace que la izquierda europea, para marcar un perfil propio, esté siempre necesitada de nuevas causas que abrazar. En su búsqueda, suele acertar, porque la propia búsqueda supone inquietud y apertura intelectual.

Cuando la izquierda abraza una causa, lo hace siempre con el fervor del neófito y desde su convicción de saber lo que a todos nos conviene. Desde su 'superioridad moral', trata de imponer a toda la sociedad su manera de ver, pensar y actuar en su nuevo objetivo. La derecha, entre la pereza intelectual y el conservadurismo que la caracteriza y, sobre todo, por venir de donde viene, rechaza de plano el nuevo concepto. Con el paso del tiempo, si la causa elegida por la izquierda tiene peso específico, responde a una necesidad real, acaba incorporada al conjunto de derechos sociales. Cuando el turno democrático así lo establece, la derecha asume e incorpora en su gestión la causa que anteriormente rechazaba, y en no pocas ocasiones su gestión es mejor que la de la izquierda, porque a la hora de gestionar, el criterio es mejor consejero que los principios.

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La sostenibilidad es uno de esos conceptos que han llegado a nuestra política para quedarse. Crear una vicepresidencia y una secretaría de Estado para la Agenda 2030 responde al fervor de la izquierda al abrazar sus nuevas causas. Su antecedente inmediato es el alto comisionado para la Agenda 2030, creado en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez. En el informe de progreso sobre la implementación de la agenda publicado en septiembre pasado, se proponían 10 “medidas transformadoras” definidas como “acciones e iniciativas políticas de rápida implementación y cuya capacidad de transformación es extraordinariamente alta en términos de sembrar las bases para el despliegue exitoso de la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible”. He aquí algunas de las medidas propuestas:

1. Situar la Agenda 2030 en el centro de la identidad de España en el mundo, en la política europea y multilateral.

2. Impulsar la educación para el desarrollo sostenible, así como una función pública con los conocimientos y capacidad para implantar los ODS.

3. Alinear los presupuestos ministeriales y la compra pública con los ODS.

4. Establecer la memoria preceptiva de impacto normativo en los ODS en la actividad legislativa.

5. Alinear la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Reformas.

La eventual aprobación de estas medidas, más la responsabilidad sobre el cumplimiento de los 17 objetivos, convertiría la vicepresidencia de Pablo Iglesias en el filtro por el que debe pasar toda la acción del Gobierno. Teresa Ribera, cuyo ministerio era de los más concernidos por la importancia de los objetivos medioambientales en la Agenda 2030, ha obtenido la cobertura de la cuarta vicepresidencia. No cabe duda de que en esta legislatura que empieza, hablaremos de sostenibilidad, pero la cuña de la Agenda 2030, en forma de vicepresidencia omnipresente, es un riesgo para la sostenibilidad del Gobierno. Que alguien tenga la capacidad de intervenir en todo pero no mande en casi nada no es una buena receta organizativa.