El peso de la deuda

España afronta la hipotética recuperación económica derivada de la crisis del coronavirus con una deuda que a finales de 2019 se estimaba en 2,8 billones de euros, repartida entre administraciones públicas (1,2 billones), empresas (0,9 billones) y hogares (0,7 billones). En términos relativos, la deuda conjunta de empresas y hogares, situada en un 128% del PIB, estaba en un nivel aceptable. La Unión Europea mantiene un techo del 133% del PIB como límite que no debería sobrepasarse. El problema lo teníamos en la deuda pública, situada en el 95,5% del PIB, 30 puntos por encima de la recomendación europea. La situación es inversa a la que teníamos al principio de la crisis anterior, cuando la deuda de empresas y hogares superaba el 200% del PIB mientras que la deuda pública se sostenía en unos parámetros adecuados.

La previsión es que a finales de 2020 nuestra deuda haya superado de largo los tres billones de euros. La deuda pública va a crecer unos 100.000 millones, la deuda de los hogares debería permanecer más o menos constante y la deuda de las empresas, acuciadas por la falta de liquidez derivada del parón económico, se incrementará entre 200.000 y 300.000 millones, según señala un estudio de la consultora estadounidense Álvarez & Marsal, muy por encima de los 100.000 millones de avales del ICO.

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El problema de la deuda de empresas y hogares no es tanto el crecimiento como la solvencia de los prestatarios. En empresas medianas y pequeñas, la crisis de liquidez puede transformarse con rapidez en un desequilibrio patrimonial insuperable. El problema del crédito a los hogares es la reducción de ingresos: a finales de 2019, la población ocupada ascendía a 20 millones de personas. La previsión es que 1,1 millones van a perder su empleo, otros cuatro millones van a sufrir un expediente de regulación temporal de empleo y 1,4 millones de autónomos también van a ver interrumpida durante un tiempo su actividad. Si casi un tercio de los trabajadores ocupados reduce sus ingresos, es más que previsible un incremento de la morosidad. La situación de empresas y hogares ya ha forzado un incremento notable de las provisiones por posibles impagos en las cuentas de resultados de la banca en el primer trimestre.

A medio plazo, el problema más acuciante son las finanzas públicas. Tras la evaluación de los efectos del parón económico derivado del confinamiento, el Gobierno prevé una caída del PIB del 9,2% con un déficit público del 10,3%. Los gastos superarán a los ingresos en más de 110.000 millones de euros. Sin embargo, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) indica que las previsiones gubernamentales de recaudación fiscal son optimistas y están infladas en unos 14.000 millones de euros. El déficit ascendería a unos 125.000 millones, un 11% del PIB. El déficit, sea uno u otro, equivale a nuestra necesidad de endeudamiento adicional. Tenemos que pedir prestado lo que gastamos por encima de nuestros ingresos. A principios de año, el Tesoro Público estimaba una emisión bruta de deuda de algo menos de 200.000 millones, de los que 32.000 correspondían a deuda nueva (déficit previsto para el año) y el resto se dedicaba a amortizar deuda pasada. La nueva previsión de déficit supone que España va a emitir deuda por un importe de entre 275.000 y 290.000 millones.

La ventaja que disfrutamos en esta crisis es la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo desde el minuto inicial. Todo el andamiaje institucional armado a raíz de la crisis anterior funciona: en su programa de compra de activos, el BCE tenía previsto invertir este año 20.000 millones al mes. A esa cantidad, hay que añadir un suplemento de 120.000 millones aprobado en marzo, al inicio de la crisis, y un nuevo programa extraordinario, aprobado en abril, por importe de 750.000 millones, destinado a absorber parte del impacto de la pandemia del coronavirus. Las compras de deuda del BCE se reparten entre los distintos países según su participación en el capital del banco. En nuestro caso, tras el Brexit, nos corresponde un porcentaje ligeramente inferior al 10%.

El programa extraordinario con motivo de la pandemia tiene una doble particularidad. Su duración es indeterminada, aunque como mínimo se mantendrá hasta el 31 de diciembre, y, en segundo lugar, aunque el criterio general de reparto entre países no se altera, su aplicación es flexible en el tiempo. De hecho, el BCE ha acelerado la compra de deuda italiana y española para evitar una subida excesiva de las respectivas primas de riesgo. El resumen es que, pese a la imposibilidad de calcular el importe mensual de compra, el BCE va a adquirir a lo largo de 2020 y quizá primeros meses de 2021 unos 110-120.000 millones de deuda española, en su mayor parte deuda pública.

Además, el fondo extraordinario habilitado por la UE para sufragar gastos relacionados con el covid nos permite acceder a un préstamo a 10 años por un importe equivalente al 2% de nuestro PIB, unos 24.000 millones. En números redondos, las instituciones europeas van a absorber unos 135-145.000 millones, casi el 50% de nuestras necesidades financieras públicas durante este ejercicio. Pero es una situación que no puede repetirse. Ni podemos necesitar tanto, ni nos lo van a dar. En Europa, Italia y España somos clase media, un tanto manirrota. Ni la clase alta observante de las reglas está dispuesta a financiarnos ni la clase baja está dispuesta a que recibamos lo que podría corresponderles. El ajuste a lo largo de 2021 y 2022 es inevitable y necesario.

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A final de año, nuestra deuda pública se situará en torno a 1,3 billones de euros, equivalentes al 115% del PIB. Como cada vez está más extendida la idea de que la deuda no importa, quizá convenga citar al gobernador del Banco de España¹:

“La literatura económica es concluyente en señalar que el mantenimiento de ratios de deuda pública muy elevadas durante periodos temporales prolongados puede resultar perjudicial para el crecimiento económico y suponer una fuente de vulnerabilidad para la economía, además de reducir la capacidad estabilizadora del presupuesto público (...) un proceso de desapalancamiento público como el exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo para el caso de la economía española exigirá un esfuerzo de consolidación fiscal todavía significativo y que debe perdurar en el tiempo”.

Este es el debate económico relevante. Un crecimiento sostenido, única solución para nuestro endémico problema de desempleo, requiere una reducción de nuestros niveles de deuda.

^1'The Challenges of Public Deleveraging'. Banco de España. 2018. Documentos Ocasionales N.º 1803, Pablo Hernández de Cos, David López Rodríguez y Javier J. Pérez.